Partidos Nacional y Liberal acuerdan sumarse a escrutinio y acelerar proceso

Más de dos semanas después de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras enfrenta un clima de incertidumbre y tensión política, debido al retraso en el inicio del escrutinio especial de actas con inconsistencias, proceso que definirá el resultado final de los comicios.

Sin embargo, los partido Nacional y Liberal llegaron a un acuerdo la noche del lunes para integrar las mesas escrutadoras y avalar el resultaldo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que se ha visto envuelto en denuncias, acusaciones cruzadas y protestas de los principales partidos políticos.

Mientras el Partido Nacional asegura estar listo para el proceso desde inicio de semana, el Partido Liberal y el partido Libertad y Refundación (Libre) han obstaculizado el inicio del escrutinio especial, que incluye más de 2,700 actas con irregularidades.

El CNE aseguró que está listo para para iniciar el escrutinio especial especial y que espera que los partidos completen las acreditaciones correspondientes. La consejera presidenta, Ana Paola Hall, ayer en la tarde, reiteró que el proceso continúa detenido debido a que algunos miembros de las juntas especiales, propuestos por los partidos políticos, se niegan a integrarlas.

En una comunicación a través de redes sociales recordó que corresponde a los partidos instruir a sus representantes para que cumplan con la ley y permitan el arranque del escrutinio especial.El organismo electoral hizo un llamado firme a los partidos políticos para que informen cuándo sus acreditados se incorporarán a las juntas especiales, indicando que el tiempo avanza y la declaratoria de resultados tiene un plazo legal que debe cumplirse.

Boletín

Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Horas previas, Hall denunció "acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales", por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional y a los observadores a documentar el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando, que puede desencadenar situaciones insospechadas e insostenibles que el país no puede permitir".

Representantes de los partidos Nacional y Liberal se reunieron el lunes en la noche para buscar acuerdos que contribuyan a agilizar los resultados de las elecciones generales

Arístides Mejía, delegado por el Partido Liberal, dijo a los periodistas que la reunión "entre los dos partidos mayoritarios que reúnen más del 80% de los votos y que están en la contienda por un estrecho margen", ha sido para ayudar a acelerar los resultados finales.

El Partido Nacional estuvo representado por María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial.

Ambos institutos políticos "buscan acelerar el proceso electoral para que culmine lo más pronto posible y que podamos anunciar mediante la declaratoria de ley que hay un ganador, y que el segundo que no ha ganado reconozca el triunfo del primero para que el próximo gobierno tenga toda la legitimidad requerida", subrayó Mejía, exconsejero electoral y exministro de Defensa en el gobierno que presidió Manuel Zelaya (2006-2009).

Añadió que para agilizar el conteo de votos hay que desenredar algunos problemas que hay en el proceso que, lamentablemente, se enredó por la mala transmisión de resultados y la paralización del sistema.

"Pero además creo que podemos ayudar bastante para que dentro del marco legal podamos lograr acuerdos que impulsen el proceso y darle nuestro respaldo a la institución (el Consejo Nacional Electoral, CNE) que es la que tiene que declarar" los resultados finales, afirmó.

Según Mejía, el diálogo entre los partidos deberían existir siempre entre los partidos "para impulsar el proceso democrático y consolidar lo que el pueblo hondureño mandó en las urnas el día 30 de noviembre. Está a la vista el veredicto y la urnas ya hablaron".

Los dos políticos también expresaron el apoyo a las consejeras Hall y López, quienes han venido denunciando amenazas de todo tipo, persecución y presiones que podrían poner en riesgo la última fase del proceso electoral.

La candidata a designada presidencial del Partido Nacional indicó que a la reunión se invitó "el Partido Liberal por los últimos acontecimientos y porque también hay que darle certeza y certidumbre al pueblo hondureño", que "cumplió la misión -de votar- el 30 de noviembre".

"Hemos planteado también el respeto irrestricto de la Ley Electoral, la Constitución de la República y que no nos vamos a salir del marco legal vigente", subrayó.

La reunión fue un primer paso para destrabar el conflicto generado en el seno del Partido Liberal por la integración de las juntas y la revisión de las actas con inconsistencias.

Las autoridades y el candidato presidencial de esta fuerza política, Salvador Nasralla, conformaron el lunes dos comisiones políticas con el objetivo de contribuir a la solución de la crisis.

La primera comisión fue designada para sostener un diálogo directo con la consejera presidenta del CNE, a fin de que brinde un informe detallado sobre la situación actual del organismo electoral, los obstáculos que han impedido el inicio del escrutinio especial y la problemática relacionada con el "destuse" de las maletas electorales.

