Invasiones causan más de$2,000 millones en pérdidasSegún el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), las empresas han dejado de invertir más de $2,219 millones a causa de las invasiones de tierras en diferentes departamentos del país. Datos obtenidos por esa organización empresarial indican que los productores de caña de azúcar han dejado de invertir más de $10.2 millones, el sector energía $164.4 y la minería más de $2,219.Los últimos cálculos no incluyen las pérdidas causadas por los usurpadores a la industria de la palma aceitera y a la economía local de Tocoa que depende en más de un 80% de esta actividad de exportación.Debido a que la economía de Tocoa depende de la palma y quienes participan en este sector se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, el Grupo Dinant exhorta al Gobierno a tomar medidas “para garantizar los medios de vida de los trabajadores, familias y comunidades locales”.
TOCOA, COLÓN. En medio de la efervescencia política frente a las elecciones generales de noviembre, decenas de campesinos en crisis, pero atizados por miembros del crimen organizado y con la desidia de las autoridades, mantienen invadidas cuatro fincas de palma aceitera en este municipio que hace cinco años superó el último gran conflicto agrario.
El pasado 7 de julio, un grupo de hombres armados con machetes y garrotes, quienes aseguran ser campesinos, irrumpieron en la finca Camarones, propiedad de Corporación Dinant, y desde entonces permanecen de manera ilegal en este terreno situado a unos 15 kilómetros del centro de Tocoa y a un costado de la carretera que conduce a Salamá.
Periodistas de Diario LA PRENSA constataron el fin de semana que los invasores han construido pequeñas casas dentro del terreno en cuyo portón han colocado la Bandera Nacional de Honduras. En ese mismo lugar, elementos de la Policía Nacional montan guardia permanente, y guardas privados de Dinant se mantienen a un kilómetro vigilando el comportamiento de los usurpadores.
El presidente del patronato de una comunidad cercana que solicitó el anonimato le informó a Diario LA PRENSA que “verdaderamente hay personas que necesitan tierras para cultivar; pero detrás de ellos hay individuos que no son campesinos y se dedican a invadir terrenos ajenos para después vender, y actúan libremente porque ninguna autoridad llega a sacarlos”.
Los usurpadores invadieron finca Camarones dos meses después de haber ingresado violentamente en la finca Los Laureles, un terreno situado cerca del casco urbano, y unos años después de apropiarse ilegalmente (abril de 2018) de finca San Isidro, a un kilómetro del hospital de Tocoa, y de la finca Paso Aguán (agosto de 2017), todas pertenecientes a Grupo Dinant.
Dinant, empresa que tiene 7,600 empleados, ha denunciado que varias miles de hectáreas de tierra productiva cultivada con palma están en manos de “grupos criminales y violentos” y ha aclarado que reconoce la lucha legítima de los campesinos sobre tierras ancestrales, pero “no es este el caso”.
“Aunque la Corte Suprema de Justicia consistentemente ha dictaminado que las tierras en mención pertenecen de forma legítima a Dinant, a la fecha las autoridades se desentienden del asunto pretendiendo que sea un conflicto sobre privados, cuando está claro que se trata del quebrantamiento de derechos otorgados por la Constitución y que el delito sucede bajo la inacción del Estado”, denunció esa compañía por medio de un comunicado.
Según Dinant, “como resultado de la limitada acción de los entes del Estado y del Gobierno y consecuentemente la impunidad para los infractores, se incentiva aún más la usurpación ilegal y la confrontación por parte de estos criminales, quienes en el pasado se han cobrado víctimas mortales y han agredido a colaboradores no armados y comunidades”.
Una fuente conocedora de ese conflicto, la cual solicitó la no publicación de su nombre, aseguró que “en estas nuevas invasiones participan personas del crimen organizado y personas que son invasores de oficio que utilizan a personas humildes para apropiarse de estas tierras que están cultivadas con palma”.
“Lamentablemente, estamos en un período de campaña política y todos quieren ganar votos.
Las autoridades locales dicen apoyar a los campesinos y evitan los problemas con los invasores.
Por otro lado, el Gobierno se desmarca del tema y por eso no se atreve a ejecutar un desalojo.
Sí hay policías en algunas de esas fincas, pero solo hacen guardia y no sabemos para qué”, dijo.
Periodistas de LA PRENSA que recorrieron las fincas invadidas confirmaron que los usurpadores no tienen ningún tipo de presión de parte de una autoridad competente para retirarse de esas tierras.
Los periodistas constataron además que los ocupantes no han cultivado nuevas plantaciones y obtienen ganancias económicas por los frutos de las palmas aceiteras cultivadas por Grupo Dinant.
