Las autoridades de la Fiscalía y de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico continuaron ayer con el aseguramiento de 169 bienes a una estructura delictiva sucesora de los carteles Valle Valle y de Héctor Emilio Fernández, alias Don H, condenados en EUA.
El caso se comenzó a ejecutar mediante la operación Aurora desde el lunes 9 de mayo, luego de un coordinado trabajo de investigación relacionado a una serie de denuncias contra miembros de ese grupo criminal organizado, lo que se constituyó en otro duro golpe antimafias.
El Ministerio Público informó que por ese motivo se siguen asegurando propiedades, sociedades mercantiles y productos financieros a Pedro Joel Fiallos Muñoz, Rafael Fiallos Molino y Douglas Alduvi Urquía, todos ellos investigados por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos en Honduras.
Entre los bienes que el miércoles y ayer le entregaron a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) se encuentra un cine y la casa matriz de la Sociedad Mercantil Servicios y Productos Múltiples de Honduras S.A. de C.V., ubicada en la colonia Panting, en el bulevar del sur de San Pedro Sula.
Entre las acciones ejecutadas por el Ministerio Público están la incautación de 41 inmuebles, el aseguramiento de diez sociedades mercantiles, 106 vehículos automotores y productos financieros. Las acciones las ejecutaron las autoridades de la Fiscalía y de la DLCN en los departamentos de Copán y Cortés.
“Según los hallazgos de la investigación tiene fuertes nexos con varios líderes de las estructuras criminales del narcotráfico que hoy están condenados en Estados Unidos y para ocultar el origen ilícito de los fondos que obtenía a través de la referida actividad criminal estableció una serie de sociedades e invirtió en otras constituidas legalmente con fines de licito comercio mediante su red de colaboradores para tratar de dar apariencia de legalidad a sus ganancias criminales”, informó ayer el Ministerio Público (MP) en su página oficial.
Con todo lo anterior, el MP tramitó las órdenes judiciales para garantizar la disponibilidad de esos activos a favor del Estado una vez que se culmine con el proceso correspondiente.