Esta comisión será liderada por Yani Rosenthal, quien tendrá la responsabilidad de recopilar información oficial y trasladarla a las autoridades del Partido Liberal para la toma de decisiones institucionales.

De forma paralela, el Partido Liberal conformó una segunda comisión que se reunirá con una comitiva del Partido Nacional, con el propósito de explorar acuerdos políticos que permitan superar el estancamiento del proceso electoral y crear las condiciones necesarias para que se inicie el escrutinio especial de las actas con inconsistencias.

En las comisiones también están Maribel Espinoza, José Alfredo Saavedra, Francisco Sibrián, Iroska Elvir, Arístides Mejía, Allan Ramos y otros. El tiempo de respuesta no está definido, hasta que las instituciones políticas se sienten sobre la mesa.

A la salida de una reunión de emergencia del Partido Liberal, el candidato presidencial Salvador Nasralla cuestionó la decisión del CNE de limitar el escrutinio especial a 1,081 actas, al considerar que esa medida “se presta para dudas” y debilita la credibilidad del proceso.

Nasralla insistió en que deben revisarse 2,773 actas que, según explicó, fueron enviadas de oficio al escrutinio especial por el propio sistema electoral y que, conforme a la ley, deben ser revisadas voto por voto, independientemente de que esté de acuerdo dentro del CNE.

Recordó que todos los partidos políticos han presentado impugnaciones, señalando como ejemplo 6,663 actas suyas en las que el sistema biométrico no funcionó o presentó fallas parciales. También afirmó que existen inconsistencias entre los datos transmitidos y las actas físicas, situación que, según dijo, alcanza unas 12,000 actas impugnadas.

Nasralla señaló además que en departamentos como Olancho, Santa Bárbara y El Paraíso se registran diferencias significativas entre los votos obtenidos por él y los asignados a Nasry Asfura, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de una revisión más amplia.

“El volumen de votos nulos en algunas urnas supera incluso la cantidad de votos obtenidos por los principales candidatos, lo cual es una señal que debe revisarse con seriedad”, sostuvo.

El candidato liberal aclaró que para que las impugnaciones avancen se requieren dos votos en el Pleno del CNE, y que hasta ahora solo el consejero Marlon Ochoa ha respaldado esa posición. No obstante, subrayó que ello no implica ningún tipo de alianza con el Partido Libre.

“No me he reunido ni he negociado absolutamente nada con Libre”, afirmó, al tiempo que defendió que, si la consejera Ana Paola Hall aprueba las impugnaciones, no significa que esté votando en línea con Libre, sino conforme a la ley.

Nasralla sostuvo que Hall enfrenta presiones políticas y mediáticas similares a las que él asegura haber sufrido, al ser vinculado con el expresidente Manuel Zelaya, una asociación que rechazó de manera tajante.

Nasralla negó haber convocado a protestas y aseguró que, si el escrutinio especial inicia de inmediato, en un plazo de cuatro días podrían conocerse los resultados finales, incluso antes del próximo fin de semana.

Tanto Hall como Cossette López, además de cuestionar al consejero Marlon Ochoa por retrasar el escrutinio al no querer firmar la declaratoria, han expresado a través de sus cuentas de X que responsabilizan a los partidos políticos directamente por los disturbios.

López, a través de su cuenta en X, denunció en las últimas horas que los miembros de las juntas de escrutinio no son empleados del CNE, sino representantes de los partidos, y que muchos de ellos han actuado al margen de la ley. “Traen consignas y violencia a la institución, las fuerzas del orden deben separar físicamente a los agresores que irrespentan verbalmente y golpean a otros”, aseguró.

La funcionaria agregó que miembros de los partidos Libre y Liberal acreditados para integrar las juntas de verificación se niegan a cumplir con su función legal, ejerciendo “actos ilícitos en los recintos del CNE” y responsabilizando directamente a los partidos políticos por los disturbios.

Esto se da en el contexto de lo ocurrido horas antes, cuando grupos de manifestantes de Libre comenzaron a protestar frente a las instalaciones del Infop, donde se guarda todo el material de los comicios generales.

Ante esto, la presidenta del CNE confirmó que las acciones de obstrucción continúan, por lo que se solicitó apoyo al Jefe del Estado Mayor Conjunto para garantizar la seguridad del personal y del material electoral en Infop. También se informó a los partidos políticos sobre la imposibilidad de iniciar el escrutinio especial hasta que sus representantes cumplan con la ley.

Desde el CNE se pidió al Colegio de Abogados de Honduras desplazar a notarios para que levanten acta de todo lo que está sucediendo en Infop, a efecto de documentar posteriores acciones legales. Asimismo, se hizo un llamado a la comunidad internacional y a los observadores a documentar lo que las consejeras considrran como "inaceptable atentado a la democracia".

