tegucigalpa. Entre 2013 y 2015 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) ordenó al Comité Técnico del Fideicomiso para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, más conocido como Tasa de Seguridad, transferir L180 millones a la comisión encargada de la construcción del centro penal de La Acequia, en Quimistán, Santa Bárbara.
Esta nueva prisión surge luego de que el 17 de mayo de 2004 un total de 107 privados de libertad de la bartolina 19 del Centro Penal de San Pedro Sula perecieran al incendiarse la cárcel.
Posteriormente ante una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado hondureño aceptó su responsabilidad y luego de llegar a un acuerdo amistoso con los representantes de las víctimas se comprometió a construir el mencionado presidio, obligación que quedó establecido en la sentencia internacional de fecha 27 de abril de 2012.
La ejecución del proyecto quedó bajo la responsabilidad de un comité proconstrucción dirigido por monseñor Rómulo Emiliani. La obra avanzó de forma transparente hasta 2016. Luego el Gobierno determinó que tal comité ya no debía continuar y le quitó el proyecto, que luego abandonó.
Para Hugo Maldonado, defensor de derechos humanos, la construcción de la cárcel de La Acequia actualmente se la come la maleza. “Cuando el Codeh preguntó por qué no se continuaba se le respondió que había que invertir más de lo que se había invertido, ya que había que hacerse un nuevo diseño”, sostuvo.
Reacción
De acuerdo con Juan Ramón Molina, representante del Cohep ante la Tasa de Seguridad, en el proyecto surgieron un “montón de inconvenientes que tenían que ver con las leyes internacionales para los derechos humanos y regulaciones para este tipo de construcción”, manifestó. Recordó que el gobierno contrató consultores internacionales. “Se dijo que la cárcel de Naco debería cumplir con todas las normas que estaban cumpliendo los demás centros penitenciarios, porque no era correcto hacer unas que cumplían con todas las normas y otras que no”.
Recursos. En esta construcción, según registros del CNDS, se invirtieron 180 millones de la Tasa de Seguridad. En la resolución 44 de fecha 26 de agosto de 2013 se establece la primera erogación de 20 millones de lempiras.
Posteriormente, el 2 de junio de 2014 se asignaron otros 60 millones para “apoyar y concluir con la primera etapa del centro penitenciario nacional noroccidental La Acequia, más el costo de supervisión de la obra debidamente terminada”.
De la misma forma el 16 de marzo de 2015 se instruyó al Comité Técnico de la Tasa de Seguridad erogar L120 millones más como ampliación del presupuesto para finalizar la primera etapa del centro penal.
Un año antes, el 12 de agosto de 2014, el CNDS a través de la resolución 78-2014 instruyó a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) entregarle a la fundación para la construcción del penal un primer lote de chatarra incautada valorada en L877,777 y un segundo lote con un valor de L11,178, 222.
En el documento se hace ver que “el Estado de Honduras tiene una obligación que nace de un acuerdo de solución amistosa homologado por la Corte Internacional de Derechos Humanos”, por lo que la OABI “en atención a la Ley para el establecimiento de una visión de país y la adopción de un plan de nación, en procura de evitar una sanción internacional por incumplimiento de la obligación que nos ocupa, pone a disposición del Estado un lote de 19 ítems, agrupada en 16 partidas de bienes en estado de deterioro declarados en comiso”.
