Las telecomunicaciones en Honduras han resultado ser altamente controversiales y prueba de ello son las denuncias, acusaciones y alegatos que han intercambiado diferentes sectores en los últimos días. No es para menos: Hondutel, tradicionalmente ejerciendo un rol monopolista, ya no está sola en un sector económico que ha resultado ser de alta rentabilidad, con gran crecimiento y continúas innovaciones tecnológicas.
Definitivamente la apertura ha demostrado ser exitosa para diversas empresas que se enganchan en los diferentes segmentos del mercado. La cantidad de operadores y suboperadores participando en el mercado ha ido aumentando cada día y ante la falta de leyes que eviten el despojo y autoridades complacientes, las operaciones que se han dado en llamar tráfico gris crecen continuamente.
Lo que presenciamos lamentablemente es un fenómeno regional, plenamente enraizado en toda América Latina.
Los procesos de apertura de los mercados que se han impulsado en diferentes países no han sido acompañados por regulaciones prudentes que garanticen igualdad de condiciones entre participantes ni mucho menos con disposiciones que protejan los bienes públicos. Se han realizado, por regla general, bajo la tutela de poderes filtrados que con la intención de posibilitar en el corto plazo rentas altísimas han cometido atropellos y despojos. Adicionalmente, los procesos de privatización se han llevado a cabo en democracias nominalmente legítimas, pero con políticos y grupos empresariales deslegitimados por sus prácticas corporativistas y proclives a la corrupción.
Son diversas las exigencias de la ciudadanía vigilante respecto a lo que ocurre en el mercado de las telecomunicaciones. En primer lugar, se espera transparencia; las acusaciones que se ventilan por los diferentes medios de comunicación y los detalles con que se ilustran las denuncias despiertan, antes que nada, grandes dudas entre la ciudadanía que, acostumbrada a un ambiente poco limpio en materia de concesiones y privatizaciones, ve en este episodio entre Hondutel y diferentes empresas privadas un capítulo adicional de la historia de la dilapidación de los bienes y recursos públicos.
Una vez más los políticos, sean funcionarios o diputados, así como los sectores económicos vinculados al poder están en deuda con la ciudadanía, que exige cuentas claras y operaciones transparentes. Lo que hasta ahora han sido solamente acusaciones calculadas, debe pasar a una investigación exhaustiva e inspirada por el principio de justicia.
