Las denuncias por vulneraciones a los derechos de la niñez han aumentado significativamente en esta ciudad durante 2025, superando ya los 600 reportes formales, según datos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
Carlos Castillo, jefe de Gestión Programática de la Senaf en la zona norte, confirmó que más de 109 menores han sido puestos bajo medidas de protección tras ser identificados en situaciones de riesgo.
“Entre las principales vulneraciones están la falta de representación legal, trata de personas, maltratos físicos, omisión de cuidados, abusos sexuales y la falta de acceso a servicios básicos como salud y educación”, explicó Castillo.
En San Pedro Sula, la mayor incidencia se concentra en menores que carecen de representación legal, una situación común entre niños en situación de calle o aquellos en conflicto con la ley que no cuentan con respaldo familiar.
“Estos casos son recurrentes, muchos de ellos provienen de los juzgados, porque los niños no tienen padres o tutores legales que los representen”, señaló.
Las denuncias no solo provienen de San Pedro Sula, sino también de municipios cercanos como Choloma, La Lima y Villanueva. La oficina regional de la Senaf, ubicada en el barrio Medina, 9 avenida entre 10 y 11 calle, coordina acciones con otras instituciones para atender cada caso. No obstante, la mayoría de reportes se recibe a través del sistema nacional de emergencias 911.
Una vez recibida la denuncia, los menores en riesgo son atendidos por un equipo interdisciplinario conformado por abogados, psicólogos y trabajadores sociales.
“Cuando la vulneración ocurre en el hogar, se separa al niño del entorno familiar y se busca primero ubicarlo con familiares cercanos, conocidos como familia extendida. Si eso no es posible, recurrimos a centros de protección. Solo en el departamento de Cortés hay al menos 35 instituciones de este tipo”, detalló el funcionario.
Según Castillo, el aumento en las denuncias también refleja un cambio positivo en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones estatales. “Antes, la gente no denunciaba por temor o desconfianza, pero ahora se ven respuestas claras por parte del Estado”.
Preocupación desde la sociedad civil
Cándida Sauceda, directora de Casa Alianza, organización defensora de los derechos de la niñez, expresó su profunda preocupación por el incremento sostenido de casos de maltrato infantil.
“Actualmente estamos viendo un promedio semanal de 45 denuncias en San Pedro Sula y 37 en Tegucigalpa. Solo entre enero y junio de este año, se han reportado más de 344 denuncias por maltrato infantil en todo el país. Esta situación es alarmante y debería ser una prioridad para el Estado”, dijo Sauceda.
La directora también cuestionó la efectividad de las respuestas institucionales. “Muchos casos quedan en impunidad, aunque se presentan ante el Ministerio Público, no siempre se llevan a cabo las investigaciones correspondientes. Tenemos políticas, sí, pero las estrategias de prevención no están siendo implementadas adecuadamente a nivel comunitario ni familiar”.
Organizaciones como Casa Alianza coinciden en que se necesita fortalecer las estrategias de prevención, atención y seguimiento para reducir la violencia y la vulneración de derechos contra niños y adolescentes.
Mientras tanto, la realidad para cientos de menores en San Pedro Sula continúa siendo incierta, en un contexto en el que la protección efectiva de sus derechos aún enfrenta importantes desafíos.
Las cifras del Poder Judicial evidencian un efecto embudo en el tratamiento de estos casos: no todas las denuncias que ingresan al sistema culminan en una resolución judicial.
A nivel nacional, entre 2017 y mediados de 2025, más de 6,400 denuncias lograron avanzar hasta obtener una resolución judicial. Sin embargo, solo el 18 % de estos casos concluyó con una sentencia condenatoria contra los responsables.