El consejero Marlon Ochoa se manifestó crítico con la decisión de limitar el escrutinio especial al 5.6% de las actas presidenciales (1,081 de 19,167), considerando que muchas otras presentan inconsistencias que requieren revisión. Ochoa propuso realizar un conteo “voto por voto” de todas las actas con irregularidades, pero su propuesta, según él, fue rechazada por mayoría.

"Propuse en sesión de Pleno realizar el conteo voto por voto del nivel presidencial en las 19,167 juntas ante las escandalosas inconsistencias documentadas", señaló Ochoa en la red social X.

Según el consejero, en la sesión del Pleno, Hall yLópez "decidieron por mayoría únicamente realizar el escrutinio especial a 1,081 actas", una determinación que, advirtió, compromete la credibilidad del resultado final.

“Si el CNE no está dispuesto a verificar todo, no puede pedirle al pueblo que confíe ciegamente en el resultado”, señaló, alertando sobre la fragmentación interna del órgano electoral.

En respuesta, las consejeras afirmaron que lo se decidió en el Pleno fue iniciar el escrutinio especial de oficio con 1,081 maletas del nivel electivo presidencial, no que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo.

A esa agravada fragmentación interna se suman obstáculos administrativos, la falta de acreditaciones de otros partidos y los procedimientos tecnológicos pendientes.

El organismo electoral ha insistido que la demora en el escrutinio obedece a que el Partido Liberal no acreditó a su personal el sábado y que la empresa de soporte tecnológico solicitó repetir el triple sellado del software para el escrutinio especial, pese a que el procedimiento ya se había realizado el viernes.

Las consejeras indicaron que las credenciales de miembros de juntas a cargo del escrutinio especial fueron entregadas y se avanza enrolando al personal para su ingreso seguro, que incluye a más de 100 personas acreditadas del Partido Nacional y Libre, pero que aún no se han presentado miembros de los otros partidos, incluyendo el Liberal.

El Partido Demócrata Cristiano de Honduras anunció que no participará en el escrutinio especial y solicitó al CNE no acreditar a miembros de esa agrupación para integrar las juntas, al considerar que ello podría "menoscabar la transparencia" y "la certeza del proceso". Asimismo, advirtió en un comunicado que existen intentos de acreditar como sus representantes a personas que, en su mayoría, pertenecerían a otros partidos políticos.

Las tensiones alrededor del escrutinio especial también han sido alimentadas por declaraciones de actores políticos y analistas, quienes coinciden en señalar una profunda crisis de credibilidad en el proceso electoral.

El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, aseguró que el partido Libertad y Refundación y sectores del Gobierno están intentando justificar una derrota que, según afirmó, ya es evidente en las urnas. “Ocho de cada 10 hondureños votaron contra ellos, ahora buscan excusas, judicializaciones y hablan de fraude para no aceptar el resultado”, sostuvo.

Rivera descartó comparaciones con procesos electorales como el de Chile, al considerar que el contexto hondureño es más complejo. “Allá es una sola elección presidencial, aquí hay 298 corporaciones municipales, diputados y múltiples niveles electivos. El proceso se ha dilatado porque la empresa tecnológica no dio el ancho”, señaló, al tiempo que reconoció que el Consejo Nacional Electoral es un ente politizado.

“No podemos tapar el sol con un dedo, ha prevalecido, en algunos casos, el interés partidario sobre el interés nacional, particularmente en el consejero Marlon Ochoa, no así en las consejeras”, afirmó.

El parlamentario también acusó al Partido Liberal de retrasar el proceso al no integrar de inmediato las juntas especiales. “Mientras el Partido Liberal no integre las juntas especiales, el proceso seguirá dilatándose, no deben prestarse al juego de Libre, que no quiere entrar al escrutinio”, advirtió.

Desde el Partido Nacional se denunció un "autogolpe" a la vez que se señaló al expresidente Manuel Zelaya de promover acciones para obstaculizar el escrutinio especial y retrasar la declaratoria oficial de las elecciones generales.

La bancada nacionalista alertó además sobre una supuesta "alianza" entre Libre y el candidato Salvador Nasralla para desconocer la victoria al aspirante Nasry Asfura.

Por su parte, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, negó categóricamente cualquier alianza con Libre y advirtió que existe una cláusula de expulsión para cualquier militante que incurra en ese tipo de acuerdos.

“En ningún momento un liberal debe estar haciendo alianzas con Libre, no tenemos por qué ir a buscar afuera cosas que no se han perdido, nuestros problemas los resolveremos nosotros”, enfatizó.

