San Pedro Sula, Honduras.
Una denuncia anónima originó una amplia investigación que llevó a ubicar en una vivienda de la colonia Trejo, en San Pedro Sula, un centro de masaje donde eran explotadas ocho mujeres originarias de San Pedro Sula.
El spa identificado como Chicas Tabú, operaba desde hace dos años y ofrecía, según los avisos publicitarios que colocaban en redes sociales y medios de comunicación, como un lugar para relajamiento donde además prometían consentir a los clientes con chicas hermosas.
Para corroborar la información, el Ministerio Público asignó mediante la Unidad contra la Explotación Sexual y Trata de Personas de la Fiscalía de la Niñez, a varios agentes investigadores y analistas para que hicieran las investigaciones y determinaran la veracidad de la denuncia.
Tras tres meses de seguimiento se confirmó que en el lugar seis mujeres eran explotadas sexualmente, por lo que se cometía el delito de proxenetismo. “Las investigaciones iniciaron tras una denuncia anónima del operar irregular de la casa de masajes. Cuando confirmamos la información procedimos a solicitar al juzgado los allanamientos y que nos autorizara la figura del agente encubierto”, explicó el fiscal a cargo del caso.
Al obtener las autorizaciones con el juez, el grupo de investigadores y fiscales ejecutaron el allanamiento en el centro de masajes el pasado sábado donde encontraron a las seis mujeres y detuvieron al dueño del local que fue identificado como Josué Isaías Reyes Portillo (27), el que fue presentado ante el juez y se le acusó de proxenetismo, donde tras la audiencia se le dictó detención judicial.
Las investigaciones
“En el centro de masajes encontramos a seis mujeres que eran víctimas de la explotación sexual que contra ellas efectuaba el dueño del negocio. Desde que ingresamos estuvieron dispuestas a colaborar en el caso y rindieron su declaración ante el juez como prueba anticipada”, explicó un investigador de la Dirección de la Policía de Investigación.
Las autoridades informaron que el dueño del local tenía dos años de operar en la zona, reclutaba a las jovencitas a través de avisos, una vez que llegaban las entrevistaba y las vestía de manera provocativa.
Las jóvenes ante la falta de empleo accedían a dar los servicios en el centro, pero no eran permanentes; muchas de ellas se negaban a ir más allá que un simple masaje y abandonaban el trabajo el primer día.
“Las muchachas cuando iniciamos la investigación eran otras jóvenes las que fueron encontradas cuando los agentes encubiertos llegaron para detectar las operaciones en el local. Algunas de ellas, el día del allanamiento, habían comenzado a trabajar, no se detectaron menores, todas eran mayores de edad originarias de San Pedro Sula”, explicó el fiscal.
Las víctimas relataron que por media hora de servicio en una habitación sencilla cobraban 300 lempiras; pero si la sesión incluía sexo oral, anal, vaginal o masturbación, el precio era de 400 lempiras. De ese dinero, las jóvenes solo recibían 100 lempiras.
Cuando los clientes solicitaban el servicio VIP, los ubicaban en habitaciones con mejores camas, camillas de masaje, el cliente escogía la joven de su predilección y pagaba 500 lempiras, de los cuales las jóvenes solo ganaban 150 lempiras.
El Ministerio Público informó que les sigue la pista a varios centros de masajes que disfrazados operan no solo en San Pedro Sula, sino también en Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras, adonde varias redes que han sido identificadas explotan sexualmente a mujeres y niñas.
“Damos seguimiento a varias denuncias que han sido interpuestas, donde tenemos varios sitios identificados que serán inspeccionados para desbaratar el operar de estas redes. No solo son hondureños los que explotan a mujeres y niñas, sino extranjeros y profesionales de alto nivel implicados en este delito”, informó la Fiscalía.
El Código Procesal Penal en Honduras en el artículo 148, numeral 1 establece que “incurre en delito de proxenetismo quien promueva, induzca, facilite, reclute o someta a otras personas en actividades de explotación sexual comercial y será sancionado con pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años de reclusión y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos.
