Podredumbre: más de 100 policías están presos y salieron de la escala básica

San Pedro Sula, Honduras.

Los casos que se remontan al año 2023, como el del subinspector David Rafael Izaguirre, condenado a más de 22 años de prisión por asesinato, o el de los agentes de escala básica Ronald Ovidio Mendoza y José Israel Ramos, sentenciados a más de cuatro años por omitir su deber de perseguir el delito, son apenas una hebra de un entramado mucho más grande.

Detrás de estas resoluciones está una realidad inquietante: la implicación de policías en actividades al margen de la ley. La figura del policía, tradicionalmente asociada con la ley y el orden, también ha sido protagonista a lo largo de los años de expedientes criminales configurados dentro de los tribunales de justicia del país.

Según informes del Instituto Nacional Penitenciario (INP) a los que tuvo acceso LA PRENSA Premium, actualmente, 112 personas que estuvieron ligadas a la institución están presas, la mayoría de ellas en la Penitenciaría Nacional de Támara, acusadas de delitos pesados como homicidio, asesinato, tráfico de drogas y secuestro. Esta cifra refleja una problemática estructural en la Policía de Honduras, que no se ha podido frenar, pese a la depuración implementada entre 2016 y 2018, cuando se expulsó a 4,678 agentes.

Entre los ahora reclusos hay de todo: 36 policías preventivos, que alguna vez estuvieron en las calles manteniendo el orden y ahora enfrentan procesos; 56 policías (en la información no se detalló el rango, pero tras unas consultas se aclaró que se refieren a agentes de policías o agentes “básicos”, un rango por debajo del clase 1) que se convirtieron en eslabones de actos criminales; cuatro exagentes de policía y un expreventivo, hombres que perdieron la placa y aún así continuaron en la senda del crimen. Estos y otros en la estructura policial, fueron al final parte de la escala básica, el eslabón más bajo de la jerarquía.

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Por otro lado, dos policías de la extinta Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dnic) y un suboficial de la misma unidad cayeron en desgracia, marcados por delitos diversos; un policía de tránsito, acostumbrado a dirigir el tráfico, ahora sigue órdenes desde el interior de su celda; un policía clase 1, que alguna vez ascendió en la institución, ahora solo mira su carrera desmoronada; también están dos agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes debían indagar delitos y terminaron como parte de ellos; tres agentes cobra, entrenados para combatir el crimen organizado, terminaron sucumbiendo ante este; un policía de servicios especiales, dos oficiales (no se consignó el grado) y dos policías penitenciarios, aquellos que debieron custodiar reos, se sumaron a sus filas.

Cada uno cruzó una línea que no tenía retorno, algunos trabajaron con droga, otros participaron en asesinatos y hasta secuestros. En la actualidad ya no portan el uniforme policial, sino que visten el color de los reclusos.

En el caso de la cárcel de Támara está el denominado ‘Módulo de expolicías’, donde son recluidos por su condición y a solicitud de sus abogados. Este espacio no está aislado, está dentro del área de diagnóstico de la prisión, cerca de la población común, pero sin conexión directa con pandilleros y mareros.

Un investigador de inteligencia militar arguyó a este medio de comunicación que “los policías de la escala básica son fácil de corromper por el dinero, más a falta de preparación”. Según explicó, muchos apenas han cursado la primaria o secundaria y, con sueldos que oscilan entre 18,000 y 20,000 lempiras mensuales.

El criminólogo Gonzalo Sánchez expuso una realidad preocupante: “Hay un dicho que dice que al perro más flaco se le pegan las pulgas. Sí, la mayoría de los policías que guardan prisión pertenecen a la escala básica, pero eso no significa que los oficiales de mayor rango estén libres de actividades delictivas”.

Extraoficialmente, una juez (fuente) del Poder Judicial de San Pedro Sula reveló a LA PRENSA Premium que, durante el secuestro de una abogada ocurrido el año pasado en el municipio de La Lima, habría estado involucrado un oficial de la Policía, quien fue identificado visualmente por la misma víctima durante el rescate. Según se conoció, este mismo policía estaba dentro de un vehículo esperando, mientras sus dos acompañantes mujeres concretaban el rapto en una casa de habitación. Se supo que la profesional del Derecho se retiró de los tribunales y huyó del país con su familia por motivos de seguridad.

Según Sánchez, el problema no radica únicamente en los bajos sueldos, sino en la falta de principios, valores y vocación. Lo más alarmante, agregó el académico, es que aquellos que juraron servir y proteger hoy comparten celdas con los mismos criminales que debieron capturar. “Eso nos pone a pensar... ¿en manos de quién estamos? Terminamos en manos de delincuentes comunes, de estructuras criminales organizadas y, en algunos casos, de policías corruptos”, citó.

Sánchez subrayó que, si bien la corrupción ha permeado distintos niveles de la institución, también hay oficiales y altos mandos íntegros, al tiempo que lamentó que la escala básica, al estar más expuesta, haya cometido delitos graves que jamás debieron ocurrir. “Son garantes de la seguridad pública, pero no es posible que muchos terminen del otro lado de la ley”, concluyó.

