San Pedro Sula, Honduras.
El 15 de febrero el Tribunal de Sentencia dará a conocer el fallo condenatorio o absolutorio para el exalcalde sampedrano, Óscar Eduardo Kilgore, y sus tres exfuncionarios acusados por malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.
El juicio culminó hoy con las conclusiones del fiscal contra la Corrupción y los cuatro defensores que durante el debate presentaron pruebas para demostrar la inocencia de los encausados.
Los jueces también valorarán las pruebas presentadas por la Fiscalía con las que durante el debate probaron los hechos por los cuales fueron acusados los cuatro exfuncionarios de la Alcaldía sampedrana.
En la acusación se señala que el exalcalde Kilgore firmó un cheque de 2.7 millones de lempiras en compras de insumos a una ferretería para entregárselos a microempresarios que limpiaban bulevares y calles de la ciudad.
Para la Fiscalía, las compras fueron hechas de forma irregular porque obviaron todos los procesos de licitación que exige la Ley de Contratación del Estado y disfrazaron las negociones firmando contratos con personas humildes que denominaron microempresarios y que en la documentación hicieron creer que les deducirían los insumos comprados por la Municipalidad, pero eso nunca sucedió.
El 15 de febrero el Tribunal de Sentencia dará a conocer el fallo condenatorio o absolutorio para el exalcalde sampedrano, Óscar Eduardo Kilgore, y sus tres exfuncionarios acusados por malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos.
El juicio culminó hoy con las conclusiones del fiscal contra la Corrupción y los cuatro defensores que durante el debate presentaron pruebas para demostrar la inocencia de los encausados.
Los jueces también valorarán las pruebas presentadas por la Fiscalía con las que durante el debate probaron los hechos por los cuales fueron acusados los cuatro exfuncionarios de la Alcaldía sampedrana.
En la acusación se señala que el exalcalde Kilgore firmó un cheque de 2.7 millones de lempiras en compras de insumos a una ferretería para entregárselos a microempresarios que limpiaban bulevares y calles de la ciudad.
Para la Fiscalía, las compras fueron hechas de forma irregular porque obviaron todos los procesos de licitación que exige la Ley de Contratación del Estado y disfrazaron las negociones firmando contratos con personas humildes que denominaron microempresarios y que en la documentación hicieron creer que les deducirían los insumos comprados por la Municipalidad, pero eso nunca sucedió.
En este caso están involucrados también los exfuncionarios municipales Igmar Gonzales, Rubén Bonilla y Óscar Guerra.
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