El Ministerio Público, mediante algunas de sus dependencias y en conjunto con la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecuta este jueves al menos cinco allanamientos en varios puntos de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Uno de los allanamientos es ejecutado en una clínica oftalmológica privada, ubicada en la colonia Trejo. Este centro asistencial, supuestamente, es propiedad del doctor Santos Manuel Cruz Cardona.
Asimismo, la Fiscalía realiza otros operativos en la colonia Figueroa y en un reconocido edificio de condominios, localizado en una zona exclusiva de la capital industrial.
Se reportó, además, que las autoridades allanaron una vivienda en la colonia Las Mesetas, la cual funcionaba como sede política del exalcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio.
En total, se llevan a cabo cinco allanamientos de domicilio y tres inspecciones, en el marco de una investigación relacionada con actividades ilícitas de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos, con presuntas conexiones internacionales.
Investigación del Ministerio Público
El operativo responde a una denuncia interpuesta ante la DLCN. Según el MP, el principal investigado es el galeno Santos Cruz, quien fue precandidato a diputado por el movimiento Avanza del Partido Nacional.
Cruz Cardona es señalado de formar parte de una estructura criminal vinculada a los hermanos Urbina Soto, del departamento de Yoro. De acuerdo con las investigaciones preliminares, Cruz Cardona estaría implicado en el desvío de sustancias químicas controladas para la fabricación de drogas sintéticas.
Asimismo, se presume que, a través de sus empresas, especialmente el Hospital Siloé, canaliza ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico para darles apariencia legal.
Avionetas y vehículos de lujo
La investigación también revela que el investigado habría incrementado considerablemente su patrimonio, adquiriendo bienes inmuebles, avionetas, vehículos de lujo y cuentas bancarias tanto en el sistema financiero nacional como internacional.
El Ministerio Público sostiene que existen suficientes elementos para continuar con la recolección de pruebas y evitar la destrucción u ocultamiento de evidencia que respalde la comisión de los delitos.
