Impunidad: el 52% de las muertes de jóvenes está en investigación

Miles de niños y jóvenes en el país viven expuestos entre la violencia que impera en los distintos barrios y colonias donde la delincuencia y criminalidad organizada han ido tomando fuerza con el pasar de los años.

Los resultados de la última Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en el mes de octubre de 2021 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), estimó que la población entre 5 a 17 años era de 2,298,410 niños y niñas y por sexo representaron el 50.9 niños y 49.1 niñas%. Estos números, que quizá a la fecha presentan una mínima variable en cuanto a su demografía, son un indicativo de que gran parte de la población hondureña es joven, lo que significa una herida grave para el futuro de este país que adolece de múltiples vacíos sociales.

De las 2,646 muertes violentas de menores de edad que aparecen consignadas en el Ministerio Público durante 10 años (2012-2021), de 2,058 víctimas no fue registrada su ocupación, esto representa el 77.8% de los casos. De los que sí aparece el detalle, la mayoría de ellas eran estudiantes, siendo un 10% del total, seguido de 89 labradores y 55 agricultores, según los análisis hechos por la Unidad de LA PRENSA Premium.

Las muertes violentas en este sector de la población son atribuidas en mayor grado al crimen organizado y las maras y pandillas que pelean territorios para el narcotráfico al menudeo y el cobro de extorsiones. Un factor que contribuye a la violencia es la alta impunidad, a lo que se suman la evolución de las bandas criminales, según autoridades y organismos de derechos humanos.

La Policía tiene entre sus expedientes de investigación 27 causales derivadas del total de muertes violentas suscitadas en el período analizado por este rotativo. Las valoraciones hechas arrojaron que más de la mitad de los casos aún están en proceso de investigación, y en donde sí se conoce el móvil, los dos principales son enemistad personal y rivalidad entre maras y pandillas, con 19.4% y 11%, respectivamente.

Lourdes Ramírez, experta en prevención contra la violencia en el norte del país, manifestó que “varios de los niños fallecidos violentamente fueron parte de una desintegración en el hogar, no tenían familia, la migración obligó a sus padres a dejarlos al cuidado de abuelos, otros familiares e incluso vecinos, eso en definitiva los puso en riesgo”.

“Hace poco participé en un proceso de consultas de familias en el país y es dramática la situación, muchos se ven obligados a migrar y eso afecta sin duda a la niñez, es por ello que se debe velar por su resguardo. Este es un país sin futuro porque se nos están muriendo la niñez y juventud, porque se está expulsando a nuestra gente”, lamentó.

Ramírez dijo estar en desacuerdo sobre la teoría de que gran parte de los menores muertos durante los últimos 10 años fue por estar involucrados en maras y pandillas. “Es mentira, la Policía no hace verdaderas investigaciones que concluyan en sus suposiciones”, enfatizó.

Sugirió implementar programas sociales en cada municipio que impliquen más participación de la niñez y juventud. “Existe una frontera invisible que aún divide a nuestros niños y jóvenes, donde los estudiantes son de los más vulnerables. Cada municipio debe hacer lo suyo, el Gobierno central tiene sus propios problemas, entonces cada alcaldía debe trabajar a fondo esta problemática e ir de la mano con la ciudadanía”, concluyó.

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Dayanna Reynaud, quien funge como coordinadora de la defensoría de la niñez y familia en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), recordó que como entidad están llamados a observar y supervisar la aplicación de correcta justicia para que no se vulneren los derechos de los menores.

“Desde 2016 hemos estado trabajando de lleno contra el desplazamiento forzado interno, brindando atención a las víctimas que están en riesgo, visitando zonas y dando asesoramiento. Hemos identificado mayor vulneración por violencia forzada, derivada de la violencia contra la niñez en Francisco Morazán, Comayagua, Olancho, Cortés, Atlántida y Choluteca”, señaló.

“Sabemos que aún hay muchos niños y adolescentes que viven en albergues, no viven con las condiciones dignas y eso los expone a la violencia física, explotación, tráfico de drogas y reclutamiento de maras y pandillas. Cada vez estamos emitiendo recomendaciones con opiniones especializadas a los diferentes órganos para evitar que se vulneren los derechos de nuestra niñez”, subrayó.

