En San Pedro Sula ocurrieron en mayo 110 homicidios y 120 en junio, pero de estos casos en el Juzgado Unificado de lo Penal solo se han judicializado 12 durante los dos meses.
Según Francisco Quiroz, coordinador de dicho tribunal, esto se debe a que no hay investigación de los casos debido a la poca logística en los entes encargados del trabajo investigativo.
El juez, quien se reunió con fiscales, magistrados militares y policías de la región noroccidental, dijo que requiere dotar de vehículos, combustible, equipo de comunicación, uniformes y municiones a la Policía para que haga una buena investigación de los homicidios que a diario ocurren.
Otro factor que expuso Quiroz para que los casos no se judicialicen es la falta de testigos, quienes por temor se abstienen de declarar porque no hay la protección que establece la ley.
“El Ministerio Público es el propietario de la acción penal pública y es el que judicializa los casos. En mayo de este año tenemos judicializados siete homicidios y cinco en junio. Si hablamos de los últimos dos meses, tenemos solo 12 casos de homicidio. Podría ser un promedio de uno a dos casos por semana que se están presentando”, agregó Quiroz.
Talón de Aquiles
El togado indicó que tienen programada una reunión con la nueva coordinadora del Ministerio, Diana Elvir, para ver la dinámica y la metodología de trabajo que harán en conjunto.
“Ella viene empezando y no podemos pronunciarnos todavía sobre la labor. Tengo que respetar su espacio y hay que darle la oportunidad de que se desarrolle en su nuevo cargo”. El coordinador del Juzgado de lo Penal reiteró que el talón de Aquiles en la aplicación de justicia es la poca investigación de los casos de homicidios.
“No se ha dotado lo suficientemente a la Policía de Investigación para que haga una verdadera labor investigativa.
Esa labor de investigación se ha pasado eventualmente al fiscal del Ministerio Público para que pueda judicializar y por eso existe mucha impunidad. Les falta logística y personal para investigar.No hay registro de armas y la gente no quiere declarar porque la Ley de Protección de Testigos no es funcional; por eso se pierden casos, porque no le garantiza protección a la ciudadanía”.
El profesional del derecho hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien cuando son testigos de un hecho delictivo.
