El sueño del obispo emérito de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani, de dar a la Capital Industrial una nueva cárcel, moderna, segura para los privados de libertad y equipada para devolver a la sociedad personas rehabilitadas, fue desechado en 2021 por las autoridades penitenciarias de entonces.
Desde su concepción hace 18 años, la cárcel de La Acequia fue pensada exclusivamente para alojar a los reclusos de San Pedro Sula y sus alrededores, pero el proyecto fue reconfigurado totalmente.
Debido a que las obras del llamado Centro Penitenciario Regional de San Pedro Sula (CPR-SPS) se paralizaron a finales de 2017, el proyecto fue readecuado y se dividió en dos cárceles distintas: la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social (PNFAS) Noroccidental y el Centro de Detención, Reflexión y Enfermedades Infectocontagiosas.
LA PRENSA Premium tuvo acceso en exclusiva a información proporcionada por la Empresa de Evaluación Diseño y Gestión (Edge) sobre los cambios que sufrió el proyecto, a petición del Instituto Nacional Penitenciario (INP).Esas nuevas obras encargadas como una “serie de alternativas para lograr finalizar el proyecto, concluyendo en la opción llamada Readecuación del Proyecto Original”, se presupuestaron.
El monto establecido en el nuevo perfil del proyecto fue de 798,408,786 lempiras, de los que 760,389,320 se identificaron para la obra y 38,019,466 para la supervisión. También se estableció un tiempo de ejecución de 16 meses. Si se suman los más de L200 millones invertidos hasta el momento en las obras físicas que se pueden ver en el sitio de la cárcel, la totalidad del proyecto andaría rondando los L1,000 millones de lempiras.
Esto representa el doble de lo que costó la cárcel de Ilama, en Santa Bárbara, conocida como El Pozo. O lo que costaron juntos El Pozo y el penal de La Tolva, en Morocelí, El Paraíso. Para el caso, El Pozo tuvo un costo global de aproximadamente: 22 millones de dólares (más de L550 millones al cambio actual) en un área aproximada de 16,500 metros cuadrados.
Dicho sea de paso, esta obra donde se alojan a reos de máxima peligrosidad (pandilleros y crimen organizado) también la construyó la empresa Edge, así como la cárcel de Morocelí que también tuvo un costo aproximado de $22 millones, en un área aproximada 12,800 metros cuadrados con capacidad para 1,465 camas. Ambos montos constan en el sitio web de la compañía Edge (http://edge.hn).
El proyecto original
Fue en 2017, que el INP, a través de la Tasa de Seguridad, contrató a la empresa Edge, bajo un contrato “llave en mano” para el diseño, construcción y equipamiento del Centro Penitenciario Regional de San Pedro Sula, para realizar la primera y segunda etapa del Plan Maestro, tomando como base las obras ejecutadas hasta esa fecha por la Fundación para la Construcción del Centro Penitenciario de Emiliani y el grupo de empresarios que lo respaldaron. La empresa Edge expone que ambos proyectos se iniciaron, en cumplimiento al cronograma contractual, pero en noviembre de 2017 se realizó una suspensión debido a la falta de fondos por parte del Gobierno para continuar la construcción en La Acequia.
Debido a esto, en 2018 se realizó el cierre definitivo del proyecto que también se ejecutaba en dos partes: CPR-1-SPS (Centro Penitenciarios Regional de San Pedro Sula, 1era. etapa para mínima y máxima seguridad) cuyo avance quedó en 17.85% y el CPR-2 -SPS (Centro Penitenciarios Regional de San Pedro Sula, 2da. etapa para mínima y media seguridad) con un avance de 6.92%.
Un año tardó el rediseño
A Edge se le encomendó además llevar a cabo una consultoría para buscar soluciones a las recomendaciones expuestas por la Unidad Técnica del INP a corto, mediano y largo plazo con el fin de realizar la readecuación de la obra existente mediante un nuevo planteamiento arquitectónico y generar la infraestructura necesaria para albergar a la población general de la Penitenciaria Nacional de San Pedro Sula proyectada para 2,978 reclusos.
