Sin rastro de autores intelectuales un año después del asesinato de Juan López
Uno de los capturados por el crimen solicitó una procedimiento abreviado para aceptar su culpabilidad, pero el Ministerio Público no accedió por lo que el expediente ahora está en al etapa de juicio oral y público
- 13 de septiembre de 2025 a las 08:50 /
Convencidas de que el asesinato del ambientalista Juan Antonio López fue ordenado por autores intelectuales, organizaciones hondureñas siguen exigiendo justicia a un año de su asesinato en Tocoa, Colón.
Juan Antonio López era un ambientalista y regidor que radicaba en Tocoa, Colón, donde fue asesinado el 14 de septiembre. López salía de una iglesia con su familia cuando fue atacado a tiros por un sujeto que andaba a bordo de una motocicleta.
El dirigente había denunciado en varias ocasiones amenazas en su contra y, desde 2023, contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En las investigaciones, las autoridades lograron identificar a tres de los hechores materiales que participaron en el asesinato y que a la fecha están a las puertas de un juicio oral y público, en el que la fiscalía presentará las pruebas en su contra.
Pese a que lograron identificar a los que participaron en la planificación y ejecución del asesinato, las autoridades aún no han establecido quién fue el que pagó para que le dieran muerte y tampoco los motivos que los llevaron a cometer el crimen contra el ambientalista.
Esta es una de las denuncias que han mantenido organizaciones, así como los mismo familiares de Juan López, quienes piden se esclarezca su crimen, sobre todo cuando ocurrió en un contexto en el que habían denuncias de corrupción de por medio.
Sin avances sustanciales
Las denuncias públicas realizadas por la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) señalan que el asesinato de López está estrechamente ligado a su lucha para proteger el ambiente, así como a su trabajo como regidor en la municipalidad de Tocoa, donde denunció múltiples actos de corrupción y daños al medioambiente con proyectos extractivitas.
Era una de las voces más visibles en la defensa de los ríos Guapinol y San Pedro, afectados por los proyectos de extracción de óxido de hierro a cargo de la empresa Inversiones Los Pinares.
Para los tocoeños, el crimen del regidor y ambientalista también está relacionado a una serie de hechos que ocurrieron en la ciudad, como el incendio de las oficinas administrativas de la municipalidad en julio de 2024, pues allí había contratos y facturas de casos de corrupción que López había denunciado.
Esas denuncias las conocieron muchos en la municipalidad de Tocoa. El 2 de septiembre de 2024 Juan López, junto a otros líderes comunales, dieron una conferencia en la sede de la COPA, donde se pronunciaron y leyeron un comunicado exigiendo la renuncia del alcalde Adán Fúnez por supuestos nexos con el crimen organizado.
“Que renuncie voluntariamente porque sabe que hay una situación que no puede sostenerse en términos morales en el municipio y, en caso que no fuera así, depende de la fuera popular que lo obligue a renunciar, porque ya no es la persona indicada para dirigir los destinos del municipio, la conducta mostrada por el alcalde sigue un proceso administrativo, quien sabe si judicial, y eso es asunto de los entes competente del Estado”, afirmó López en ese entonces.
Días después, recibió amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp de supuestos sicarios, mientras que 12 días después, el 14 de septiembre, fue asesinado.
Juan López había asistido a una misa en la Iglesia Católica de Tocoa, pero cuando esperaba en su carro a que su familia y otras dos personas terminaran de cerrar el portón principal para partir a su casa uno de los sicarios le disparó.
LA PRENSA Premium conoció en esa ocasión, tras desplazarse días después al lugar de los hechos, que López esperaba sentado en el asiento del conductor del vehículo cuando un hombre con un casco puesto y con mascarilla intentó abrirle la puerta del pasajero; luego de varios intentos fallidos se apostó enfrente del carro y comenzó a dispararle en reiteradas ocasiones.
Mientras el atacante disparaba, tres personas buscaron resguardo, pero también observaron lo ocurrido. El responsable del crimen conducía una motocicleta pequeña, con características similares a las utilizadas comúnmente por mujeres -pero la fuente no brindó detalles o especificaciones concretas-.
Luego de disparar corrió hasta donde tenía el vehículo de dos ruedas, pero “por la premura, al inicio no le encendía y después se fue huyendo”, comentó uno de los testigos.
