Grises estadísticas y manchadas de sangre marcaron una década mortal en la que se apagó la vida de múltiples hondureños cuyos casos dejaron a la población con el corazón encogido porque todos tuvieron algo en común: las víctimas tenían menos de 18 años.
La Unidad de Datos de LA PRENSA Premium saca a la luz el crudo número de menores muertos que están documentados oficialmente por el Ministerio Público (MP) durante 10 años y las exponenciales formas en cómo murieron muchos de estos menores, gran parte de ellos provenientes de hogares pobres en el país.
Datos analizados arrojaron que de enero de 2013 a diciembre de 2021 se produjeron un total de 2,646 muertes violentas de menores. La cifra incluye suicidios, según recomendación de expertos en criminología.
A sabiendas que nada justifica este tipo de actos en la sociedad, se observó una tendencia de disminución en el número de hechos cometidos cada año, en particular después de 2016.
En los últimos tres años el número bajó paulatinamente, entre 2019 y 2021 no sumaron más del 7% del total de casos entre los tres, considerando además la variable de la pandemia del covid-19 en el país, cuyos casos de contagio fueron reportados en marzo de 2020, luego el Gobierno restringió la circulación durante varios meses a través de un estado de excepción y posteriormente toque de queda que obligó a gran parte de la población a permanecer encerrada en sus casas.
Según los análisis realizados, Francisco Morazán y Cortés encabezaron la lista de los departamentos con más sucesos de este tipo, sumando entre los dos más de 60% del total de hechos. Mientras que el departamento donde menos homicidios hubo fue en Valle, zona sur de Honduras.
Con una mirada más ajustada, el Distrito Central y San Pedro Sula son los municipios donde más casos se reportaron, con más de la mitad de los homicidios (56.2%). A estos dos le siguieron La Ceiba y Comayagua, que reportaron el 5% y 3% de los casos respectivamente.
En el resto de los municipios la cantidad de casos suscitados no llegó ni al 2% del total general. Mientras que en 48 municipios hubo un solo homicidio en cada uno a lo largo de una década.
Vulnerabilidad
La Policía considera que la niñez y juventud desde temprana edad comienzan a realizar labores de adultos y es allí cuando son captados por estructuras criminales que operan en los diferentes barrios y colonias de la geografía hondureña.
Para las autoridades, estos hechos tuvieron un denominador común: muchas de las víctimas inicialmente fueron raptadas para llevarlas a “casas locas” (viviendas abandonadas) y torturarlas para sacarles alguna información. La dinámica habitual estudiada por la Policía en estos casos es que tras matarlos, los ingresan a sacos, seguidamente movilizan sus cuerpos en vehículos para despistar y luego dejarlos tirados, eso le da a los victimarios un margen de tiempo importante para escapar, esconderse y que la Policía reaccione tarde.
“Cuando se dan estos homicidios lo primero que hacemos como Policía es buscar los antecedentes de la víctima, analizar su entorno familiar, de amigos y vecinos, su lugar de estudio y compañeros. Sabemos también que en ocasiones alguno de sus padres o hermanos forman parte del núcleo de estructuras criminales y al final los niños solo son una víctima indirecta de las decisiones de los demás”, explicó un investigador de la Policía que trabaja de cerca este tipo de hechos en Tegucigalpa.
Otras cifras
De su lado, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas), a través del Observatorio Nacional de la Violencia, detalló que de 2008 al 2018 en Honduras ocurrieron 4,048 homicidios contra la niñez, en promedio una víctima diaria.
Los años de mayor incidencia, según sus reportes, fueron 2012 y 2013 con 509 y 513 casos, respectivamente. En concordancia con las estadísticas que lleva el Ministerio Público, el Observatorio de la Violencia también indicó que la frecuencia homicida a partir del 2013 hasta el 2019 mostró una tendencia a la baja, registrando una reducción de 52.2%.
De acuerdo con los rangos de edad de las víctimas analizados por este órgano que trabaja estadísticas paralelas a la Secretaría de Seguridad y el ente fiscal, el 85.3% de los homicidios ocurrieron contra niños y niñas entre 12 y 17 años, siendo la población masculina la que acumuló mayor incidencia, evidenciando la vulnerabilidad de los menores ante la ola de violencia homicida que azota el país.