“La violencia es una de las formas de vulneración más comunes en nuestro país y muchos de estos casos se desprenden de la conducta mostrada por los padres en los hogares, entonces, como nueva Dinaf estamos muy preocupados y haciendo lo necesario para dar el mayor acompañamiento posible. Nos hemos reunido con el Ministerio Público y Policía para fortalecer la línea 110 de la Dinaf y así recepcionar las denuncias, además de dar seguimiento a cada caso y ayudar psicológicamente a los menores”, indicó la directora de la Dirección Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Dulce María Villanueva.

“Hemos iniciado una inspección en todos los centros de la Dinaf porque nos hemos enterado que en algunos lugares no les están dando alimentación y los están tratando mal. También estamos aplicando todas las medidas de protección porque muchos padres los dejan con alguien más para que los cuiden y eso los pone en peligro, y aunque la idea nuestra no es institucionalizar a los menores mientras se sanciona a sus progenitores o se les desliga de sus hijos, evitaremos que lleguen a manos de personas irresponsables y consecuentemente a grupos antisociales”, externó la funcionaria.

Cristian Nolasco, quien fue jefe de lucha contra estructuras criminales y de operaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en los últimos años en San Pedro Sula, habló en exclusiva con LA PRENSA Premium acerca de la situación real que durante mucho tiempo han enfrentado niños y jóvenes en el país.

Este investigador de amplio recorrido y voz autorizada de la Policía de Investigación develó que las maras y pandillas están detrás de al menos el 50% de los crímenes vinculados con menores de edad y concluyó que los móviles de mayor peso han sido la pelea de territorio y tráfico de drogas entre las organizaciones criminales.

Nolasco no descartó que el crimen organizado sea partícipe debido a que “personas de la alta sociedad” contratan a sicarios para “deshacerse” de su objetivo”, incluyendo a menores. “Los reportes que recibimos a diario y que analizamos nos indican que maras y pandillas son quienes más han participado en muertes de menores, y en algunos casos se da por paternidad y maternidad irresponsable al dejar a sus hijos a cargo de terceras personas, eso los vuelve vulnerables”, aseguró.

“También ocurre que a veces miembros de la familia están involucrados en organizaciones criminales y cuando ocurren estos ataques hay menores de edad en el sitio, quienes pese a no tener culpa alguna, terminan muriendo, a esto le llamamos muerte circunstancial. Puede suceder de igual manera que aún cuando el menor no es el objetivo del asesino y lo mata para no dejar testigos oculares”, explicó.

“No podemos negar que en muchos casos los menores son usados como vehículos para mover droga, y cuando las estructuras contrarias se dan cuenta, los matan para enviar un mensaje, todas las organizaciones cuidan donde viven y donde operan”, apuntó.

En San Pedro Sula, el sector Rivera Hernández es considerado por la Policía de Investigación como el punto donde ocurren más homicidios y donde más organizaciones criminales operan a nivel nacional y de Latinoamérica. Solo en ese sector están la Pandilla 18, Mara Salvatrucha, Los Aguacates, Los Olanchanos, Los Vatos Locos, Los Tercereños, Los Locos de la Casa Blanca, Los Terraceños y Los Feos. Pese a que todas varían en cuanto a la forma en que delinquen, la Mara Salvatrucha, según la Policía, es la de mayor poder en el norte del país.

Estas estructuras se han apoderado también de sectores como Satélite, Chamelecón y Los Cármenes. Choloma es otra de las ciudades más violentas del país, donde operan la MS, Pandilla 18 y La Rumba. “Allí cada ciudadano vive con su ley, mira al policía como enemigo y no lo respetan, más bien de hacen amigos de delincuentes y eso afecta en las investigaciones”, mencionó Nolasco.

En Tegucigalpa operan con fuerza la Pandilla 18, MS y El Combo que no se deja, en puntos como Los Pinos, Suyapa, Flor del Campo, entre otras zonas.