Es necesario seguir con aquellos asuntos, sumamente graves, pero dejados de lado, pues son otros los rumbos en el quehacer nacional que por estos días consumen horas en la inmensidad de medios de comunicación, en los diálogos y entrevistas sinceras y en aquellos sectores con claro tinte partidista. La seguridad está enfilada por necesidad para defender y salvar vidas de la violencia.
Pero la seguridad tiene también otro rostro, el de la alimentación, pues son millones de personas las que en un ambiente de supervivencia van consumiendo su existencia, día a día más vulnerable, sin lograr atención para responsablemente compartir soluciones y así hacer realidad, no palabras, el derecho de todos los ciudadanos a una vida digna. La inseguridad alimentaria agravada por las alzas en los alimentos es evidencia de mayor nivel de pobreza aún en aquellas familias con ingreso mínimo, mucho más en aquellas sin ingreso sostenido.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el informe de panorama en la región con datos desalentadores que debieran servir de gran desafío no solo de alharaca como en el pasado cuando se declaró “el año de la seguridad alimentaria”. Y son casi dos millones de hondureños que se hallan bajo la línea de la seguridad alimentaria, muy particularmente los niños. Los obstáculos para el acceso a los alimentos son numerosos, pero se concentran en la incapacidad financiera para adquirirlos, pues la escasez o carencia de recursos limita la oportunidad de alimentarse con el agravante de que la escasez de productos o el aumento en la demanda echan para arriba los precios. Los expertos reconocen que la pobreza multidimensional se agrava en hogares con menores de edad lo cual exige atención a ese mínimo vital de supervivencia.
La mirada del Gobierno sigue concentrada en las secuelas de fenómenos naturales, en la pandemia y en la guerra, pero el plan para incrementar y proteger la producción agrícola, base de productos básicos en los mercados, todavía se halla en veremos, en promesas con las cuales no se beneficia a los compradores sin dañar a los vendedores y muchos menos al inicio de la cadena, productores en manos de intermediarios no pocas veces confabulados con funcionarios.
Aunque es escasa la credibilidad en el manejo de los recursos, el Gobierno espera ayuda de países e instituciones cooperantes que, sin duda, lo hacen con generosidad, pero es necesaria una fiscalización directa para que lo donado o los préstamos lleguen a quienes están destinados, en este caso al sector agrícola productor de granos básicos y otros alimentos para disminuir y si es posible, aunque por ahora lo dudamos, eliminar la inseguridad alimentaria con políticas en el trinomio: producción, precios de alimentos, seguridad alimentaria.