“Esta solución permitía reutilizar todo lo ya invertido, de manera que no se perdiera, y sería una cárcel que cumpliría con todos los parámetros legales y de derechos humanos tanto nacionales como de normativa internacional. Incluía hasta un pabellón para mujeres que en la zona norte no se cuenta”, contó una fuente de Edge a LA PRENSA, que pidió que su nombre no fuera mencionado.
Añadió que “ la construcción de la cárcel se detuvo desde aproximadamente finales de 2019, y para febrero se inició un proceso de liquidación del contrato, ya que se comunicó que no habrían fondos para continuar con el pago, por lo que nos pidieron que liquidáramos. Se firmó la liquidación total y se hizo un informe completo de lo ejecutado y de los saldos pendientes. Creo que incluso la Tasa (de Seguridad) hizo una auditoría posterior donde se verificó lo liquidado”.
Expuso, además, que “a principios de 2021, las autoridades del INP nos pidieron que diseñáramos un modelo de cárcel diferente, ya que no se contaba con todo el presupuesto planificado, pero que sí tendría algunos fondos. Nosotros les hicimos varias propuestas, y finalmente llegamos una propuesta que fue aprobada por el INP junto con un presupuesto dentro de lo que se podía contar”.
La fuente añadió que era un proyecto con un presupuesto de 760 millones de lempiras para 1,200 privados de libertad, pero incluía todo el equipamiento, inclusive las unidades especiales de transporte.
“O sea, lista solo para llegar con los reos. Tenía cámaras, locutorios, todo incluido. Además, incluía todas las oficinas administrativas y los edificios de custodios igual con todo mobiliario incluido”. Expuso que en diciembre pasado, el Congreso emitió el decreto 143-2021 con la aprobación de los fondos totales, de los cuales ya había incluso en Banco Central unos 450 millones.
PUNTOS CLAVES
1. Aspectos de seguridad: El diseño de la cárcel de La Acequia fue cambiado porque se concluyó que los vagones usados como base para las celdas no eran apropiados.
2. Adquisición de propiedades: Se supo que tras conocerse que la cárcel sería en La Acequia, las maras comenzaron a comprar propiedades en comunidades aledañas.
3. Población está preocupada: LA PRENSA conversó con vecinos de La Acequia y pidieron que a esa prisión no sean llevados pandilleros, ya que peligra la paz de su comunidad.
Según consultó LA PRENSA Premium, en el decreto se ordena reasignar la totalidad de fondos consignados en el decreto PCM-102-2020 y a varias instituciones gubernamentales transferir al INP las asignaciones financieras necesarias para concluir el proyecto.
“No hemos vuelto a tener ninguna comunicación con las autoridades nuevas, ya que ahora es la Policía la que lo maneja, a pesar de que les hicimos llegar este proyecto que ya había sido aprobado y de contar con los recursos. Somos la única empresa en Centroamérica con especialidad en cárceles, y no sería prudente que le dejaran el diseño y construcción a alguien sin experiencia.
El proceso de llegar a esta opción, nos tomó más de un año de estudios, diseño y planificación y nadie nos ha vuelto ni siquiera a preguntar. Fue una lástima porque el diseño está muy bien conceptualizado, lo cual lo podrían corroborar con expertos en el tema, y le digo expertos porque el diseño de centros penitenciarios es muy especializado, no es una construcción normal”, apuntó.
Nuevo proyecto
Según Edge, el nuevo proyecto reconfigurado para La Acequia se iba a realizar aprovechando 22.89 manzanas de terreno, de las 109.86 disponibles.
La capacidad instalada es para 1,179 privados de libertad aproximadamente y un área de construcción techada de unos 27,056 metros cuadrados. Los productos generales a ser entregados están divididos en los dos centros antes mencionados, y cada uno se divide en tres áreas, según su funcionamiento: edificios principales, edificaciones de apoyo, y obras exteriores y sistemas generales.
En cada una de las etapas del proyecto se desarrollarán las diferentes ingenierías, abordando los sistemas hidrosanitarios, eléctricos, bajo voltaje, circuitos cerrados de televisión (CCTV), climatización e instalaciones especiales, que permitan la operatividad de las instalaciones. Las edificaciones principales se dividen en tres categorías: módulos de prisión, módulos de operación y aduanas de control de acceso.
