La inspectoría regional de tribunales ha recibido y le ha dado trámite a seis denuncias interpuestas contra jueces de letras por supuestas irregularidades en sus funciones, entre los denunciados hay dos juzgadores de jurisdicción nacional.
El Poder Judicial está en el ojo del huracán por actos de corrupción luego de que el 17 de agosto fuera salpicado por el escándalo de la captura en Tegucigalpa del coordinador de los Tribunales del Circuito de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, Marco Antonio Vallecillo Banegas, acusado por el delito de extorsión.
El juez Vallecillo está en prisión al igual que su amigo, el abogado Nelson Omar Sierra, quienes supuestamente extorsionaron con tres millones de lempiras a un empresario bajo el argumento de excluirlo de un proceso penal, para lo cual incluso utilizaron la figura del Fiscal General.
El juez Marco Antonio Vallecillo Banegas y su amigo Nelson Omar Sierra fueron enviados a prisión luego que les dictaran auto de formal procesamiento por el delito de extorsión en perjuicio del empresario que está en calidad de testigo protegido porque denunció a los dos imputados.
En el caso de las seis denuncias conocidas por la inspectoría regional de tribunales, el vocero del Poder Judicial, Ruy Gabriel Barahona, dijo que las mismas pasaron el proceso donde los inspectores de juzgados y tribunales realizaron las investigaciones respectivas y una vez que se emitieron los informes fueron trasladados a la Supervisión General del Poder Judicial en Tegucigalpa.
Barahona informó que en la Supervisión General a las denuncias se les da otro proceso en el cual se determina si se encuentran méritos contra el denunciado o si se necesita una ampliación, se regresa el expediente para completar la investigación que se requiere.
Motivos por los que denunciaron a jueces se mantienen en reserva
Barahona informó que si hay méritos en la denuncia, la Supervisión General del Poder Judicial emite una resolución y traslada en forma completa el expediente a la Dirección Administrativa de Personal, donde se le fija una audiencia de descargo al funcionario que fue denunciado.
En esa instancia, el servidor judicial, si no está conforme con lo resuelto, tiene el derecho de impugnar ante el Consejo de la Carrera Judicial.
Al preguntarle por qué ilícitos denunciaron a los jueces, Barahona explicó que “en su momento se hacen las denuncias y si toda la acción pasa del Consejo de la Carrera Judicial, entonces se traslada al Ministerio Público el caso y ellos van a calificar si hay o no delito”.
El vocero judicial dijo que si solo fue la acción para deducir una responsabilidad administrativa la aplica el Consejo de la Carrera Judicial, no obstante, el denunciado tiene el derecho de impugnar y presentar un recurso de amparo ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Expresó que los motivos por los cuales se interpusieron las denuncias contra los seis jueces se mantienen en reserva.
Barahona aclaró que las seis denuncias fueron interpuestas antes de que se diera el caso del coordinador de los Tribunales del Circuito de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, Marco Antonio Vallecillo Banegas.
