Mareros y pandilleros también se lucran del negocio de la prostitución en Honduras

LA PRENSA Premium conversó a fondo con unos de los investigadores (solicitó omitir su identidad) de la unidad policial especializada de combatir el flagelo de la prostitución en Honduras y dio detalles de cuál es el rol de las maras y pandillas en este negocio.

Subrayó que regularmente están involucradas la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha, que tienen como misión la protección territorial, pero no son los tratantes directos.

Se encargan de asegurarse que no haya “relajo” en la zona y que operen tranquilamente, en una especie de control y custodia.

“En San Pedro Sula allanamos una casa de masajes donde un pandillero gozaba de sus beneficios por apoyar con seguridad; es decir, tienen derecho a ciertos gustos”, señaló.

“Una de las víctimas nos contaba en aquel momento que no tenía empleo y debía darle de comer a sus hijos, ella lloraba y decía que no tenía otra opción”, agregó.

Regularmente los dueños de hoteles no están metidos en este negocio, pero son permisivos, así que “deben registrar a quienes ingresan allí”, comentó.

Este delito se da en las áreas de mayor urbanización. En San Pedro Sula, la Policía tiene en la mira zonas como la colonia Trejo, residencial Río de Piedras, así como los distintos barrios que conforman el centro de la ciudad.

El informante de la Policía indicó que hace varios años recibieron detalles que pandilleros recluidos en las cárceles pedían les llevasen víctimas de prostitución.

Mientras que en Tegucigalpa es más variada la operatividad, vigilan recurrentemente en puntos comerciales y cercanos al Hospital Escuela y Lomas del Guijarro.

La falta de oportunidades de empleo, bajos niveles de educación y violencia, entre otros factores, son las principales razones que aumentan la vulnerabilidad a convertirse en víctimas de la trata de personas.

Las víctimas de este flagelo a menudo son atraídos con atractivas ofertas de trabajo y manipulados por los tratantes a través de deudas espurias, amenazas y obligados a trabajar en condiciones deshonestas.

El Gobierno hondureño calcula que cerca del 51% de las víctimas de este delito son menores de edad, 32% mujeres, 12% hombres y 2% personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual (LGBTI).