Con la aprobación del nuevo Código Procesal Civil se pretende la unificación del sistema procesal hondureño, cuyo marco se complementa con el Código Procesal Penal aprobado en la administración del presidente Ricardo Maduro. Aún con todo ello, la cultura jurídica se ha descuidado en el país, es más, la hemos relegado a tal grado que los jueces, salvo las honrosas excepciones, no encuentran por su frágil preparación académica una rápida solución a las controversias, a veces complejas, que se les presentan; de otra forma, no tendría explicación la tardanza de estos, sean de primera o de segunda instancia, en dictar las resoluciones judiciales que a veces permanecen irresolutas por muchos meses, y hasta por años.
La ciudadanía en general, y muy particularmente el gremio de los abogados, exige angustiosamente un proceso rápido, ágil y divorciado de los vericuetos de la ley, y que se encare responsablemente los fenómenos de la mora procesal y la transparencia en las actuaciones judiciales.
Los sistemas procesales en la legislación hondureña son diferentes entre sí, como lo son sus formalidades legales, que en algunos casos dan lugar a una sui generis justicia, que algunos llaman 'justicia a la hondureña'. La mediatez en las pruebas deshumaniza y alarga el proceso judicial civil, perdiendo el ciudadano y el inversionista su confianza en nuestro sistema legal. Infinitos recursos, incidentes y nulidades impiden un juicio expedito que desnaturaliza el rol de la justicia en un Estado de derecho, que pronto, espero, habrá alcanzado su mejor nivel después de la vacatio legis de la nueva ley de enjuiciamiento civil que vincula al ciudadano al principio de oralidad para que tenga contacto con el juez y pueda ser visto y escuchado, y las partes puedan ser conciliadas.
Recientemente una comisión interinstitucional que preside la honorable jurista Vilma Cecilia Morales Montalbán, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tendrá el encargo de superar la multiplicidad de los sistemas legales hondureños, eliminando algunos procedimientos especiales absurdos, con vistas a una unificación en un solo sistema de todas las disciplinas jurídicas y de las leyes, como un acto de modernización que sirva para insertar a nuestro país en el mundo globalizado de hoy, que exige el respeto de los más elementales derechos del individuo. Ojalá esta ardua iniciativa sea culminada algún día y que no la entorpezcan las fuerzas del mal o de poder a que se refiere Mel en sus peroratas.
