Las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Salvador de Honduras (PSH) esperan contar con los votos de una facción del Partido Liberal (PL) para lograr mayoría en el Congreso Nacional y derogar una serie de leyes que el Partido Nacional aprobó en la última década y que, a juicio del nuevo gobierno, han sido “nefastas”.
En el nuevo Congreso, Libre (con 50 diputados) y PSH (10 diputados) actuarán en bloque y mantendrán 60 votos seguros para impulsar cualquier proyecto legislativo.
Sin embargo, esas dos fuerzas necesitarán el apoyo de cinco diputados no alineados del Partido Liberal (PL) para alcanzar la mayoría simple (65), la cual permite derogar leyes secundarias.
El PL, criticado por mantener un notorio maridaje legislativo con el Partido Nacional (PN) en la última década, en la nueva configuración del Congreso llegará extremadamente debilitado a la cámara: participará con 22 parlamentarios, cuatro menos que en el período legislativo 2018-2022.
En 1993, cuando era la entidad política más relevante de la nación, el Partido Liberal contaba con 71 parlamentarios.
Libre y PSH tienen en la mira la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), la Tasa de Seguridad contenida en la Ley de Seguridad Poblacional, las últimas reformas del Código Penal y Código Procesal Penal, Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como Ley de Secretos, las reformas de la Ley Especial contra el Lavado de Activos y otras que, desde el punto de vista de fiscales, han socavado la institucionalidad y fomentado la corrupción.
Ramón Enrique Barrios, quien en las elecciones de noviembre se convirtió en diputado por Cortés por Libre, le dijo a Diario LA PRENSA que la derogación de esas leyes es una orden que dieron los ciudadanos en las urnas el pasado 28 de noviembre y es una acción impostergable para recuperar la institucionalidad, la gobernabilidad y frenar la ola de corrupción.“
Es necesario derogar una serie de leyes, entre ellas, la Ley de Secretos. Esta se puede derogar con una mayoría simple. Hay que derogarla para que el dinero público no sea motivo de secreto.
Hay que derogar las reformas que le hicieron al Código Penal, muchas personas que delinquieron están saliendo de las cárceles. Hay que derogarlas para que la impunidad no siga campeando”, dijo.
Barrios, exjuez de sentencia en San Pedro Sula, plantea que el nuevo gobierno tendrá que revertir la Tasa de Seguridad, un fondo creado en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa y nutrido durante una década por aportaciones que los hondureños realizan por hacer algunas transacciones bancarias y mercantiles.
La Tasa de Seguridad, creada con el fin de financiar el gasto gubernamental para combatir la delincuencia y criminalidad, ha sido objeto de diversos cuestionamientos desde que entró en vigor, debido a que no se dan detalles de cómo se invierte el dinero.
“Con la Tasa de Seguridad estamos sobregirados dos o tres años.Esa tasa debe ser revertida. La volveremos una tasa para la educación. Los niños no pueden regresar a clases presenciales porque la infraestructura de las escuelas públicas está dañada. Hay que reconstruirla con el dinero de esa tasa. Podemos aprobar un decreto transitorio para utilizar el dinero de esa tasa para seis meses”, dijo el nuevo diputado por Cortés.
Xiomara Castro, la nueva presidenta del país, durante la campaña electoral les prometió a los ciudadanos derogar la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zede), la cual, según analistas, promueve la expropiación y quebranta la soberanía territorial al permitirles a inversionistas extranjeros la formación de un nuevo estado dentro del Estado hondureño.
Frente a una expectativa bastante alta que tiene la población, Barrios aclara que la derogación de esta ley “requerirá la mayoría calificada (86 votos)” y que inevitablemente tendrá que ser “consensuada con diputados del Partido Nacional y Liberal que han manifestado estar de acuerdo” con la iniciativa promovida por Libre y PSH.
Los diputados de las dos bancadas, consultados por Diario LA PRENSA, consideran que hay condiciones positivas dentro del Congreso Nacional que permitirán la derogación en vista de que, tal como lo han reconocido algunos parlamentarios nacionalistas, laceran los intereses y los derechos de la sociedad.
Impostergable
Fausto Cálix, diputado de Libre por Francisco Morazán, advierte que la derogación de decretos “nefastos” es impostergable” y les deja claro a los colegas de otros partidos que tienen dudas que “este es un mandato del pueblo y eso deben entenderlo”.
“Hay un pueblo exigiendo y demandando la derogación de esas leyes. El pueblo mantendrá el ojo puesto sobre los diputados y hará presión. En las elecciones del 28 de noviembre los ciudadanos votaron para lograr un cambio”, dijo Cálix en una entrevista telefónica con Diario LA PRENSA.
El PN, que gobernó a sus anchas en los últimos cuatro años por tener 61 diputados, comenzará un nuevo ciclo con 44 parlamentarios.
Después de las elecciones generales, el legislador reelecto Mario Pérez anunció que los colegas de su partido estarían dispuestos a apoyar la eliminación de las zede.
Aún con ese panorama que se ha abierto, un importante grupo de organizaciones sociales, entre ellas el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y el Movimiento Nacional contra las Zedes, instó el pasado viernes a los miembros de la comisión de transición del gobierno de Castro a aprobar un “decreto ejecutivo de nulidad” para “eliminar las zede”.
Zonas especiales
Mientras Samuel Madrid, diputado de Libre por Cortés, le dijo a Diario LA PRENSA que “la derogación de todas esas leyes es un compromiso de campaña que será cumplido y una responsabilidad moral que tienen todos los diputados”.
Las dos bancadas buscarán, según Madrid, la derogación de la Ley de las Zede para dar paso a la creación de una ley de verdaderas zonas económicas especiales que efectivamente en otros países han funcionado sin comprometer la soberanía territorial y bajo la autoridad de las instituciones del país.
“El país necesita inversión. Nosotros podemos crear un régimen de zonas especiales de desarrollo para atraer inversión y generar empleo así como ha existido la maquila. Deben funcionar dentro de las leyes hondureñas, dentro del sistema jurídico nacional y bajo la autoridad de las instituciones del sistema hondureño”, profundizó el parlamentario sampedrano.
