Unos 300,000 hogares en Honduras sobreviven sin pegue de agua: "Ni siquiera alcanza"

Para miles de familias en Honduras, abrir un grifo y obtener agua limpia sigue siendo un privilegio y no una garantía. En numerosos municipios, sobre todo en el interior, la falta de acceso a agua potable y a servicios adecuados de saneamiento continúa afectando la vida cotidiana de comunidades enteras, con efectos directos sobre la salud, la educación, la economía familiar y la dignidad humana.

Más de un tercio de la población no tiene acceso permanente a agua potable dentro de su vivienda. La situación se agrava en las zonas rurales, donde el porcentaje es aún mayor y obliga a las familias a depender de fuentes no tratadas como ríos, quebradas o pozos sin control sanitario.

La falta de agua potable también limita las condiciones básicas de higiene, esta situación facilita la propagación de enfermedades como diarreas agudas, hepatitis y otras infecciones relacionadas con el consumo de agua contaminada. En centros de salud ubicados en municipios con altos niveles de pobreza, los ingresos de niños y adultos por padecimientos asociados a agua insegura son frecuentes.

Incluso en las principales ciudades, la escasez es parte de la rutina semanal. Sobre todo en zonas rurales y en algunos puntos urbanos de Tegucigalpa y San Pedro Sula, los cortes prolongados del servicio de agua obligan a miles de hogares a almacenar el líquido en tinas, cubetas y recipientes improvisados, sin condiciones sanitarias adecuadas, lo que incrementa los riesgos de contaminación.

A esto se suma el impacto económico para familias de bajos ingresos. La compra constante de agua embotellada o a granel representa una carga adicional en su presupuesto mensual.

En hogares donde el ingreso diario apenas cubre lo básico, destinar parte de ese dinero para garantizar un mínimo acceso a agua limpia es un sacrificio. La escasez también limita actividades productivas esenciales como la agricultura familiar y pequeños emprendimientos, reduciendo las oportunidades de generación de ingresos.

En asentamientos informales de San Pedro Sula, algunas familias llegan a gastar hasta 3,000 lempiras al mes en agua, obtenida de pipetas, ríos y riachuelos sin conducciones, cuando un barril de agua puede costar entre 100 y 300 lempiras. El agua se compra hasta 200 o 300 veces más cara que la que suministra la red pública.

El acceso a sistemas de alcantarillado funcional es todavía más limitado. En municipios pequeños del país, las letrinas improvisadas y los sistemas sépticos deficientes siguen siendo una realidad. La ausencia de redes sanitarias adecuadas expone a las familias a enfermedades y perpetúa condiciones de precariedad que afectan la calidad de vida.

Diversos factores estructurales contribuyen a profundizar la problemática, tales como la falta de inversión pública sostenida, la administración deficiente de algunas juntas de agua municipales y el crecimiento urbano sin planificación adecuada.

En muchas localidades de Honduras, las redes colapsan ante la creciente demanda, mientras que los proyectos de ampliación avanzan lentamente.

Desde el año 2017, Ana Alvarado habita en una colonia en las orillas del segundo anillo de San Pedro Sula, dentro de una vivienda construida con paredes de tabla, donde reside junto a su esposo, hijas y nietas. La casa cuenta con dos cuartos, sala, comedor y cocina, pero presenta condiciones limitadas en servicios básicos y salubridad.

“La necesidad lo lleva a estos casos a uno”, expresó Ana, al referirse a la falta de opciones que la condujo a asentarse en el lugar. La familia ha solicitado apoyo para obtener la propiedad legal del terreno, sin obtener respuesta hasta ahora.

Uno de los principales problemas que tienen es el acceso al agua; el servicio llega aproximadamente cada cuatro días, por lo que deben almacenarla en una pila. La vivienda no cuenta con sistema de alcantarillado y utiliza un pozo séptico, lo que, según la residente, representa condiciones poco higiénicas.

Ana también enfrenta dificultades económicas, desde hace tres años está desempleada tras laborar en una maquila, mientras que su esposo genera ingresos a través de un pequeño taller de electrónica.

“Se acostumbra uno, pero no es lo ideal, ni siquiera alcanza para mantener suficiente agua o mejorar los servicios básicos de la casa”, señaló.

La joven reconoció que vivir en estas condiciones durante años los ha afectado mucho, sobre todo a los niños, quienes periódicamente se enferman con facilidad por la falta de higiene y agua limpia.

En el recorrido que LA PRENSA Premium realizó, núcleos familiares enteros enfrentan situaciones similares, con acceso irregular al agua y sin sistemas adecuados de drenaje o letrinas, lo que agrava la vulnerabilidad ante enfermedades gastrointestinales y otros problemas de salud.

En una vivienda cercana, Sandra Alfaro, quien al momento de nuestra visita se encontraba limpiando y escuchando canciones cristianas con letras de esperanza, compartió una situación similar.

En su casa viven ocho personas, cinco adultos y tres niños, incluidos dos bebés de siete y 10 meses. La familia pasó de alquilar a establecerse en este espacio informal.

