Un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) arrestó ayer al juez Edgardo Enrique Rivera Argueta, acusado de ordenar el cierre de una denuncia de un caso de supuesta corrupción ocurrido en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
El ente acusador del Estado sustentó la acusación al asegurar que el jurista cometió los delitos de prevaricato judicial y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración de la justicia y la fe pública, al ordenar a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el combate a la Corrupción Pública cerrar la denuncia.
El juez detenido compareció ayer en la audiencia de declaración de imputado, en la que le impusieron medidas distintas a la detención judicial, por lo que se defiende en libertad.
La audiencia inicial fue programada para el 17 de enero.
El caso concreto
La Sala Constitucional conoció el recurso de amparo No. SCO-0937-2016, interpuesto el 10 de octubre de 2016 por el abogado Walter Enrique Pineda, a favor del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Olivio Rodríguez, contra las actuaciones del MP.
Esto en relación con una solicitud de nombramiento y juramentación de peritos presentada por el MP ante el juzgado de Letras Penal, que tenía el propósito de analizar uno de los documentos proporcionados por el Infop, en torno a una causa que fue denunciada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en contra de José Olivio Rodríguez y tres acusados más.
Estos funcionarios; entre ellos, David Chávez, habrían suscrito un contrato millonario con el que se defraudó al Estado. La Sala Constitucional declaró con lugar la acción de amparo, pero en ningún momento ordenó al Ministerio Público el cierre de la denuncia, así como lo ordenó el imputado el 24 de octubre de 2023.
