Si hasta parece un sueño, una ilusión que, supuestamente, se introduzca una ley en el Congreso Nacional para controlar el gasto corriente, y para mayor sorpresa y admiración que sea el Fondo Monetario Internacional el que presione para que las finanzas públicas tengan un mejor destino que las abultadas planillas oficiales o los gastos de representación, viáticos y otros aspectos incluidos en los presupuestos de las secretarías, instituciones u organismos del Estado.
El instrumento legal introducido en la Cámara desde el año pasado para el que pide su aprobación el FMI es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que recae sobre una justa recolección de los recursos y también en el uso racional y eficaz de los mismos.
Lo primero ha ido mejorando, aunque abundan las quejas particularmente con las acciones contundentes de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y con el anteproyecto del nuevo Código Tributario.
El objetivo, en el campo tributario y en el uso de los recursos provenientes de los impuestos, es la sostenibilidad fiscal, lo cual, en palabras más llanas, es disponer de cuentas sanas de manera que no aumenten las deudas que consumen buena parte del monto presupuestario anual, con lo que hay que recurrir a créditos o a la cooperación internacional para respaldar las partidas del presupuesto.
Este es el cuento de nunca acabar, y la muestra más reciente, sin remontarnos a la última mitad del siglo pasado, son los tres últimos lustros, durante los cuales los compromisos financieros internacionales, así como la deuda interna, superan con creces aquella que fue condonada y cuyo destino era combatir la pobreza, no incrementar la burocracia y con ella el gasto corriente.
Y aquí viene la pregunta: ¿cómo lograrán meter en cintura al Ejecutivo o al Legislativo para cumplir las metas cuantitativas que dice tener la ley? Del otro lado de la moneda ya se sabe: al defraudador o evasor fiscal le puede caer o, mejor, le debe caer la ley; pero al que gasta el dinero de todos y rebasa lo aprobado, ¿qué le pasará? Si la experiencia muestra que un movimiento en las partidas presupuestarias o un incremento en el presupuesto, en nombre de una emergencia o a petición del funcionario correligionario, es suficiente para que el límite cuantitativo se mueva como la cota de El Merendón.
La DEI habrá de multiplicar aquellos carteles en los que se lee “Yo infrinjo la ley” para que lo sigan exhibiendo los defraudadores y se les fije también a los funcionarios “gastones”, pues ambos deben cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal. Seguro que las calles y oficinas públicas semejarían los días de carnaval.