Contreras confirmó la creación del Consejo Ejecutivo de Crisis, ante lo que calificó como un manejo deficiente del proceso. Además, denunció que el Partido Liberal envió 40 miembros para integrar mesas del escrutinio, pero fueron regresados a San Pedro Sula.

“Nos dijeron que ya había más de 200 personas, luego nos dimos cuenta de que había personas acreditadas que pertenecen a Libre y al Partido Nacional, unos 50 de Libre y 27 del Nacional”, aseguró.

El dirigente liberal de San Pedro Sula declaró que el país necesita una definición clara y pronta. “Hay que solventar quién es el presidente de la República y darle una respuesta al pueblo de que va a existir paz y seguridad”, dijo.

Añadió que el Consejo Ejecutivo de Crisis centralizará las declaraciones públicas del partido y aclaró que Iroshka Elvir, esposa de Salvador Nasralla, no está autorizada para fungir como vocera ni para llamar a movilizaciones.

Contreras también advirtió que, si el consejero Marlon Ochoa se niega a firmar, podría enfrentar problemas legales. “El CNE debe dar resultados a más tardar el 30 de diciembre, porque de lo contrario Libre busca perpetuarse en el poder”, alertó.

La exrectora universitaria y socióloga Julieta Castellanos calificó el proceso como “una exhibición penosa” de las debilidades institucionales del país. “Las responsabilidades recaen directamente sobre los actores políticos, el proceso ya lucía complejo por sus antecedentes e interferencias de las instituciones del Estado”, expresó.

Castellanos sostuvo que en Honduras se ha producido una distorsión grave en la fase final del proceso electoral y afirmó que los resultados preliminares reflejan “una derrota humillante de Libre”. “En estos días se ha hablado de un interés de Libre por negociar candidaturas, lo que habría llevado a plantear una nulidad y una revisión total de actas, una posición apoyada por Iroshka Elvir”, señaló.

La académica recordó que la ley establece procedimientos claros, primero la verificación especial de actas con inconsistencias y luego la revisión de las actas impugnadas. “No se puede alterar el orden del proceso ni forzar escenarios al margen de la ley”, advirtió.

El abogado y analista Kenneth Madrid denunció una intromisión directa de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los organismos de justicia, en el ámbito electoral. “No se ha permitido que la autoridad electoral tenga plena autonomía ni que se garantice de manera eficiente la voluntad popular”, afirmó.

Madrid reconoció que los partidos políticos tampoco han contribuido a un proceso ágil y ordenado, pero subrayó que cualquier inconsistencia debe corregirse sin alterar la decisión ciudadana. “Si hay un problema aritmético, que se corrija en el escrutinio, pero no se puede reinterpretar la voluntad popular”, señaló.

Aclaró que no existe prohibición legal para que un mandatario opine sobre el proceso electoral y que eso no anula las elecciones. “La maleta electoral, donde está el cuadernillo de votación, es la que prevalece, la tecnología es solo un medio para transmitir los datos con mayor rapidez”, concluyó.

La Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante un comunicado, expresó que ante el severo cuestionamiento de transparencia, legalidad y legitimidad del proceso electoral, la población tiene el derecho a saber la verdad sobre las denuncias de fraude electoral, por lo que exigió al CNE una respuesta justa y apegada a la ley, ante las diferentes acciones administrativas que se han presentado.

El retraso y la falta de resultados oficiales han generado descontento entre los más de 3 millones de hondureños que acudieron a las urnas.

El Partido Libre incluso, el pasado domingo, advirtió que no otorgará legitimidad política ni moral al Gobierno que surja de los comicios, mientras circulan denuncias de injerencia extranjera, específicamente del presidente Donald Trump apoyando al candidato Nasry Asfura.

El CNE tiene un plazo máximo de 30 días para anunciar los resultados finales, que incluyen la elección presidencial, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados nacionales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

En medio de ese retraso del escrutinio especial de las actas con inconsistencia, el domingo pasado, a eso de las 4:00 pm, volvió a reanudarse el conteo regular de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, después de estar paralizado al menos cinco días.

Los resultados preliminares continúan mostrando a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 1,305,033 votos (40.54%), frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,261,849 votos (39.19%), según el 99.80% de las actas contabilizadas; sin embargo, la revisión especial podría modificar estas cifras.

El escrutinio especial, que revisará las actas con inconsistencias, se realizará de forma separada del conteo de votos que alimenta los resultados preliminares de las elecciones hondureñas.

Hasta el momento, ningún candidato ha aceptado su derrota, inclusive del Partido Libre que ha quedado en un tercer lugar y aceptado que sus recuentos dan el triunfo a Nasralla, quien hasta mediados de 2023 era uno de los vicepresidentes del Gobierno de Xiomara Castro.