El total control que el mandatario salvadoreño Nayib Bukele ejerce sobre los poderes Legislativo y Judicial de su país le ha facilitado la reforma constitucional que lo habilita para continuar en el poder indefinidamente, lo que ha merecido repudio y condena por parte de organismos locales e internacionales ante esta maniobra que viola un principio básico del sistema democrático: la alternabilidad en el poder.
La organización no gubernamental de su país, Cristosal, recientemente clausurada por disposición oficial, que la ha obligado a salir de El Salvador, condenó como “tiro de gracia...sin contrapesos, el régimen se otorga a si mismo el poder de perpetuidad”.
Por su parte, Washington Office on Latin America y la División de las Américas de Human Rights Watch, igualmente, han repudiado tal iniciativa, recordando que resulta en una copia al carbón de lo ya ocurrido en Venezuela y Nicaragua.
“Aquí es donde años de manipulación constitucional gradual conducen: al desmantelamiento de la democracia”. “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”.
Será esta la tercera reelección de Bukele, tras la primera en 2019 y la segunda en 2024, con una trayectoria de creciente concentración de poder y autoritarismo: reemplazo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, supresión de los controles y equilibrios propios de una democracia.
Adicionalmente, violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y enviadas a prisión indefinidamente; corrupción e impunidad es ascenso, pese a que durante la primera campaña electoral había prometido combatirlas, continuando el saqueo de fondos públicos de los gobiernos anteriores por los partidos Arena y FMLN, debidamente documentada por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), poniendo fin a las investigaciones pertinentes del gobierno, en tanto figuras opositoras al régimen acusadas y arrestadas por cargos similares; nepotismo; represión a las personas y organizaciones críticas del régimen, especialmente a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, verificados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las y los hondureños pongamos las barbas en remojo, ya que cada vez son más visibles tendencias y estrategias similares a las ocurridas en el hermano país centroamericano; el precedente de una reelección presidencial violatoria de artículos pétreos de nuestra Carta Magna ya ocurrió el 2017 y puede volver a repetirse.