Veinte días después, el 4 de octubre, las autoridades policiales dieron a conocer la captura de Daniel Juárez Torres, Óscar Guardado Alvarenga y Lenin Cruz Munguía, quienes están presos por los delitos de asesinato en perjuicio el ambientalista y asociación para delinquir.
Para el abogado Edy Tábora, quien está como acusador privado en el proceso, el que desde el inicio del caso hayan nombrado fiscales que no eran de Tocoa fue un elemento importante para entrar a una investigación más confiable, pero lamentó que están en una etapa donde no hay avances sustanciales sobre la identificación y acusación de autores intelectuales.
“Esa es la etapa más crítica, que a un año no haya avances significativos de la identificación y el sustento para una acusación de autores intelectuales, eso genera preocupaciones porque en términos investigativos el tiempo juega en contra, porque se van perdiendo elementos de prueba, como testigos que han sido manipulados y otros tipos de pruebas que pueden ir desapareciendo”, afirmó.
Piden justicia
La acusación en contra de los tres sospechosos de haber participado en el asesinato del ambientalista está en la etapa de juicio oral y público, por lo que el expediente fue remitido al Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en Tegucigalpa.
Allí, los jueces fijarán la audiencia de proposición de pruebas en la que, además de presentación de pruebas de la fiscalía y la defensa, se fijará la fecha para el inicio del debate.
Ante esto, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y públicos de Tocoa (CMDBCPT) se pronunció públicamente en contra de una solicitud de juicio abreviado que había realizado la defensa del imputado Óscar Alexis Guardado Alvarenga, pero al final la fiscalía no aceptó.
En el procedimiento abreviado, Guardado Alvarenga iba a aceptar su participación en el crimen del ambientalista con el fin de lograr una reducción en su condena, pero para las comunidades que han luchado porque se haga justicia es considerado una limitante grave para el esclarecimiento público de los hechos. Además, reduce la posibilidad de que la familia de la víctima acceda a la verdad completa.
El pasado 13 de septiembre, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, mencionó que "todo Honduras está esperando una pronta y auténtica resolución de este proceso y de tantos otros, al menos 18 personas, que en los últimos años han fallecido en Honduras por defender los derechos humanos o el medio ambiente".
Recordó que a Juan López "lo asesinaron hace ya un año, pero su memoria, su mensaje y su causa siguen vivos en todos nosotros, la defensa que él hizo del bien común, así como de la naturaleza en concreto".
El pasado sábado 13 de septiembre, la Comisión Nacional de Ecología Integral de la Iglesia Católica, comunidades de base y feligresía en general realizaron una peregrinación de la Esperanza y Justicia por el defensor asesinado.
Horas después, emitieron un comunicado para reclamar justicia: “No podemos aceptar que Honduras siga sin proteger a sus defensores, sin garantizar el derecho a vivir en paz, sin asumir su responsabilidad ante la crisis climática y ecológica”.
En tanto, el Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, junto con organizaciones nacionales e internacionales, instalaron un campamento en la parque de Tocoa para pedir justicia y la identificación de los autores intelectuales.
Como parte de las actividades, también se programó para este domingo una misa en la iglesia Fabio Ochoa, donde fue asesinado el ambientalista, y, posteriormente, se visitó su tumba.Varios actores nacionales e internacionales también se pronunciaron ayer sobre la impunidad que rodea el caso.
En Honduras, uno de los primeros en pronunciarse fue el sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como Padre Melo. “Con el rataplán de los tambores y la apabullante indiferencia oficial, conmemoramos primer aniversario de crimen de Juan López, teñido de amargo sabor de impunidad. No basta que se enjuicie y condene a gatilleros, exigimos requerimientos fiscales a quienes pagaron por el crimen”.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) emitió un comunicado donde recordó que “el Estado no implementó medidas eficaces para salvaguardarlo”, a la vez que reclamó que “si bien existen avances en el proceso penal contra presuntos autores materiales, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación exige también identificar y enjuiciar a los autores intelectuales y garantizar medidas de no repetición”.
El caso también fue recordado por los congresistas estadounidenses demócratas Jan Schakowsky, Delia Ramírez y Jim McGovern, quienes enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, donde instaban al “al Departamento a mantener un compromiso activo con el gobierno hondureño para garantizar justicia por el asesinato de López, trabajar para asegurar la seguridad de todos los defensores ambientales y de derechos humanos, y aplicar plenamente el Decreto 18-2024, que protege el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras”.
