Las autoridades municipales deben obtener urgentemente el financiamiento para las plantas de tratamiento de aguas negras, pues se determinó que la inversión no podrá ser pagada mediante tarifas a Aguas de San Pedro (ASP).
El retraso de 12 años para el desarrollo de ese proyecto que se priorizó al firmarse el contrato de concesión en 2001 con ASP
ha elevado su costo, de 80 millones de dólares a 160 millones de dólares. A la fecha, ASP no ha recibido ninguno de los tres terrenos para las tres plantas, lo que la libera de responsabilidad, pues era el requisito base que tenía que cumplir la Municipalidad para que desarrollara el proyecto. Este año se pretenden los predios, pero las plantas no podrán comenzarse porque los sampedranos ya no las pueden costear.
Terrenos e inversión
El regidor Wilfredo Flores, miembro de la Comisión de Concesiones, explicó que ya está a nombre de la Municipalidad un terreno de 27 manzanas que costó 18 millones de lempiras en la zona conocida como Frontera, que colinda con el aeropuerto en el sector Rivera Hernández. Ya se negociaron con el Fondo Ganadero 18 manzanas en Cofradía valoradas entre siete y nueve millones de lempiras; y para la planta de Chotepe en Chamelecón ya se tienen 35 manzanas y se deben comprar unas 20 manzanas en unos 15 millones de lempiras. En total
falta comprar 24 manzanas y ya se tiene el dinero, dijo Flores.
“El problema es que aunque se entreguen los terrenos a ASP actualmente, se tiene que buscar un mecanismo para financiar el proyecto. En la cláusula contractual dice que si financieramente no es viable no se hacen. Contratamos un consultor que nos dijo que vía tarifa no es viable. Las alternativas que analiza la Junta de Concesiones es que el Gobierno aporte una parte porque las plantas no solo beneficiarán a la ciudad, sino las zonas que atraviesan los ríos Chamelecón y Ulúa, una parte que aporte la ciudad y otra la comunidad internacional, de los recursos orientados a la protección del medio ambiente”, detalló Flores.
Considerando que este año se resuelva lo de los terrenos y el financiamiento y que ASP empiece a ejecutar los trabajos, la primera planta que empezaría a funcionar sería la de la Rivera Hernández en 2016, la de Cofradía en 2018 y la de Chamelecón en 2022.
Conforme al contrato, la primera debió haber empezado en 2008 y la última en 2010. “Ya llevamos un atraso de 12 años. Al haberse atrasado su construcción, el tiempo para recuperar el tiempo de inversión se redujo de 24 a 12 años. Recuperar la inversión, que es 3,200 millones de lempiras en 12 años, implica que la tarifa de agua se volvería impagable”, recordó Flores.
“No hubo voluntad”
Según el exalcalde Roberto Larios, quien firmó el contrato de concesión de ASP,
faltó voluntad política para obtener los terrenos y que la concesionaria comenzara a desarrollar lo que un principio se estableció como lagunas de oxidación. “Lo que había que tener era voluntad política, pero nunca hubo eso. Fue pasando el tiempo y ahora con más habitantes sin plantas de tratamiento es un daño ecológico y para la salud lo que se está produciendo porque se están tirando las aguas negras crudas a los ríos que atraviesan a la ciudad. Solo se tenía que conseguir esas tierras, no veo yo que era imposible”, dice el exalcalde.
Lamentó que los alcaldes sucesivos no hayan tenido el alcance para evaluar el interés de ese proyecto tan importante para la salud de los sampedranos.
Revisión al contrato
Roque Pascua, exregidor y comisionado de aguas en la administración de Roldofo Padilla, recordó que él visualizó y planteó el problema actual y sugirió una revisión al contrato de concesiones con ASP.
“Ese contrato no se puede aplicar. La Municipalidad y ASP han violentado muchas cláusulas, entonces tienen que hacer una revisión. El contrato no habla de plantas de tratamiento, sino de lagunas de oxidación; pero para hacer una laguna en San Pedro Sula se necesitan mínimo 200 manzanas de tierra, eso no lo pudieron prever en el tiempo de Larios;
entonces ahora que se habla en términos modernos de plantas de tratamiento se han vuelto muy caras. Pero de alguna manera hay que hacerlas”, dijo el también abogado.
Señala que es obligación de las autoridades municipales resolver este problema porque ASP solo presta un servicio. “La Municipalidad debe tomar en serio esta situación porque a medida que pase el tiempo será mucho más caro”, dijo.
