Quimistán, Santa bárbara. Cuatro años han transcurrido desde que los trabajos en el Centro Penal de La Acequia se paralizaron. Hoy, la maleza y el óxido se han apoderado de la infraestructura ante el abandono gubernamental de la obra.
El esfuerzo que la Fundación Pro construcción del Centro Penal hizo quedó en nada luego de que el Instituto Nacional Penitenciario decidiera hacerse cargo del proyecto.
Más de 200 millones de lempiras están botados en una gigantesca obra que se inició en un terreno, de unas 200 hectáreas, ubicadas en La Acequia, una comunidad que colinda con Naco, Cortés, por lo que muchas personas identifican el proyecto penitenciario como la cárcel de Naco.
El predio donde se determinó edificar el penal —una infraestructura con todas las condiciones para la rehabilitación de 3,500 privados de libertad y que originalmente se diseñó de mínima y mediana seguridad— hoy se ha convertido en una enorme selva, hábitat de serpientes (cascabeles, corales) y otras alimañas.
Después de casi cinco años de abandono, una diversidad de plantas espinosas, arbustos y enredaderas se apoderaron de los recintos, paredes, ventanales, así como de las bartolinas, unas terminadas y otras inconclusas.
Por falta de mantenimiento, el óxido también hace su trabajo, corroe lentamente la lata de los contenedores acondicionados como celdas y el hierro de sus puertas.
El monte que envuelve los materiales de construcción que quedaron tirados por todos lados, así como la maleza que se fortalece en el interior de los módulos, más las láminas de los techos arrancadas y retorcidas por el viento, crean en el visitante la sensación de estar frente a una antigua prisión. Aquí los únicos presos que existen son los fantasmas de la negligencia y la indiferencia estatal que deambulan entre las sombras y el silencio.
Glenda Ayala, titular del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), mostró su preocupación por el abandono en que se encuentran estas instalaciones, a pesar de que se han asignado recursos para habilitar dos módulos.
“Es lamentable porque esos son recursos del Estado botados. Lo hemos señalado y lo hemos mencionado no solo a la comunidad nacional e internacional. Como mecanismo solicitamos y recomendamos a las autoridades de la comisión interventora (de centros penales) que se asignen los recursos que se establecieron en el PCM de este año y que se habiliten los dos módulos para poder palear un poco el desarraigo que han sufrido los reclusos que pertenecen a la jurisdicción de San Pedro Sula”, exigió.
Infraestructura. La construcción de esta prisión surgió luego que el 17 de mayo de 2004, un total de 107 privados de libertad que estaban en la celda 19 del centro penal de San Pedro Sula perecieran como consecuencia de un pavoroso incendio. La cárcel sampedrana se ubicaba en medio del barrio Cabañas. Las fugas, incendios, hacinamiento estaban a la orden del día.
Ante esta situación, el entonces presidente Ricardo Maduro juramentó a Monseñor Rómulo Emiliani como coordinador del comité para la construcción de un nuevo penal. Dos años después el Gobierno de Manuel Zelaya Rosales, mediante decreto ejecutivo número PCM 15-2007 publicado en La Gaceta el 12 de noviembre de 2007, creó la Comisión Pro-Desarrollo de San Pedro Sula que en su artículo 6 establece: “la Comisión será la responsable por la construcción hasta su conclusión del nuevo centro penitenciario”. Esta comisión fue presidida por la Iglesia católica, en este caso por la Diócesis de San Pedro Sula, liderada por Emiliani, posteriormente se convirtió en una fundación. El costo de la cárcel en 2013 era de 399,730,000 lempiras. Con la fundación se invirtieron L160 millones.
A pesar que el Gobierno desembolsaba el dinero a cuentagotas, el proyecto avanzó y se construyeron dos módulos con seis pabellones cada uno. La Fundación hizo también su esfuerzo con actividades y recaudación de fondos.
Fue en 2016 que la Fundación fue informada que el proyecto pasaba a manos del Instituto Penitenciario. Les informaron que una empresa privada se haría cargo de continuar la construcción. Los miembros de la Fundación se sorprendieron por la decisión, expresaron su malestar y decidieron renunciar al proyecto.
El argumento de las autoridades gubernamentales encargadas fue y sigue siendo que era necesario un rediseño y se tenía que ajustar a las políticas penitenciarias.
Ese Instituto fue creado en el 2015 y tomó la administración de los 27 reclusorios del país.
En un informe elaborado en 2018 durante la última supervisión del penal de La Acequia, se estableció que la fundación construyó seis módulos y otras obras ya con INP a cargo.
RESPONSABILIDAD ESTATAL
17 de mayo 2004. Se incendia el penal de San Pedro Sula y 107 reos que estaban en la bartolina 19 se calcinaron.
14 de julio 2005. La Pastoral Penitenciaria, Caritas Sampedrana y Eric acuden ante la Comisión Interamericana.
17 de octubre 2008. La Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 78/08, el cual luego es notificado al Estado hondureño.
11 de marzo 2011. Como el Estado hondureño no responde, la Comisión envía el caso a la Corte Interamericana.
21 de octubre 2011. Honduras contesta demanda y rechaza responsabilidad por las violaciones a la Convención Americana.
28 de febrero 2012. Honduras reconoce su responsabilidad y manifestó haber llegado a un acuerdo de solución amistosa.
27 de abril 2012. La Corte Interamericana condena al Estado hondureño a pagar indemnización y construir nuevo penal.
10 de agosto 2021. La Fiscalía conoce del saqueo de más de 13 millones de lempiras destinados a cumplimiento de sentencia.
En ese entonces, el supervisor de la obra era Osmin Bautista, un ingeniero sampedrano que explicó que mientras se rediseñaba el penal, se construyó el cerco que delimita las 135 manzanas de terreno. Además, se construyó el cerco poniendo fin al problema de invasiones que ya se estaban teniendo
Bautista dijo que se levantaron cinco torreones de vigilancia, una aduana de control y acceso a dicho centro y dos edificios para los dormitorios de los custodios penitenciarios.
Al preguntarle sobre el porqué del abandono del proyecto, respondió que lo desconoce.
Responsabilidad
Luego de esa visita y de hacerlos a un lado, trascendió que el Gobierno, obviandola sentencia de la Corte Interamericana de fecha 27 de abril de 2012, estaba destinando enormes cantidades de dinero en la construcción de una nueva prisión en Ilama, Santa Bárbara.
En el PCM 102-2020 publicado en el diario La Gaceta el 31 de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo prorrogó el periodo de vigencia de la comisión interventora del Sistema Penitenciario y estableció una partida de 528 millones de lempiras para que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) invierta en la mejora de las prisiones del país. De esa cantidad se asignaron unos fondos para poner a funcionar unos módulos en La Acequia.
LA PRENSA, a través de Relaciones Públicas del Instituto Nacional Penitenciario, trató de conocer la versión de Rony Javier Portillo, director de esa institución, sobre el dinero asignado para reanudar los trabajos en La Acequia, pero nunca respondió. Igualmente se buscó la versión de las autoridades de Finanzas sobre la asignación establecida, y tampoco contestaron.