Más de 770 casos de hondureños desaparecidos siguen sin resolverse desde 2019

La Policía identificó que muchos de los desaparecimientos ocurrieron a raíz de jóvenes que cayeron en promesas de falsos perfiles en Facebook que ofrecían empleo y hasta becas de estudio.

El Estado de Honduras desconoce la cifra real de personas desaparecidas en décadas, apenas la Secretaría de Seguridad tiene registros del año 2019 en adelante.

San Pedro Sula, Honduras.

"Señora, difícilmente va a encontrar a su hijo porque han pasado demasiados años y no tenemos ninguna pista, le sugeriría no siga buscando porque es casi imposible que a estas alturas esté con vida", fue lo último que escuchó por la misma Unidad de Desaparecidos, Delia Martínez (68), quien con esperanza quiso reactivar la búsqueda de su hijo Armando Castro Martínez, interceptado y llevado a la fuerza por individuos armados hace más de 15 años (3 de febrero de 2006) cuando se transportaba en su vehículo en plena marcha en la carretera CA-4, a la altura de Santa Rosa de Copán.

Son diversas las interrogantes que se cruzan en la mente de las familias de personas desaparecidas cuyo proceso de incertidumbre se convierte en una agonía y crece a medida pasan los años, todas se preguntan lo mismo: estará vivo o muerto, si fue así entonces cómo murió, quién fue su asesino, dónde está su cuerpo y por qué lo hicieron.

Es variable la cantidad de casos que enlistan cada año los sistemas de búsqueda de la Policía hondureña, cada uno tiene su historia, muchos han sido resueltos ya sea por coloboración real o no de las autoridades, otros aún están en los archivos de investigación como pendientes y una tercera parte aguarda los expedientes de casos cuyos desaparecidos fueron encontrados muertos.

En Honduras es imposible conocer con exactidud y en cifras la magnitud de desapariciones producidas en décadas, debido a que el origen es cambiante: narcotráfico, trata de personas, violencia derivada por maras y pandillas, migración, entre otros. El Estado hondureño por acción o por omisión es responsable también de miles de desapariciones, morgues repletas de cadáveres sin identificar, bancos de datos inexistentes o inoperantes y carpetas de investigación abiertas por años.

De acuerdo con información oficial a la que tuvo acceso Diario LA PRENSA, desde el año 2019 hasta finales de febrero de 2021 hubo un total de 2,434 hondureños desaparecidos, de esa cifra, el 53.1% de los casos corresponde a hombres (1,292 casos), mientras que el 46.9% son mujeres (1,142 casos).

El número de casos reportados bajó de 1,550 en 2019 a 798 en 2020, lo que representa una caída del 48.5%, pudiendo incidir las restricciones de circulación establecidas desde mediados de marzo de dicho año por la pandemia del covid-19. Del total de casos reportados como desaparecidos desde 2019 hasta el 22 de febrero de 2021, el 65.7% tiene estatus de resuelto, el 32% permanece pendiente de resolución y en el 2.3% de los casos la víctima fue hallada muerta.

LA PRENSA accedió a un informe detallado que muestra cada nombre, apellido, fotografía, fecha de denuncia, departamento, municipio y otros datos relevantes de casos de desaparecidos que tiene archivados la Policía desde el año 2019. El análisis de nuestra Unidad de Datos mostró que el departamento con la mayor incidencia de casos fue Francisco Morazán, que en el período abarcado registró el 39.4% del total, le siguió Cortés con casi el 20% (19.9), mientras que el resto de los departamentos, aunque representaron casi el 40% de los casos restantes, ninguno superó individualmente más del 7%.

"Le pedimos a la población que si se presenta un caso de desaparecido no espere las 24 horas porque podría ser demasiado tarde, también sabemos que hay policías que no quieren recibir la denuncia porque quizá han pasado apenas unas horas, pero la ley es clara y tienen que tomarla, no hay que perder tiempo", subrayó Christian Nolasco, vocero de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula.

"Si se presenta un hecho de este tipo marquen de inmediato al 911 y luego pongan la denuncia de manera formal en la estación más cercana, pero no hay que perder tiempo, si actúan rápido pondremos la notificación amarilla correspondiente y activaremos los equipos para encontrarla", insistió Nolasco.