“El agua es una de las principales limitaciones”, explicó Sandra, con mucho pesar. Al igual que otras familias del sector, en su casa no cuentan con sistema de tuberías ni alcantarillado, por lo que dependen de almacenamiento y de soluciones improvisadas como el pozo séptico.

Las condiciones de la vivienda también exponen a la familia a factores como la proliferación de zancudos. A pesar de mantener el espacio limpio, consideran que las condiciones no son las adecuadas, especialmente para los menores.

Mientras una de las niñas que habitan este hogar jugaba descalza sobre la tierra, cerca de una pila donde suelen asentarse los zancudos, Sandra relató que no han recibido apoyo de las autoridades, aseguró que una de sus principales necesidades es contar con acceso permanente a agua potable.

Ella y su madre mostraron la pila ubicada en la parte trasera de la vivienda, pequeña e insuficiente para almacenar agua para tantos ocupantes. Además, el pozo séptico y la letrina interior presentan condiciones poco higiénicas, enfrentando dificultades para mantener un entorno saludable.

La magnitud de estas carencias también queda al descubierto en datos oficiales. La última Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada en julio de 2025, mostró profundas desigualdades en el acceso a servicios básicos en el país.

Según de la encuesta, de los 2.76 millones de hogares registrados a nivel nacional, aproximadamente 10.8% (casi 300,000 hogares) carecía de tubería instalada, lo que obliga a miles de familias a depender de fuentes de agua menos seguras como pozos, ríos o cisternas.

El acceso a tubería instalada, considerado un servicio básico adecuado, alcanzó al 89.2% de las viviendas (2.46 millones de hogares), pero el panorama cambia cuando se analizan las zonas urbanas y rurales.

En las áreas urbanas, que concentraron 1.62 millones de hogares, la cobertura de agua por tubería alcanzó al 62.4%, aunque algunos lugares dependían de llaves públicas, pozos comunitarios o cisternas. Por ejemplo, en el Distrito Central, solo 320,918 viviendas contaban con agua por tubería, mientras que 1,439 hogares usaban llaves comunitarias y más de 13,400 dependían de cisternas.

San Pedro Sula presentó un escenario más favorable, con 191,523 viviendas conectadas a tubería, aunque todavía 1.9% de los hogares recurría a otras fuentes de agua. El resto de áreas urbanas mostró diferencias; es decir, mientras 1.02 millones de casas tenían tubería, miles seguían dependiendo de pozos con bomba, ríos o servicios compartidos.

En contraste, en las zonas rurales donde residían 1.14 millones hogares, la situación fue más crítica, solo 928,747 viviendas contaban con tubería instalada (37.6%) y más de 68% dependían de pozos, ríos o cisternas, fuentes que en muchos casos representan riesgos de contaminación y problemas de salud.

Por otra parte, el acceso a sistemas de saneamiento adecuados sigue siendo un problema paralelo para miles de estas familias, especialmente en las zonas rurales. Según los datos más recientes del INE, aproximadamente 118,948 viviendas, es decir, el 4.3% del total nacional, no contaban con ningún tipo de sistema de saneamiento.

El informe describió que, mientras 1.08 millones hogares (39%) tenían inodoros conectados a la red de alcantarillado y 821,271 viviendas (29.7%) disponían de inodoros conectados a pozos sépticos, una parte significativa aún dependía de sistemas menos seguros. Entre estos se incluyó letrinas con descarga a ríos o lagunas, letrinas con pozo negro y otras formas de saneamiento que representan un riesgo para la salud.

Según cálculados realizados por este medio, casi 250,000 viviendas carecían de alcantarillado o un sistema de saneamiento adecuado. La cifra abarca aquellos inmuebles que no tienen un sistema de descargada adecuado (los desagüe a río, laguna o mar, los pozos negros o los que simplemente carecen de infraestructura).

El problema se concentró en áreas rurales, donde solo el 5% de las viviendas contaba con inodoros conectados a alcantarillado, mientras que la mayoría dependía de letrinas o pozos sépticos. En contraste, en las zonas urbanas la cobertura con sistemas modernos era mucho mayor, aunque todavía existían sitios con letrinas o sin ningún tipo de saneamiento.

Información de Hábitat para la Humanidad Honduras coincide que en la actualidad una proporción significativa de los hogares hondureños carece de estos servicios esenciales para garantizar condiciones de vida dignas.

Según el estudio denominado "Barreras de Acceso a Suelo para Vivienda", realizado por Hábitat para la Humanidad Honduras, a nivel nacional, 11.5% de las viviendas no cuenta con un servicio adecuado de agua potable, mientras que el 22% carece de un sistema de saneamiento apropiado.

Los departamentos con menor disponibilidad de agua son Gracias a Dios, donde el 33.8% de las viviendas carece de acceso, y El Paraíso, con 18.4%. En cuanto al saneamiento, los mayores déficits se registran en Gracias a Dios, con 55.6%, y Valle, con 16.8%.

Esta falta de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento e higiene es un problema persistente que afecta a miles de familias, especialmente en asentamientos informales de San Pedro Sula, el resto del valle de Sula y Tegucigalpa, advirtió Denis Cabrera, gerente de programas de Hábitat para la Humanidad Honduras.

