Del 8 al 11 de mayo irán a juicio oral y público el excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, a quienes se les supone responsables del delito de lavado de activos.
El lunes 20 de marzo se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas en la que se declaró “No ha lugar” la solicitud excarcelación hecha por la defensa privada del exmilitar, por lo que continuará con prisión preventiva durante siga el proceso.
A los tres encausados, en noviembre del año anterior, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) les dio captura mediante la ejecución de nueve allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá.
Se aseguraron 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi).
De acuerdo con las investigaciones iniciadas años atrás, el excapitán realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad, quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.
Del mismo modo, Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y, según testigos, también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA.
Según la fiscalía, en escuchas telefónicas se comprobó que negociaba entregas de drogas luego de que era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. “Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra”, dice el MP.