El subcomisario policial indicó que uno de los mayores problemas con las familias de las personas desaparecidas, es que cuando las encuentran casi nunca vuelven a sus oficinas para cerrar el caso, lo que obliga a la Policía a continuar con las investigaciones y en su sistema de búsqueda siguen como "desaparecidas".

La línea de denuncias se investiga de acuerdo con la recepción del lugar y se despliegan mayores equipos de investigación cuando los casos resultan de mayor impacto, tales como el de Enoc Misael Pérez, quien fue raptado el 2 de diciembre de 2019 en Tela, Atlántida, luego de venir de España a pasar unas vacaciones.

Tras que se interpone una denuncia de desaparición, al menos el protocolo policial detalla que deben acudir de inmediato a las morgues, hospitales, centros de internamiento de menores e incluso a la Dirección de Niñez y Adolescencia (Dinaf), ya que muchas veces esta institución los rescata, pero no logra contactar a los parientes.

Una vez puesto el reporte, la información es enviada a la coordinación de la Unidad de Desaparecidos, donde conocen la narración de los hechos, valoran la zona donde fue visto por última vez, las características físicas, el entorno familiar, los antecedentes y los lugares que frecuentaba, de igual manera trabajan coordinadamente con el Sistema de Emergencias 911.

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La Policía tiene georeferenciados los diferentes sectores conflictivos para actuar en caso de presentarse incidencias.
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Christian Nolasco mostrando en exclusiva a LA PRENSA la forma en que operan cuando trabajan con investigaciones por raptos y secuestros.

A inicios de febrero de este año, la Secretaría de Seguridad informó de la implementación del proyecto llamado Alerta Temprana Amber, que tendrá como fin la localización y protección de niños, niñas y adolescentes desaparecidos o secuestrados en Honduras.

El sistema hará que se activen alertas a través de aplicaciones o medios tecnológicos que puedan difundir la información vía dispositivos móviles de las compañías que operan en el país, páginas web, televisión, radio, redes sociales de alerta temprana Amber y Policía Nacional.

La plataforma contará con los siguientes requisitos: nombre, edad, sexo, nacionalidad, último lugar de ubicación, características físicas, una fotografía que identifique al menor, entre otros aspectos.

El comisionado de policía José Adonay Hernández Vásquez, director del sistema Amber, explicó que "estamos trabajando en la operatividad y haciendo los últimos ajustes, se prevé que esta plataforma esté lista entre finales de abril e inicios de mayo de este año.

La Alerta Amber es una ley exclusiva para los menores de edad desaparecidos, el fin es integrar las capacidades de las instituciones del Estado y ser utilizadas para la búsqueda efectiva de niños y adolescentes. Esta plataforma funciona en países como México y Estados Unidos, es un sistema innovador considerando que se usan aparatos electrónicos que existen a nivel mundial.

Sobre la alta incidencia de menores de edad desaparecidos, el jerarca policial comentó que "la mayoría de los casos de jóvenes desaparecidos están vinculados con sus parejas o porque no toleran los llamados de atención en el hogar, de igual manera porque son víctimas del mal uso de las las redes sociales, donde depravadores crean perfiles falsos ofreciendo cosas y así cometer delitos sexuales o exigir algo a cambio a la familia".

Hernández Vásquez pidió a la población usar esta plataforma una vez esté lista, al tiempo que recomendó a los padres de familia estar al pendientes de sus hijos y tomar el control de sus redes sociales, ya que hay muchos deconocidos queriendo atrapar a sus víctimas en estos espacios.

Jóvenes son el principal blanco

La Unidad de Desaparecidos en San Pedro Sula indicó a LA PRENSA que muchas de las víctimas rondan entre los 17 a 22 años y la mayoría son hombres. "Casi siempre cuando son jovencitas es porque se fueron de la casa con su novio y la mayoría son estudiantes, pero también hay casos de personas inocentes que ingresaron a sectores que son calificados como peligrosos y luego desaparecieron", señaló el inspector Figueroa, encargado de la Unidad de Desaparecidos.

El oficial sostuvo que detrás de la mayor parte de transportistas, vendedores y repartidores desaparecidos están las maras y pandillas. Figueroa reveló que las mayores incidencias de este tipo se están registrando en sectores como Luisiana, Satélite, Planeta, Rivera Hernández, Los Cármenes y Chamelecón, ya que en estos lugares casi no hay monitoreo de cámaras.

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Personal de Interpol revisando las estadísticas de casos de personas desaparecidas en San Pedro Sula.