Una denuncia anónima originó una amplia investigación que llevó a ubicar en una vivienda de la colonia Trejo, en San Pedro Sula, un centro de masaje donde eran explotadas ocho mujeres originarias de San Pedro Sula.
El spa identificado como Chicas Tabú, operaba desde hace dos años y ofrecía, según los avisos publicitarios que colocaban en redes sociales y medios de comunicación, como un lugar para relajamiento donde además prometían consentir a los clientes con chicas hermosas.
Para corroborar la información, el Ministerio Público asignó mediante la Unidad contra la Explotación Sexual y Trata de Personas de la Fiscalía de la Niñez, a varios agentes investigadores y analistas para que hicieran las investigaciones y determinaran la veracidad de la denuncia.
Tras tres meses de seguimiento se confirmó que en el lugar seis mujeres eran explotadas sexualmente, por lo que se cometía el delito de proxenetismo. “Las investigaciones iniciaron tras una denuncia anónima del operar irregular de la casa de masajes. Cuando confirmamos la información procedimos a solicitar al juzgado los allanamientos y que nos autorizara la figura del agente encubierto”, explicó el fiscal a cargo del caso.
Al obtener las autorizaciones con el juez, el grupo de investigadores y fiscales ejecutaron el allanamiento en el centro de masajes el pasado sábado donde encontraron a las seis mujeres y detuvieron al dueño del local que fue identificado como Josué Isaías Reyes Portillo (27), el que fue presentado ante el juez y se le acusó de proxenetismo, donde tras la audiencia se le dictó detención judicial.
 Las jóvenes halladas en el local declararon ante el juez.
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“En el centro de masajes encontramos a seis mujeres que eran víctimas de la explotación sexual que contra ellas efectuaba el dueño del negocio. Desde que ingresamos estuvieron dispuestas a colaborar en el caso y rindieron su declaración ante el juez como prueba anticipada”, explicó un investigador de la Dirección de la Policía de Investigación.
Las autoridades informaron que el dueño del local tenía dos años de operar en la zona, reclutaba a las jovencitas a través de avisos, una vez que llegaban las entrevistaba y las vestía de manera provocativa.
Las jóvenes ante la falta de empleo accedían a dar los servicios en el centro, pero no eran permanentes; muchas de ellas se negaban a ir más allá que un simple masaje y abandonaban el trabajo el primer día.
“Las muchachas cuando iniciamos la investigación eran otras jóvenes las que fueron encontradas cuando los agentes encubiertos llegaron para detectar las operaciones en el local. Algunas de ellas, el día del allanamiento, habían comenzado a trabajar, no se detectaron menores, todas eran mayores de edad originarias de San Pedro Sula”, explicó el fiscal.
 Josué Isaías Reyes Portillo tenía casa de masajes, adonde explotaba sexualmente a jóvenes, según acusación.
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Cuando los clientes solicitaban el servicio VIP, los ubicaban en habitaciones con mejores camas, camillas de masaje, el cliente escogía la joven de su predilección y pagaba 500 lempiras, de los cuales las jóvenes solo ganaban 150 lempiras.
El Ministerio Público informó que les sigue la pista a varios centros de masajes que disfrazados operan no solo en San Pedro Sula, sino también en Tegucigalpa y otras ciudades de Honduras, adonde varias redes que han sido identificadas explotan sexualmente a mujeres y niñas.
“Damos seguimiento a varias denuncias que han sido interpuestas, donde tenemos varios sitios identificados que serán inspeccionados para desbaratar el operar de estas redes. No solo son hondureños los que explotan a mujeres y niñas, sino extranjeros y profesionales de alto nivel implicados en este delito”, informó la Fiscalía.
El Código Procesal Penal en Honduras en el artículo 148, numeral 1 establece que “incurre en delito de proxenetismo quien promueva, induzca, facilite, reclute o someta a otras personas en actividades de explotación sexual comercial y será sancionado con pena de reclusión de seis (6) a diez (10) años de reclusión y multa de cien (100) a doscientos (200) salarios mínimos.
