Las reformas que propone el Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, a la Ley del Impuesto sobre Venta (ISV) implican un potencial riesgo de imposibilitar a más familias a adquirir una vivienda.
La semana pasada, autoridades de la Sefin enviaron al Congreso Nacional un decreto dirigido a la supresión de exoneraciones en los sectores de construcción, intermediación financiera, turismo y actividades inmobiliarias, al explicar que los beneficios por exoneraciones suponen el 7% del producto interno bruto (PIB), el más alto de la región centroamericana y del Caribe.
Es decir, según la exposición de motivos del decreto, el Estado de Honduras dejará de percibir este año 51,250.1 millones de lempiras, equivalente al 43.2% de los ingresos tributarios aprobados en el presupuesto general.
El decreto de supresión de exoneraciones expone que el déficit de caja para 2022 supera los L60,000 millones, “para lo cual el Gobierno se ve en la obligación de continuar contratando deuda para sostener el aparato gubernamental” y “se corre el riesgo de no poder cubrir las obligaciones básicas” y programas sociales en favor de la población.
“Sabemos que el Gobierno está buscando cómo obtener fondos debido a la situación que encontró. Entonces de alguna forma están tratando de identificar alternativas, pero tienen que evaluarlas bien y ver por qué determinados rubros han estado exonerados”, refirió Ariel Santos, presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), quien en compañía de parte de la junta directiva de la gremial conversó con Diario LA PRENSA sobre los efectos y consecuencias en la vivienda social y de clase media de aprobarse la ley de supresión de exoneraciones para la construcción y la vivienda.
Después del agro y la maquila, la construcción ha sido en los últimos años el tercer generador de empleos del país al sumar más de 170,000 puestos directos y medio millón indirectos.
“El Gobierno debe promover e incentivar la adquisición de la vivienda para las familias. Al incluirla dentro del ISV obviamente en lugar de incentivar, está afectando”, indicó Santos.
El artículo 4 del anteproyecto de ley enviado por la Secretaría de Finanzas al Ejecutivo señala “reformar el artículo 15, literal d y f del decreto 24 de fecha 20 de diciembre de 1963 y sus reformas, contentivo de la Ley de Impuesto sobre Ventas, en el sentido de eliminar las exoneraciones a los servicios de construcción, servicios bancarios y financieros, la compra-venta y el arrendamiento con opción de compra de bienes inmuebles”.
Según alerta Asuprovih, esta medida, de aprobarse, imposibilitará la adquisición de vivienda para un buen porcentaje de la población hondureña.
El impacto
Hasta diciembre de 2021, una vivienda calificada como social en proyectos certificados por Convivienda, cuyo precio de venta es de L800,000, no tiene ISV y ese es el valor total de la operación.
La familia adquiriente de esta vivienda tenía derecho a un bono por parte del Estado, a través de Convivienda, de L125,000, que se rebajaba del precio de venta de la vivienda y la familia tenía que aportar una prima del 3% de ese precio.
Con ello, quedaba un monto de crédito de L651,000. Ese crédito siempre llevado con los fondos del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), a través del sistema bancario a un plazo de 20 años y con una tasa de interés del 5%, que es la tasa vigente para la vivienda social a diciembre de 2021, significaba una cuota mensual de L4,400 por adquirir una vivienda de 800,000 lempiras.
“Se calcula que un 33% es lo más que puede disponer una familia para comprar una vivienda, significa que una familia de ingresos de 15,000 lempiras, equivalente a dos salarios mínimos, puede adquirir una vivienda social”, indicó Reginaldo Panting, vicepresidente de Asuprovih.
Ahora, qué sucede con la misma casa sin que se vea todavía afectada por el impuesto regresivo de los servicios de construcción.
“Aquí aclaro, es decir, esta es una casa que ya esté en inventario, de las que ya están construidas, no de las que se van a construir”, indicó José Salinas, vocal de Asuprovih, para explicar el impacto que tendría en la vivienda social de aplicarse el ISV.
Al mismo precio de venta de L800,000, el comprador tendría que cancelar el 15% del ISV, que son 120,000 lempiras, o sea, que el precio total de la vivienda pasa a 920,000 lempiras, un monto que excede el techo que Convivienda considera como precio máximo de vivienda social.
“Por consiguiente ya esa vivienda, la misma casa, sin hacerle nada diferente, esa vivienda pasa a ser considera una vivienda de clase media. No aplica al bono de Convivienda y la prima que debe cancelar la familia es el 10%, pasará a cancelar una prima de 92,000 lempiras, quedando el crédito en 828,000 lempiras”, explicó Salinas.
“Manejemos siempre con valores y tasas Banhprovi, que permite 20 años de plazo, pero la tasa Banhprovi para clase media es del 11.5%. O sea, que las cuota mensual que a diciembre era 4,400 escala 8,800 lempiras, por la misma casa, porque dejó de ser vivienda social, pasó a ser clase media, perdió el bono de Convivienda y perdió el subsidio de la tasa de interés”, expuso el vocal de Asuprovih.
Por otra parte, al incrementarse la tasa, el interés global también subiría, solo para estar financiando ese 15%.
“Esa familia que antes era una familia de dos salarios mínimos se le ha duplicado el valor de la cuota, imposibilitándolo, o sea, esta pasará a ser ahora una familia que debe tener unos ingresos superiores a los L30 mil y con los criterios de análisis que son distintos, es decir, el criterio que tiene el sistema financiero para analizar un crédito de vivienda social es más flexible que el criterio que se maneja para financiar una vivienda clase media”, ahondó el ingeniero Panting.
En conclusión, para una casa hoy en inventario cuyo precio no varíe, sino solo se le aplique el 15%, la cuota para esa familia subirá en un 100%.