La Secretaría de Seguridad, a través de la Policía registró de 2013 hasta los primeros tres meses de 2022 un total de 2,520 muertes de menores.
Para las autoridades del Observatorio de la Violencia, toda sociedad, sea cual sea su trasfondo cultural, económico o social, puede y debe poner fin a la violencia contra los niños y niñas. Eso no significa que haya que limitarse a castigar a los agresores, sino que es necesario transformar la mentalidad de las sociedades y las condiciones económicas y sociales subyacentes ligadas a la violencia, en consecuencia, toda forma de violencia en contra de niñas y niños se puede prevenir.
Sin escapatoria
Wilmer Vásquez, director de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (Coiproden), reafirmó que la situación de la población infantil en Honduras es compleja, al tiempo que atribuyó esto al mal manejo del país en términos de gobernanza desde hace varios años, cuyas autoridades, según el analista, nunca dieron relevancia en sus agendas a este sector frágil de la población.
“A falta de oportunidades, estas organizaciones criminales sí ofrecen opciones”
Wilmer Vásquez
El director de Coiproden analizó el problema estructural de la violencia contra la niñez y juventud en Honduras.
“Las evidencias nos indican que las muertes violentas en el país han afectado en gran manera a la niñez y juventud y en los últimos años se han disparado los casos de menores muertos. También es notoria la falta de compromiso aún cuando se mira que muchos menores huyen del país en busca de protección, aquí no hay condiciones para ellos, no tienen empleo digno, tampoco vivienda y eso hace que muchos asuman responsabilidades que en realidad les compete a los adultos”, señaló.
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Para el coordinador de Coiproden, “no cabe duda que las estructuras criminales se han venido consolidando en la última década frente a la falta de educación, empleo y vivienda que sufre la mayoría del pueblo. Es, entonces, cuando vienen estos grupos que sí ofrecen opciones para el tráfico de armas, narcomenudeo y tráfico de drogas, y esto se vuelve atractivo para la niñez y juventud, quienes en su instinto de sobrevivir acceden a colaborar con estas organizaciones”.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Honduras (Unicef), a través de sus directivos locales consultados, ratifica que una de las vulnerabilidades a los derechos de la niñez más críticas en el país es la exposición a diferentes tipos de violencia, lo que afecta significativamente su vida en las escuelas, hogares y comunidades. Unicef recomienda redoblar esfuerzos en prevención de violencia, trabajando directamente con cuidadores, comunidades y autoridades para cambiar normas permisivas que atañen a la violencia. De igual manera sugiere asegurar continuidad de atención especializada y centrada en niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia, con mejores capacidades para abordar y mitigar el tema del matrimonio y uniones forzadas.
Ninoska Reyes, quien es parte de la unidad fiscal e investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), lamentó la situación que atraviesan los menores de 18 años en Honduras. Especificó que muchos de estos hechos se derivaron de la situación socio-económica en los hogares.
“No podemos negar tampoco que gran parte de estos niños estuvieron en el lugar y momento equivocado, murieron producto de la casualidad y por estar en un ambiente desarrollado por la conflictividad que los rodea”, precisó.
En contraste a lo que señala la Policía respecto a que muchos de estos crímenes tuvieron estrecha relación con el tráfico de drogas y pelea de territorio entre estructuras organizadas, Reyes discrepó que “ellos no pueden decirnos que la mayoría murieron por eso, pues hay muchos casos en la estela de la impunidad.
La miembro de sociedad civil demandó asegurar mayor confianza hacia las autoridades y mejores políticas públicas en beneficio de la niñez y adolescencia; gran parte de ellos están perdiendo la vida en masacres.
“Urge que se garantice seguridad y permanencia a nuestros niños en las escuelas, eso hará que tengan menos alternativas de entrar a maras y pandillas. Ellos son nuestro futuro, no sabemos a cuántos futuros médicos, maestros, periodistas, policías, abogados y presidentes perdimos”, exteriorizó la especialista de ASJ.
