En materia de energías renovables, Honduras enfrenta una situación sin precedentes.
Mientras se avanzaba por el camino para intentar revertir la matriz energética y minimizar la dependencia de la energía a base de combustibles fósiles, el sector encontró lo que catalogan como otra “enorme piedra” que les impide avanzar: la nueva Ley Especial de Energía Eléctrica.
En la actualidad, el 65% de la energía que se produce en el país; es decir, dos tercios, procede de fuentes renovables, según datos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) analizados por LA PRENSA Premium.
Un panorama similar ocurre en Centroamérica. A 2020, el 64.2% de la energía que consumía el istmo venía de fuentes amigables con el ambiente. De esa energía regional, la Enee importa el 2% para atender la demanda nacional.
Aunque todo apunte a estas fuentes como soluciones a mediano y largo plazo en el ámbito regional y global, ante el imparable encarecimiento de los combustibles fósiles, en Honduras se interpreta de otra forma.
Salomón Ordóñez, consultor, experto y expresidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (Ahpee), explicó que la crisis en el sector comenzó en 2018, cuando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dejó de pagarles por la energía producida a los productores renovables. Estima que se les adeudan 12,000 millones de lempiras por energía vendida a la estatal, de los cuales alrededor de 9,000 millones se arrastran desde el Gobierno pasado.
Por otro lado, con la entrada en vigor de la nueva Ley Especial de Energía Eléctrica, aprobada el pasado 12 de mayo, el Gobierno pretende “renegociar” los contratos con generadores privados, y no solo con los térmicos, donde por años se han denunciado contratos leoninos, sino con todos los generadores.
DATO
Sector pide una licitación pública que garantice la transparencia en procesos de otorgamiento de contratos y concesiones.
Para Ordóñez, la normativa ha paralizado todo el sector. Aunque no ve mal que se revisen contratos, considera que la decisión manda un mal mensaje a futuros inversionistas.
“La ley no solo incluye la revisión de los contratos de las térmicas, el decreto también incluye los contratos de energía solar, eólica e hidroeléctrica. Actualmente son las tres fuentes principales de producción de energía eléctrica renovable en Honduras. Son nuestros principales recursos para seguir desarrollando. Al ser revisados esos contratos, están pidiendo que revisen sus precios, y eso ya es una señal que genera inseguridad jurídica para el bien del futuro energético del país”.
Asegura que a los empresarios del sector lo único que les queda es sentarse a negociar y ver si logran llegar a algún acuerdo con el Gobierno.
Hay otra arista que traba los nuevos proyectos, que es, a su juicio, la más grave, pues afectará el crecimiento de la oferta eléctrica limpia de Honduras.
“Ese decreto establece nuevas reglas del juego. El Estado va a ser el que va a invertir y la empresa privada no va a poder invertir más del monto que invierta el Estado. Quiere decir que si por desgracia el Estado -que no tiene fondos en este momento porque está en quiebra- no consigue los fondos para desarrollar proyectos renovables, es decir, invierte cero centavos, en los próximos cuatro años la empresa privada tampoco va a poder invertir nada.
Si lo hace, va a violar un decreto que le dice que no puede invertir más que lo que invierta el sector público. Esos son causantes de desmotivación para quienes quieran considerar invertir en Honduras en energía renovable. La energía renovable por sus precios bajos, la recuperación de la inversión toma mucho tiempo. Es exponerse a invertir en Honduras para los próximos 15 o 20 años”, vaticinó Ordóñez, también asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
En crisis. En similares términos se pronunció la actual presidenta de la Aphee, Karla Martínez, quien señala que al último corte, actualmente todos los proyectos de energía renovable en las diferentes tecnologías, como ser hidroeléctricas, eólicas, solares, geotérmica y biomasa, sufren de más de 10 meses de mora en el pago de la energía vendida. La deuda asciende a más de L16,000 millones.
A eso le suma el sombrío panorama que traen consigo los apagones o racionamientos.
“Honduras está con un déficit en contratación de nueva energía arriba de los 450MW, los racionamientos se agudizan en las horas pico y sobre todo en verano. El Estado siempre ha tenido la responsabilidad a través de su distribuidora - Enee- de realizar las licitaciones y contrataciones.
TOME NOTA
El futuro de los nuevos proyectos de energía renovable con la nueva ley recaerá en el Gobierno, ya que limita en gran medida los flujos de inversión privada y ubica a empresarios locales en una posición menos competitiva en Centroamérica.
Para los nuevos proyectos que se necesitan urgentemente, si se limita la participación privada, es vital que el Gobierno busque los fondos si decide que es el Estado el que realizará la inversión y aplique las licitaciones competitivas para encontrar los mejores precios”, afirmó.
Por otra parte, el impago de la Enee es algo que los tiene en condición crítica. “La mayor situación que enfrentan los generadores renovables es poder hacer frente al no pago de energía, el cual complica la situación financiera, el cumplimiento de pago de préstamos a banca nacional y extranjera y, por supuesto, el poder sobrellevar el flujo de caja para pago de empleados y mantenimiento de las plantas y poder continuar en operación”.
“Actualmente son 81 proyectos de energía renovable que están activos en el país”, explicó a LA PRENSA.
Precios altos
Hugo Noé Pino, presidente de la comisión de energía del Congreso y vicepresidente de ese poder del Estado, dijo que la negociación de los contratos que estipula la ley incluye hacer los pagos atrasados a los productores de energía.
“Ellos tienen que reconocer que hay contratos con precios exageradamente altos que perjudican a toda la economía. Que no va a haber inversiones, yo lo dudo. En la comisión de energía del Congreso hemos recibido a varias empresas que están pendientes, aun con contratos aprobados y que no han comenzado las inversiones, que están en la mejor disposición de invertir en el campo eléctrico”, sostuvo.
Pino aseguró que respecto a la ley, los productores de energía “han tenido tantos privilegios que no los quieren perder y van a usar los argumentos técnicos y no técnicos para justificar esos sobreprecios”, finalizó.
