Todavía la ciudadanía hondureña se encuentra consternada por el accidente de la aeronave de Taca en el cual perdieron la vida cinco valiosas personas y las conjeturas sobre su causa se empiezan a tejer. A priori unos culpan al piloto del Airbus al no haber hecho impacto en el umbral de la pista, sino que más allá de dicho punto, en una loca e incontrolable carrera, saliéndose de la pista hasta detenerse por las leyes de la física en un montículo, con el trágico resultado que a Dios gracias no fue mayor.
De acuerdo a lo establecido por los organismos de aviación civil internacionales, el aeródromo de Tegucigalpa es de los más peligrosos del continente, dadas las obstrucciones en el extremo sur de la pista. Esto le dificulta a los pilotos realizar una adecuada aproximación, teniendo que valerse de toda su pericia y experiencia para ejecutar hábilmente esa maniobra, lo cual se complica por las condiciones meteorológicas que afectan a veces la aeronavegabilidad. Haciendo abstracción de esas conjeturas, en mi opinión este lamentable accidente se hubiera evitado si la concesionaria de los aeropuertos hondureños cumpliera estrictamente con su obligación de ejecutar un plan de mejoras urgentes y un plan maestro para realizar obras de máxima prioridad que pongan a Toncontín en un nivel de servicio adecuado, lo cual incluye la capacidad de la pista, su longitud y las aproximaciones para realizar operaciones en aéreas comerciales seguras.
De acuerdo al contrato de concesión respectivo, la concesionaria se obligó a pagar al Estado hasta 10 millones de dólares para cancelar el justiprecio de los inmuebles que debían ser expropiados al ampliar el extremo sur de la pista de Toncontín en unos 300 metros, obligación que aquella evadió impunemente y que el ente regulador ni ningún funcionario actual han exigido a pesar del tiempo transcurrido, y a pesar también de que la administración pasada cumplió con su obligación contractual para declarar la expropiación de los inmuebles afectados; ni siquiera la fianza de cumplimiento ha podido ser cobrada. Ahora los aduladores de oficio, plegándose a la concesionaria, sostienen, a saber por qué motivos o razones, que 100 metros es suficiente, en vez de los 300 que dicen los técnicos que son necesarios. Exigir esta obligación sería más inteligente y patriótico que declarar a Palmerola como aeropuerto civil, como lo ha hecho Mel, posiblemente con buenas intenciones, en otra de sus estereotipadas salidas, que sin duda alguna quedará también como las otras: en el limbo. ¡Ya lo dijo el embajador!