Las investigaciones detallan que la causa más común de desapariciones es el manejo de la droga, ya que muchos se ponen a vender por su cuenta y se generan disputas de territorio entre las bandas. Por otro lado, apuntes de la institución policial subrayan que de un 100% de los casos ingresados, al menos el 10% se eleva a categoría de secuestro.

"Algunos desaparecidos y que luego fueron hallados muertos eran personas inocentes, quizá fue que tuvieron leves problemas con individuos de algún sector y luego se vengaron. Con relación a los desaparecimientos vía redes sociales ocurre más que todo con adolescentes mujeres, ya que no tienen experiencia y ante las restriccciones de los padres optan por conectarse desde otros dispositivos o redes de amigos, platican con desconocidos y estas personas se aprovechan de ellas para fines sexuales o pedir dinero a cambio de su vida", refirió Figueroa sobre los múltiples casos que han trabajado o con base a la vulnerabilidad en menores de edad.

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Algunos de los desaparecidos figuran también entre la lista de los más buscados por la Policía.

Sobre la consulta de qué hacen con aquellos casos que fueron reportados hace varios años y aún las familias no tienen una respuesta si su ser querido está vivo o muerto, Figueroa argumentó que "los policías somos transitorios en una unidad, muchas de esas personas que desaparecieron hace muchos años, tiempo después se encuentran en osamentas y bajo esas condiciones es difícil su reconocimiento. Por otro lado, cuando uno sale del cargo esos casos se asignan a alguien más que recién entra a la unidad y es posible que no dé el seguimiento correspondiente, por eso la familia debe monitorear y presionar a más no poder".

En su lucha por hallar a sus seres queridos, los familiares además de enfrentarse ante un muro de silencio por parte del Estado que muchas veces no quiere trabajar, que no desea buscar y no hace nada, luchan contra una sociedad que acostumbró el discurso de respuesta que "quien desaparece es casi siempre por vínculos con el crimen organizado o por voluntad propia", donde todo se traduce en si se es bueno o malo, la narrativa al final es la misma, "se fue con el novio, se fue a alguna fiesta o está con las maras", de esta manera traducen un problema íntimo privado en uno público donde inclusive culpan a los mismos padres.

El criminólogo y abogado penalista Carlos Padilla considera que la mayoría de desapariciones ocurridas en los últimos años en el país están relacionadas con el crimen organizado.

"Los resultados de la Policía hasta ahora me llevan a pensar que no existe una verdadera metodología de investigación, ya que los protocolos internacionales precisan que las primeras 72 horas después del deparecimiento son vitales, luego de ese tiempo la probabilidad de muerte es de un 80%", dijo.

"Cuando los casos se elevan a secuestro es clave que haya una negociación controlada con los secuestradores, es por eso que se debe tener apoyo de verdaderos profesionales; es decir, personas que sepan del tema", recomendó.

El experto se refirió a los miles de casos de desaparecidos en décadas anteriores y por los cuales aún no hay respuesta, atribuyendo esto "al olvido, la mora, ineficiencia y falta de recurso logístico, porque una cosa es el presupuesto que tenga la Secretaría de Seguridad y otra lo que destinan a sus divisiones de investigación, desde allí parten las fallas", cuestionó.

El especialista en seguridad dio a conocer elementos puntuales a tomar en cuenta para el éxito de un caso recportado como desaparecido: denuncia oportuna, denuncia al órgano competente, que se lleve en secretividad en la mayor parte de los casos y la eficiencia en investigación durante las primeras 72 horas.

Muchos son encontrados en las morgues

Datos proporcionados por Medicina Forense que incluye además del resto de Francisco Morazán, departamentos de Olancho, El Paraíso, Choluteca, Valle, Intibucá, La Paz y Comayagua, apuntaron que en los últimos cinco años hubo 657 cadáveres sepultados tras no ser identificados (112 en el año 2015, 117 en el año 2016, 61 en el año 2017, 79 en el año 2018, 111 en el año 2019, 112 en el año 2020 y 65 en los primeros tres meses de 2021).

En el caso puntual de Tegucigalpa hubo 112 cuerpos no identificados en el año 2018, en el año 2019 enterraron 77 y en el año 2020 sepultaron 107. Mientras que en San Pedro Sula, en el año 2018 fueron 83, en el año 2019 fueron 97 y el año 2020 fueron 105. En ambas ciudades depositaron los cadáveres en nichos y fosas individuales.

