En el norte cierran la frontera a la migración de menores; aumentan las deportaciones; se movilizan delegaciones y comisiones para conocer, la ya muy sabida situación de miles de niños en albergues o centros militares, al más alto nivel, con asistencia de presidentes, llega el problema que no ha nacido estas últimas semanas por generación espontánea, sino que tiene historia no contada y consentida.
Aunque las voces y los sentimientos de la mayoría se han pronunciado por la reunificación familiar, las acciones comienzan a multiplicarse en la dirección contraria, mantener la separación e incrementar los obstáculos, sinónimo de riesgo y muerte, para supuestamente desalentar allí, en la Unión Americana, y en los países centroamericanos los desplazamientos colectivos hacia el “sueño”, insomnio, norteamericano.
La mirada hacia el futuro y la elaboración de programas de asistencia y promoción en los países, origen de migrantes, es un paso en la línea correcta, pues ni mares, ni muros, ni despliegue masivo de equipo tecnológico detienen la desesperación o la ilusión de los desesperados o ilusionados que dejan tierra y familia.
Para sentar bases firmes y asegurar el futuro de las jóvenes generaciones, cuya existencia no esté prendida al norte, es necesario identificar responsables y deducir responsabilidades del pasado en el que se ha ido generando el problema por la desidia, la corrupción y la violación de los deberes de los funcionarios en todos los niveles, pues las prioridades, claramente establecidas en la Carta Magna, quedan condicionadas a intereses políticos sectarios y a sueños mesiánicos personales que arrastran al abismo.
Los organismos responsables de la niñez y la familia actúan, en todas las administraciones, como oficina de empleo para activistas, parientes o amigos. Para la atención y protección de quienes justifican la vigencia de la ley quedan “migajas”.
Violencia y desempleo; seguridad y salario, el binomio más próximo para dar una explicación, nunca justificar, el desplazamiento diario de miles de hondureños en busca de oportunidades o intentando desesperadamente salvar sus vidas, amenazadas en la aldea, el pueblo o la colonia donde se criaron o viven.
Fallaron los gobernantes en elaborar y ejecutar las políticas de Estado en beneficio del pueblo hondureño. Erraron también quienes siguen confiando en su poder como bastión inexpugnable ante la pobreza y la necesidad de los pueblos. Si los recursos empleados en la represión de los migrantes se destinasen a la creación de empleo, al mejoramiento en la educación, a la prevalencia de la justicia, a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de convivencia otra sería la realidad de nuestro país. Y ¿los responsables? No han “nacido”.
