03/12/2022
12:01 AM

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Invasiones son en 7 departamentos de Honduras

Las inversiones están paralizadas por 3,000 millones en plantaciones de caña de azúcar, palma aceitera, energía y minería.

Mala decisión

El gobierno de Porfirio Lobo cometió un error en Colón Ramón Lara, director ejecutivo del INA, considera que la administración de Porfirio Lobo Sosa cometió el error de obtener un préstamo para comprar las tierras que en 2009 tenían invadidas el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca) y el Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán (Marca).“Durante el gobierno del presidente Lobo, en el Aguán hicieron tomas y el Gobierno decidió de alguna forma forzar a los propietarios para que vendieran las fincas. Así fue como lograron que compraran 4,600 hectáreas que distribuyeron entre las diferentes empresas de Marca y Muca. Creyeron en aquel momento que el problema se iba a resolver, pero eso fue un error para nosotros (...) Para comprar esas tierras, el Estado sacó un préstamo en Banhprovi con una garantía soberana que la cubre la Secretaría de Finanzas.”, dijo. “Ahora el Estado está pagando esa deuda”.

SAN PEDRO SULA. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) asegura que el Gobierno hace oídos sordos a las denuncias sobre invasiones de tierras presentadas reiteradamente por esa organización.

Pero el Instituto Nacional Agrario (INA) se defiende y dice que los operadores de justicia son los responsables de dirimir los conflictos y ordenar los desalojos de personas que por motivaciones ideológicas han invadido cuatro fincas en Colón en los últimos dos años.

Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, en una entrevista con Diario LA PRENSA, informó que no solo en Colón hay invasiones de tierras cultivadas, también en Choluteca, Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Francisco Morazán y Copán, las cuales han paralizado más de $3,000 millones en inversiones en plantaciones de caña de azúcar, palma aceitera, energía y minería.

“Tenemos denuncias, pero la autoridad no funciona. Esto se está dando porque ven que es fácil hacer una invasión porque la autoridad no funciona, no existe la autoridad. Los invasores de oficio actúan, estos no son campesinos, son delincuentes que se apropian de las mejores tierras que están cultivadas. No son tierras ociosas. Se apoderan de tierras que están limpias y cultivadas”, aseguró Urtecho.

Hasta antes de la pandemia (2019), las empresas propietarias de tierras invadidas mantenían paralizadas las inversiones que, según los cálculos del Cohep, sumaban más de $2,400 millones. Hoy con las nuevas invasiones en otros puntos del país, de acuerdo con Urtecho, esa cifra se ha disparado y podría superar los $3,000 millones.

En años anteriores, el Cohep le propuso al Gobierno “crear una estructura de gobernanza para garantizar el derecho a la propiedad privada y promoción de las inversiones a través de un comité técnico”; además, le sugirió “promover una normativa que establezca nuevos procedimientos ágiles y eficaces que permitan la implementación de la figura de la flagrancia” al momento de actuar contra los invasores.

Pese a esas y otras sugerencias y a las constantes denuncias, las autoridades no han actuado, criticó Urtecho. “Se lo hemos planteado a la Secretaría de Seguridad, al jefe de las Fuerzas Armadas, al presidente de la República, al Ministerio Público, para que utilicen la figura de la flagrancia y no han hecho absolutamente nada, ni siquiera contestan los correos electrónicos y las notas que hemos enviado. ¿Cómo vamos a recibir así inversión en el campo?”, dijo.

“En este momento no actúan contra los invasores para no perder votos. Pero espero que sea por eso y no por cobardía. El daño que están causando a la economía es bastante grande. Nosotros hicimos una denuncia sobre lo que estaba ocurriendo en Choluteca y parte sin novedad. Presentamos la nota, las fotografías y dos años y medio después no han hecho absolutamente nada”, dijo.

El 7 de julio, un grupo de hombres armados con machetes y garrotes ingresaron violentamente en la finca Camarones, propiedad de Corporación Dinant, y desde entonces permanecen de manera ilegal en este terreno situado a unos 15 kilómetros del centro de Tocoa y a un costado de la carretera a Salamá.

Dos meses antes, otro grupo invadió Los Laureles, un terreno cerca del casco urbano de Tocoa. Estas dos nuevas usurpaciones han sido ejecutadas mientras permanecen ocupadas desde abril de 2018 la finca de San Isidro, a un kilómetro del hospital de Tocoa, y la finca Paso Aguán (agosto de 2017), todas pertenecientes a Dinant.

Reacción. Ante los señalamientos del Cohep, Ramón Lara, director ejecutivo del INA, defiende al Gobierno y dice que no tiene responsabilidad directa sobre lo que ocurre en Colón y otros departamentos.

“Hay un sistema judicial que lleva los procesos para velar que la seguridad se cumpla en el país. Todas esas empresas ya acudieron a los juzgados y los juzgados no emiten las órdenes de desalojo. Con la reforma del Código Penal se vino a aligerar las penas y también los procedimientos para acusar a alguien. El Estado como tal no tiene una responsabilidad directa porque se depende de la Fiscalía y de las acciones de los juzgados”, dijo.

Para el funcionario, “es lamentable la situación que se está viviendo en Colón. Se está poniendo en precario la inversión privada, la seguridad jurídica del país con la toma de esas fincas. Hay empresas como Corporación Dinant, con cuatro fincas tomadas, arriba de 3,000 hectáreas cultivadas. Normalmente las invasiones en esa zona suceden entre los meses de septiembre y noviembre porque es el pico de la cosecha, es cuando más fruta hay en las plantas. Ellos se toman las fincas y comienzan a cosechar y vender el producto. Una finca de ese tamaño produce varios millones de lempiras en un mes. Esa es una pérdida para la empresa”.

“Hay tomas en otras partes del país, pero no con la gravedad de Colón. Se han podido resolver porque los grupos no son tan grandes. Por medio de las tierras incautadas que tiene la Oabi hemos reubicado grupos campesinos de Olancho, Santa Bárbara, Copán y Cortés. En Colón la situación es más grave. Los grupos son más fuertes. El aspecto ideológico tiene mucho que ver. Los dirigentes de un partido determinado están manejando tras bambalinas esta situación. Ese es uno de los problemas: el tema ideológico, político”, puntualizó Lara.