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Forense Orlando Merino

Orlando Merino, subdirector de la morgue de San Pedro Sula, señaló a LA PRENSA que por dichas instalaciones pasa un promedio del 30% de cuerpos sin ser idectificados cada año.

Medicina Forense del Ministerio Público (MP) tiene hasta 90 días para entregar los cuerpos a las familias, según la ley, después son ingresados a nichos establecidos de hasta 180 espacios, donde también permanecen mientras sus parientes llegan a identificarlos y retirarlos, pero después de dos años si nadie los reclama, son enterrados en fosas de hasta 10 espacios cada una.

Merino explicó que cuando entra un cuerpo "fresco" a la morgue se identifica rápidamente mediante una autopsia y la práctica de huellas dactilares, luego se envía notificación vía correo electrónico para solicitar patrón dactilar, hacer comparaciones y revisiones con el archivo del Registro Nacional de las Personas (RNP). Si el cuerpo está en estado de descomposición puede tardar de uno a dos meses en ser identificado mediante ADN, aunque hay otros casos que se logra por las características físicas.

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Cementerio que ha sido utilizado por años en San Pedro Sula para abrir fosas y enterrar cuerpos no identificados.

"Cuando familiares vienen seguido a la morgue buscando a su ser querido que ha desaparecido, lo que se hace es someterlos a un proceso de identificación que consiste en llenar un cuestionario que contiene nombres, sobrenombres, datos de consulta sobre si tiene cicatrices por cirugía, tatuajes, ropa que usaba y si le faltaba alguna pieza dental, entre otros detalles. Todo eso se digitaliza y después de cada levantamiento que hace Medicina Forense se bajan las fotografías para mirar si coinciden con las personas que no han sido encontradas", añadió el entrevistado.

Caso de 2014:


Estudiante de Medicina


Han pasado casi siete años (17 de mayo de 2014) desde que Víctor Hugo Romero Espinoza, un estudiante de Medicina, fue secuestrado en una hacienda ubicada en el municipio de San Pedro, departamento de Copán, occidente de Honduras.

A la fecha, sus padres, dos ganaderos muy conocidos en el municipio de Cucuyagua, Copán, siguen clamando para poder encontrarlo, ya que desde hace mucho tiempo las autoridades no les han dado indicios de su paradero, tampoco se volvieron a comunicar sus secuestradores, quienes recibieron dos pagos por parte de la familia Romero Espinoza.

"Pagamos dos rescates y luego perdimos comunicación con los secuestradores, pero mi corazón guarda la esperanza de que esté con vida en algún lugar", dijo a este rotativo, Luz Dariela Espinoza, madre del joven y actual vicealcaldesa de la Municipalidad de Cucuyagua.

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La familia de Víctor Hugo Romero no volvió a saber de su paradero desde el 2014.


El joven que cursaba su segundo año de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), estaba de vacaciones el 13 de mayo de 2014. Ese día aprovechó para ir a una hacienda en San Pedro, Copán, permaneció durante unas horas con dos trabajadores mientras arreglaban un terreno para sembrar maíz.

De pronto, llegaron dos individuos, quienes atacaron a los jornaleros y se llevaron al universitario con rumbo desconocido, esa misma noche llamaron a los padres del joven para pedirles varios millones de lempiras a cambio de su vida. Se procedió a una primera negociación con ellos, pasaron los días y se entregó el rescate, así como una llamada diciendo que ellos no podían entregar a Víctor Hugo porque necesitaban más dinero.

Cuando ya iban cinco meses desde el secuestro se negoció un segundo rescate en el que pedían millones de dólares para dejarlo en libertad, los padres del joven lograron consolidar el pago y no volvieron a tener contacto con los desconocidos. La Unidad Antisecuestros de la Policía trabajó en su búsqueda durante varios meses y lo último que informaron fue que probablemente había sido trasladado a la frontera de Guatemala, desde entonces jamás volvieron a saber de él.


La justicia está "dormida"

A criterio de Berta Oliva, directora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), las desapariciones ocurridas en los años 80 en Honduras se convirtieron en "caldo de cultivo" para las registradas en los últimos años, al tiempo que responsabilizó al Estado por no resolver con entereza dicho flagelo social.

"A partir de los 80 han existido muchas desapariciones en Honduras, unas son generadas por el crimen organizado y el narcotráfico, también a través de caravanas migrantes y por abuso de las autoridades donde hay policías y militares involucrados", comentó.

