SAN PEDRO SULA.
La Fiscalía contra el
Crimen Organizado apuntó que la investigación patrimonial permitió identificar la constitución de sociedades mercantiles en los negocios de explotación de maquinaria pesada, minería y comercialización de derivados del petróleo.
Cinco detenidos por supuesto lavado de activos y el aseguramiento de una empresa de transporte de carga pesada que opera a nivel nacional e internacional, así como una gasolinera y lujosas residencias, hubo ayer en la operación Arcano en San Pedro Sula, Puerto Cortés y Santa Rosa de Copán.
La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Policía Militar allanaron 8 residencias, inspeccionaron 7 negocios y comenzaron a asegurar 20 bienes inmuebles, 13 sociedades mercantiles y 320 vehículos.
En los allanamientos capturaron a Rigoberto Benítez Guerra, dueño de la empresa de transporte Incobe, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez Palma y Héctor Maximiliano Benítez.
El Ministerio Público en un comunicado informó que las acciones de la operación Arcano surgen luego de que la DLCN recibiera denuncias desde julio de 2014, en las cuales se detallaba la existencia de una empresa denominada Incobe, que había tenido un crecimiento económico sin justificación producto de actividades vinculadas al narcotráfico. Indicaron que el dueño de la empresa que opera en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán y Puerto Cortés es Rigoberto Benítez Guerra, contra quien está dirigida la acusación.
 También aseguraron 320 vehículos a nombre de seis acusados por lavado de activos, de los que capturaron a cinco durante la operación.
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Asimismo, verificaron la adquisición de bienes muebles e inmuebles, pagos de tributos y productos financieros obtenidos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Fiscalía interpuso acusación en el juzgado con jurisdicción nacional por el delito de lavado de activos en contra del dueño de Incobe y otras cinco personas, contra quienes el juez giró órdenes de captura.
En el requerimiento fiscal se establece que los acusados han realizado adquisiciones, traspasos y traslado de activos, entre otros, que no tienen justificación económica o lícita de su procedencia.
En San Pedro Sula, los fiscales y agentes de la DLCN y la Policía Militar allanaron un plantel cerca de la colonia El Cacao, en el cual laboran al menos 80 personas, que esperaban afuera mientras les decían qué pasaría.
 Personas capturadas.
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