TOCOA, COLÓN. El rebrote de invasiones a fincas de palma aceitera de parte de campesinos utilizados por miembros del crimen organizado y usurpadores de oficio en Colón es responsabilidad directa de los Gobiernos por no haber creado una política agraria justa y por suscitar inseguridad sobre la propiedad privada.
Autoridades de Colón y líderes comunales de Tocoa han llegado a esa conclusión y advierten que “la situación se pondrá peor”.
Según Ramón Soto Bonilla, diputado de Colón, el “Gobierno no ha solucionado los problemas de tenencia de la tierra, no ha cumplido algunos compromisos. El problema sigue latente”.
Agregó que “hay problemas con grupos campesinos que de forma legal están en posesión de una finca en San Isidro, pero el Gobierno no ha logrado dilucidar a pesar de que ellos ganaron en primera instancia.
Hay conatos en la margen izquierda y vemos que continuarán”, dijo Soto Bonilla durante un cabildo abierto para declarar a Tocoa libre de las zonas de empleo y desarrollo económico (zede).
Aclaró que “así como hay grupos de campesinos que recuperan las tierras porque legalmente son de ellos, hay grupos que invaden terrenos aprovechando la inseguridad jurídica creada por el Gobierno. Hay grupos campesinos que están en la lucha y que les asiste la ley; pero hay gente infiltrada que cuando ve alta la producción aprovecha”.
“Hay un diputado del Partido Nacional que anda diciendo que van a crear un Cancún en Iriona. Eso es falso. Quieren apropiarse de los recursos naturales y la tierra de Colón. Con esa ley que aprobaron, las zede, pueden invadir tierras por medio de la expropiación. Los campesinos por otro lado recuperan legalmente tierras y otras personas aprovechadas invaden tierras”, dijo.
El 7 de julio,un grupo de hombres armados con machetes y garrotes ingresaron violentamente en la finca Camarones, propiedad de Corporación Dinant, y desde entonces permanecen de manera ilegal en este terreno situado a unos 15 kilómetros del centro de Tocoa y a un costado de la carretera a Salamá.
Dos meses antes, otro grupo invadió Los Laureles, un terreno cerca del casco urbano. Estas dos nuevas usurpaciones han sido ejecutadas mientras permanecen ocupadas desde abril de 2018 la finca de San Isidro, a un kilómetro del hospital de Tocoa, y la finca Paso Aguán (agosto de 2017), todas pertenecientes a Grupo Dinant.
Para Helmer Herrera, regidor municipal de Tocoa, las invasiones hechas por “vividores” y las “recuperaciones” legales de los campesinos “son producto de las pésimas políticas y leyes creadas por el Gobierno”.
“No nos extraña que las invasiones surjan en tiempos políticos. Cuando vienen las elecciones surgen esas cosas. No puede ser. Las empresas tienen que dar condiciones para dar empleo a nuestras personas. Invadieron Camarones.
Dicen que son campesinos que dicen que esas tierras eran de ellos y las reclaman. Pero habría que ver si ellos tienen razón. Yo no puedo decir si ellos tienen o no razón, pero sí puedo decir que el Gobierno es el responsable de estos conflictos”, dijo Helmer Herrera durante el cabildo abierto contra las zede.
Líderes de patronatos de comunidades rurales de Tocoa consulados por Diario LA PRENSA relataron que “en las invasiones participan campesinos y también otras personas que no necesitan tierras”.