Según documentos del Instituto Nacional Penitenciario (INP), entre los delitos más frecuentes, el homicidio destacó con 11 casos, le siguió asesinato y tráfico de drogas agravado con ocho registros cada uno. A continuación, el secuestro apareció con cinco eventos y el homicidio simple con tres hechos.

Se perpetraron combinaciones de crímenes, por ejemplo, asesinato con abuso de autoridad y robo agravado, tráfico de drogas agravado y portación ilegal de armas. Otros delitos menos comunes, pero igualmente graves, incluyeron violación especial, extorsión continuada y tortura.

De 60 exintegrantes de la Policía implicados, el tiempo de condena sigue estando en el aire, pues aún están en calidad de procesados: han sido formalmente acusados y encarcelados, pero la justicia no ha dictado aún si son culpables o inocentes. Mientras tanto, otro grueso de penas ya ha comenzado a marcar el destino de varios: seis agentes recibieron sentencias de 10 años, otros cuatro purgarán 15, un grupo adicional de cuatro enfrentará 25 años tras las rejas, entre otros ya condenados.

De los casos más impactantes, tres hombres destacaron por la magnitud de sus condenas: 1,320, 763 y 768 años de prisión. Estas son cifras que parecen imposibles, pero que reflejan la brutalidad de sus acciones. Uno de ellos, un policía penitenciario; otro, un agente cobra; y el tercero, también policía penitenciario, quien participó en 24 asesinatos a través del fuego, 37 homicidios y 19 intentos de asesinato. Los tres policías estarían vinculados a un reciente incendio en un centro penal de Honduras, que dejó mútiples reos muertos. En total son 52 los sentenciados, todos con un pasado vinculado a la institución policial.

LA PRENSA Premium conoció que la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) documentó 3,067 denuncias contra policías durante el año pasado: 1,124 recibidas a través de denuncia ciudadana, 1,742 mediante informes de la Policía Nacional y 201 se abrieron de oficio. En cuanto a investigaciones, se realizaron 3,422, de las cuales 358 correspondían a cierres de expedientes disciplinarios y 751 desestimaciones por diversas razones. Además, desarrollaron 1,562 audiencias de descargo, de las cuales se elaboraron 839 dictámenes técnicos administrativos con recomendación por incurrir en faltas muy graves y 585 por faltas graves, que fueron enviadas a la Secretaría de Seguridad.

Las principales incidencias de faltas disciplinarias durante el 2024 ocurrieron en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, El Paraíso, Olancho y Copán.

La directora de Didadpol, Silvia Amaya, manifestó que, “nos mantenemos vigilantes de la conducta disciplinaria de los miembros de la carrera policial, trabajamos en realizar procesos disciplinarios imparciales y transparentes”. Amaya Escoto resaltó que durante este año siguen el proceso de prevención y capacitando en conducta ética, moral y el Reglamento Disciplinario Policial.

En otro informe de Didadpol se notificó sobre 58 policías a quienes se les dio seguimiento entre los años 2019 y 2024 por abuso de autoridad, figurando un clase 1, un clase III, 46 agentes de policía, seis subinspectores, un subcomisario, un comisario, un subcomisionado y un comisionado. Además, en seguimiento a causas penales por extorsión hubo ocho agentes contabilizados.

Por otro lado, entre los años 2019 y 2024, un comisionado y un policía preventivo, asignados a La Esperanza, Intibucá; y Choluteca, Choluteca, fueron denunciados ante el Ministerio Público por cometer extorsión.

Documentos de la misma Fiscalía especificaron que entre los años 2017 y 2024, un total de 354 agentes fueron procesados por diversos delitos, incluidos homicidio, portación ilegal de armas, abuso de autoridad, torturas y violación especial. Las acusaciones también abarcaron violación de los deberes de los funcionarios; lesiones culposas; evasión culposa; violencia intrafamiliar; detención ilegal; coacción; maltrato por transgresión; daños; conducción temeraria; cohecho; posesión y tráfico de drogas; favorecimiento de la evasión; uso indebido de insignias policiales; amenazas; privación injusta de la libertad; allanamiento de morada; tentativa de asesinato; omisión del deber de socorro; desobediencia y otros delitos.

El general Ramiro Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del INP, enfatizó que si un policía o militar hace uso de su uniforme para intervenir con bandas criminales, terminará en una cárcel y sin ninguna consideración con relación al resto.

“¿Por qué tendríamos que tener alguna consideración? El trato es igual para todos, este es un correctivo. Por ejemplo, soy general, pero si fuera parte de la criminalidad organizada, si trabajara con la MS o Pandilla 18, no sería un generall, sería un vago vestido con uniforme, lo perdería todo, pues el Estado me ha convertido en un general”, comentó el jerarca militar.

Indicó que aproximadamente hay 40 militares presos, al referirse que tampoco los miembros de su institución están excentos de caer ante la justicia. “No vamos a buscar comodidades para nadie, ni lo dude, imagínese con este rosario se delitos, cuando esa persona se dedicó a secuestrar o a matar se convirtió en otra cosa”; sentenció durante conversación que sostuvo con LA PRENSA Premium.

Continuó reflexionando que este número de personas vinculadas en su momento a la Policía y que guardan prisión, merece una especial atención, pues aunque se trata de casos en proceso o judicializzados, hay otros que no caen ni se encuentran.