Tegucigalpa. La excarcelación de unas 100 personas privadas de libertad que presentan enfermedades en etapa terminal solicitará el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos.
Soraya Morales, fiscal especial de Derechos Humanos, explicó que la solicitud se hará en cumpliendo a un mandato constitucional donde se establece que “se debe velar por los derechos fundamentales de los privados de libertad”.
Morales comentó que los reos “solo tienen afectado el derecho a la libertad personal, no así a los demás derechos establecidos en la ley”. El Congreso Nacional aprobó anoche en segundo debate la ley para la excarcelación de los presos con una enfermedad terminal para que puedan ir a sus casas a pasar de una forma digna los últimos días de su vida, conforme al artículo 59 de la Constitución de la República, prosiguió la funcionaria.
La excarcelación se hará de manera conjunta con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos “y nos estaremos apersonando en otras regiones del país para conocer cuál es la realidad que viven los reos en esos lugares y poder como Fiscalía de Derechos Humanos darles una respuesta”, aseguró Morales.
Los médicos que van a determinar quiénes son los que “califican” para gozar de ese beneficio son los que trabajan en las cárceles del país, pues son los que han brindado el reporte sanitario preliminar.
En los 24 centros penales de Honduras hay unos 13,000 reos, de los cuales son unos 1,200 los que podrían ser indultados, debido a que más del 60% de los presos no tienen una condena definitiva. Para gozar de un indulto se toma en consideración que el imputado haya sido condenado, que haya cumplido más de la mitad de la pena y que no haya sido reincidente.
“Estos documentos serán refrendados por la Dirección de Medicina Forense, pues los peritos oficiales del país y ellos estarán apersonándose a la Penitenciaría Nacional a efecto de verificar si estos privados de libertad pueden gozar de un proceso de excarcelación”, dijo Morales.
