Dos abogados, un ingeniero y un médico son los candidatos nominados para convertirse en Comisionado Municipal de Transparencia.
Las propuestas surgieron en el cabildo abierto, donde curiosamente el Colegio de Abogados, capítulo norte, a través de su presidenta MarilúTorres, propuso a un médico.No hubo mujeres nominadas de parte de ninguna organización y faltó representación de muchos sectores.
Durante el cabildo abierto, los nominados tuvieron oportunidad de hacer su presentación, hablar de su experiencia y el por qué aspiran a convertirse en comisionado de transparencia.
La Ley de Municipalidades establece que toda alcaldía tendrá un Comisionado Municipal de Transparencia nombrado por la Corporación Municipal, de una nómina de cuatro personas propuestas por las organizaciones de la sociedad civil en cabildo abierto y estará durante dos años en el ejercicio de su cargo.
La persona que sea escogida deberá ser mayor de edad, encontrarse en el pleno goce de sus derechos civiles, de reconocido liderazgo, solvencia moral y con residencia continua en los últimos cinco años en el municipio al momento de su postulación.
Los propuestos son por el Colegio de Abogados al doctor Reinieri Jiménez ; la iglesia Misión Cristiana Elim nominó al abogado Carlos Ortega; la Asociación Nacional de Industriales al ingeniero German Pérez y en representación del Club Rotario Valle de Sula se autopropuso el abogado Ilich Reyes.
La ley no establece que una comisión especial deba evaluar los perfiles de los nominados, sino que la Corporación tiene la responsabilidad de escogerlo cumpliendo los requisitos ya establecidos.
El comisionado de transparencia recibe un salario, según expresó el alcalde Roberto Contreras, que oscila entre 40 mil y 50 mil lempiras.
“No es un puesto decorativo, escogeremos a una persona que va a ir por las 13 gerencias municipales pidiendo la documentación de algunas cosas para vigilar que está bien o está mal”, explicó Contreras.
Lo que dice la ley
Una de las funciones del comisionado es vigilar que se cumplan los plazos de ley en la elaboración del presupuesto y la adecuada distribución de los recursos.
Además, establece que los planes, programas y proyectos que ejecute el comisionado deberán guardar concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, asignándole una partida dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la república, a través del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, para gastos de oficina y movilización.
Será en la próxima sesión que los corporativos decidirán quién será el sustituto de Benito Zelaya, cuya gestión como comisionado finalizó el pasado enero.