La Ley de Justicia Tributaria no está encaminada a lograr la competitividad ni incentivar las inversiones y tampoco favorecerá a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), de acuerdo al sector empresarial.
Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC); Pedro Barquero, exministro de Desarrollo Económico; Rafael Delgado, presidente del Colegio de Economistas de la zona noroccidental, y Aníbal Cálix, exdiputado del Partido Anticorrupción (PAC), analizaron las consecuencias del proyecto de ley de Justicia Tributaria tal como fue enviado al Congreso Nacional.
En el evento, que fue abierto al público, y el cual tuvo una alta concurrencia, se dio a conocer cómo desde que se comenzó a hablar de la posibilidad de esta ley, inversionistas extranjeros que planeaban instalarse en Honduras se fueron a otros países y cómo maquilas y pequeños proveedores del sector textil y otras industrias ya están siendo afectadas.
“Me gustaría conversar sobre el espíritu de la ley, se han vertido muchas acusaciones públicas, que no queremos pagar impuestos, puedo decir con propiedad, que la afiliación de la Cámara de Comercio de Cortés es de las que más impuestos paga, no tiene base de lo que se nos acusa”, aseveró Eduardo Facussé, en su primera participación.
El líder empresarial reiteró que están en contra de los abusos y atropellos de la ley para sacar provecho propio. “Esta ley lo que busca es racionalizar las exoneraciones y mayor transparencia para evitar la evasión fiscal, pero al final nos preocupan dos temas; uno es que el país perderá competitividad, porque eso alejaría la inversión, alejaría los empleos y las oportunidades”.
Exministro Desarrollo Económico
Pedro Barquero:
“Todos apoyamos que se eliminen los abusos, pero descuidan el tema de competitividad”.
Facussé se refirió específicamente a la renta mundial ( la ley pretende cambiar el principio de renta de territorial a mundial, según indica el proyecto, para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales.
“Pero ninguno de los países de Centroamérica, vecinos nuestros lo tienen, eso nos dejaría en desventaja”, apuntó. Todos los panelistas enfatizaron que no hay ningún punto en la ley que contraiga un compromiso para el sector público de hacer buen uso de los impuestos y cómo va impactar el recaudo en la mejora de servicios de salud, educación y demás a la población.
Los panelistas también coincidieron que hay tareas pendientes que el Gobierno debe resolver, como es la seguridad jurídica, seguridad ciudadana, mejora y más bajos costos de energía eléctrica, proyectos de infraestructura, entre otros.
Para saber
Sí se perderán empleos. Se destacó que en 2022 se generaron 18,000 empleos formales, y el 50% de ellos fue por medio de los regímenes.
“Yo creo que tal vez por el sesgo o por desconocimiento, en muchos de los artículos realmente le estamos restando competitividad al país, un ejemplo, el artículo que habla sobre la orden de compra exenta (es que en vez de pagar el impuesto sobre venta y que después se lo devuelva, genera un documento en una plataforma electrónica con el cual le hacen una factura exenta a su proveedor) y, el argumento, es que somos el único país en Latinoamérica que la tiene, es un beneficio para el inversionista, pero aquí se está viendo como negativo”, comentó el exdiputado Aníbal Cálix.
El exministro Pedro Barquero fue puntual al decir que la ley es una herramienta que afectará negativamente en la atracción de nuevas inversiones, de generar empleo y reducir la pobreza. “No tenemos un Estado de derecho sólido, no tenemos seguridad jurídica, costos altos de energía y de los pocos atractivos son los regímenes especiales”.
Presidente de la CCIC
Eduardo Facussé:
“En los últimos 10 años los tributos han pasado de ser L52,000 millones a L144,000 millones”.
Barquero detalló que en 2023 aumentó la inversión extranjera versus 2022. “Lo que yo he visto, de tener un contacto personal con los inversionistas, es que las inversiones se frenaron con la noticia de la nueva ley, principalmente de maquila de Estados Unidos y Asia”.
El economista Rafael Delgado opinó que con la ley no se logra competitividad, pero asegura que la ley puede convertirse en una de tantas piezas para armar “el rompecabezas” y lograr competitividad.
“La ley es necesaria, pero no suficiente, el espíritu de la norma es crear una imagen diferente a la que hemos tenido en el país sobre como se manejan las políticas públicas”, señaló.