Cabrera explicó que, más que un déficit cuantitativo, se trata de un déficit cualitativo, “de los millones de hogares existentes en Honduras, una buena cantidad carece de servicios básicos. Muchas familias no tienen acceso a agua potable ni a un sistema adecuado de saneamiento, lo que impacta directamente en la salud y calidad de vida de la población”.

El impacto de esta carencia es multidimensional. Según Cabrera, la falta de agua y saneamiento está vinculada a problemas sociales como violencia, hacinamiento y enfermedades frecuentes. “Los hogares utilizan agua no apta para consumo, lo que provoca enfermedades gastrointestinales y problemas de la piel. Además, la ausencia de baños privados aumenta la exposición de niñas y mujeres a riesgos de violencia física y sexual”, lamentó.

Aunque en varias comunidades hay acceso a agua, la cantidad y calidad son insuficientes. Cabrera hizo hincapié en la necesidad de revisar las políticas públicas relacionadas con el agua en Honduras, ya que “no se puede consumir agua de cualquier fuente y actualmente no hay una autoridad central que regule de manera integral la gestión hídrica”.

Para enfrentar estos problemas, Hábitat para la Humanidad impulsa la gobernanza hídrica, fortaleciendo la capacidad de juntas de agua comunitarias y municipalidades para gestionar y prestar servicios de manera eficiente. También promueven el uso adecuado del recurso y la protección de las fuentes de agua, así como la instalación de redes de distribución y tanques de almacenamiento.

El problema se agrava en regiones como el Corredor Seco, donde el acceso al agua es extremadamente limitado. La crisis del agua tiene una geografía definida y afecta con mayor intensidad a las regiones del occidente y sur del país, donde también se concentran los mayores niveles de inseguridad alimentaria.

Stephanie Hochstetter, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), dijo en conversación con LA PRENSA Premium, que departamentos como Lempira, Intibucá, Copán, Choluteca y Valle enfrentan condiciones críticas tanto en acceso al agua como en saneamiento.

En el occidente, como Lempira, Intibucá, Copán, Ocotepeque y Santa Bárbara, predominan comunidades rurales, muchas de ellas indígenas, con infraestructura hídrica limitada y dependencia de fuentes naturales sin tratamiento.

Mientras tanto, en el sur, como Choluteca, Valle, La Paz y el sur de Francisco Morazán, el problema se agrava por sequías recurrentes, la degradación de microcuencas y una precipitación irregular que deja a las familias sin agua durante largos periodos.

De acuerdo con el informe denominado "Política y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional", estos territorios coinciden con los mayores índices de desnutrición crónica infantil. “Resolver el agua y resolver el hambre son, en estos territorios, el mismo trabajo”, resumió Hochstetter.

La falta de acceso a agua impacta directamente en los cuatro pilares de la seguridad alimentaria, como disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos.

En primer lugar, limita la producción agrícola: la mayoría de las familias en situación de inseguridad alimentaria depende de cultivos básicos como maíz y frijol. Sin agua para riego pierden tanto su fuente de alimento como sus ingresos, lo que las obliga a entrar en ciclos recurrentes de vulnerabilidad.

En segundo lugar, afecta la salud, el consumo de agua contaminada provoca enfermedades diarreicas, especialmente en niños, lo que impide la correcta absorción de nutrientes y perpetúa la desnutrición crónica, incluso cuando hay alimentos disponibles.

Además, la carga recae de manera desproporcionada en mujeres y niñas, quienes suelen ser responsables de recolectar agua en comunidades sin acceso domiciliar. Esta tarea reduce el tiempo disponible para actividades productivas, educativas o de cuidado.

Frente a este escenario, el Programa Mundial de Alimentos ha implementado programas de resiliencia que han beneficiado a más de 20,000 personas, alrededor de 5,000 familias, mediante la construcción y rehabilitación de más de 100 sistemas de agua comunitarios, cosecha de agua de lluvia, micro riego y plantas potabilizadoras, integrados con estrategias de agricultura climáticamente inteligente e inclusión financiera.

Datos del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento indican que es común encontrar hogares que utilizan letrinas básicas sin tratamiento adecuado o que carecen completamente de sistemas de eliminación de excretas.

“El saneamiento es parte integral de la seguridad nutricional. Un niño que se enferma constantemente no puede desarrollarse adecuadamente, independientemente de lo que coma”, subrayó la representante del PMA.

“El acceso al agua potable y al saneamiento no puede depender únicamente de la cooperación internacional, la escala y sostenibilidad de las soluciones deben ser garantizadas por el Estado”, enfatizó.

Para Hochstetter, el Estado hondureño es el actor central en la solución de esta problemática, su papel es insustituible en tres áreas fundamentales, que pasan por la rectoría y planificación, el financiamiento sostenido y la equidad territorial.

NOTA
Un reportaje periodístico de LA PRENSA en el marco de la campaña Hogares dignos, vidas plenas, con el apoyo de Hábitat para la Humanidad y el patrocinio de WM Constructores.