De acusadora pasó a ser acusada. La fiscal del Ministerio Público, Johana Carolina Espinal Soriano, fue puesta ayer a la orden de los tribunales de justicia.
La profesional del derecho fue acusada por la Fiscalía contra la Corrupción por suponerla responsable de cohecho y sustracción de documentos públicos, en perjuicio de la administración pública.
Espinal, quien hace dos meses fue trasladada a la Fiscalía del Ambiente, fue capturada el pasado miércoles, a las 12.50 del mediodía, a inmediaciones de Toncontín.
Los fiscales contra el Crimen Organizado y agentes de la Dgic le montaron el operativo, luego de recibir una denuncia de un maderero que asegura que la fiscal le pedía 1.3 millones a cambio de sustraer de un expediente investigativo unas facturas de corte de madera.
La fiscal fue capturada in fraganti, luego de que recibiera del denunciante un paquete conteniendo parte del dinero que supuestamente solicitaba.
Toda la acción fue filmada y grabada por los agentes de investigación, quienes hasta las 4.30 de la mañana de ayer trabajaron para sustentar el requerimiento fiscal.
'Ya fue puesta a la orden de los tribunales y eso es lo que importa', expresó la fiscal contra la Corrupción, Karla García. El Código Penal sanciona el delito de cohecho con de 5 a 7 años de reclusión, la sustracción de documentos públicos con de tres a seis años de cárcel, más inhabilitación por el doble del tiempo que dure la condena.
La sospechosa fue trasladada de las celdas de la Dgic al Juzgado Penal, para que compareciera a la audiencia de declaración.
La jueza Lilian Maldonado le puso del conocimiento de los hechos por los cuales fue requerida por la Fiscalía. Además, le preguntó si deseaba hacer uso de su derecho de rendir una declaración, a la cual desistió. Enseguida, las fiscales solicitaron a Maldonado que se dictara la medida de detención judicial contra la imputada; por su parte, la defensa pidió la aplicación de medidas sustitutivas. 'A solicitud del Ministerio Público, únicamente se le decretó la detención judicial por el término de seis días, por la posible manipulación de las fuentes de prueba', informó la jueza.
Traslado
La fiscal fue trasladada al Primer Batallón de Infantería, donde permanecerá recluida como medida de detención judicial.