"Últimamente han habido desapariciones en el marco de las restricciones por la pandemia, tal es el caso de los garífunas del Triunfo de la Cruz, un joven en Las Vegas, Santa Bárbara, quien desapareció y un mes después apareció muerto, lo mismo con otra persona que estaba detenida en una posta policial de Tegucigalpa y ahora los policías dicen que nunca llegó allí aún cuando la familia encontró su celular en ese sitio", recordó la activista hondureña.

La directora de esta organización civil pidió al Gobierno honrar la deuda que hay sobre los crímenes de lesa humanidad que se tienen pendientes a resolver y cuya respuesta aún no la tienen los familiares.

Cifras proporcionadas por el Cofadeh indican que de 184 desapariciones en la década de 1980, solo en cinco casos hubo acción penal, sin embargo, los acusados fueron puestos en libertad. En la década de 1990 hubo seis desapariciones, pero las víctimas eran sobrevivientes de los años 80.

Por otro lado citaron que en la década del 2000 hubo 16 desapariciones, mientras que en el marco de los conflictos sociales generados a raíz de la salida obligada de Manuel Zelaya Rosales como presidente de Honduras (de 2009 y años próximos), se reportaron 13 desapariciones, en su mayoría defensores de derechos humanos y miembros de la resistencia contra lo ocurrido políticamente.

El Cofadeh también contabilizó seis desapariciones del movimiento campesino en conflictos por la tierra, una después de las elecciones en 2017 y 14 en el marco de la pandemia del covid-19 (hasta el 26 de abril de 2021).

Un informe difundido por el Cofadeh en el año 2018 señaló las principales causas de la falta de investigación de las autoridades, entre las que destacan: no existe plazo razonable para iniciar o concluir una investigación, los investigadores carecen de un plan indagatorio, las primeras diligencias se realizan después de 72 horas y se pierde tiempo valioso, no se analiza el contexto sociopolítico ni el rol de la víctima, no existe un verdadero mecanismo de búsqueda y la investigación real no va encaminada a recuperar a la víctima.

Ariel Madrid, defendor de derechos humanos, lamentó que no cesen las desapariciones en el país, ejemplificó el caso de quienes no fueron encontrados después de la crisis postelectoral y cuatro garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz, cuyo hecho se suscitó el 18 de julio de 2020.

"Hay una deuda histórica del Estado de Honduras, el cual fue condenado por primera vez ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (Sidh) por desapariciones forzadas en décadas anteriores, tal es el caso de Manfredo Velásquez, el cual se conoció en 1981 y en la actualidad aún no tenemos una políltica de investigación penal que se centre en resolver este tipo de delitos, esto es una grave violación de los derechos humanos", exteriorizó Madrid.

"Las organizaciones de derechos humanos tenemos una primera herramienta que es una garantía llamada habeas corpus, la cual se presenta de inmediato una vez que se reporta un desaparecido, pero lastimosamente este mecanismo carece de efectividad, allí sólo queda esperar que resuelvan las autoridades competentes", expresó.

Luis Rivera, investigador de quejas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), remarcó que "acuerpamos a los familiares y les hacemos saber que sí existe una puerta para seguir buscando, de pronto no tenemos todas las respuestas, pero sí contacto directo con las autoridades para socializar el avance de cada caso", manifestó.

Sobre los casos de personas que fueron vistas desde hace cinco años o más y no se volvió a saber de su paradero, Rivera enfatizó que "como Conadeh volvemos al Ministerio Público para saber cómo está la investigación, verificamos el estatus en que se encuentra y quiénes están en el proceso indagatorio".

Cifras del Conadeh a nivel nor-occidental detallan que de enero a septiembre de 2018 hubo 2,206 quejas de mujeres, de las cuales 790 estuvieron relacionadas con el derecho a la vida e integridad personal. Del 1 de enero al 30 de junio de 2019, por medio del análisis de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno atendieron 701 quejas a nivel nacional que involucraron a 1,985 personas.

Se identificó un total de 17 causas por los que personas están en desplazamiento forzado, hay cinco tipos que se presentan con frecuencia: amenazas; asesinatos, extorsión, tentativa de homicidio y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Entre enero a marzo de 2021, la oficina regional norte registró alrededor 190 quejas, en dos los peticionarios informaron la desaparición de sus familiares.<

La Prensa