Reviste carácter prioritario que la próxima legislatura inicie una serie de cambios en la vigente legislación electoral, con el propósito de evitar de nueva cuenta la serie de denuncias, reclamos y cuestionamientos en torno a los resultados, tanto de las recientemente concluidas elecciones como de anteriores, con ello fortaleciendo el frágil sistema democrático, actualmente sometido a una ofensiva global que busca desacreditarlo y reemplazarlo por formas autocráticas de gobernanza alrededor de un caudillo a la vez destructor y redentor.
Se requiere recuperar la confianza ciudadana y su convicción de que el sistema democrático, aun con sus falencias, es la mejor alternativa política hasta ahora elaborada por los teóricos del Derecho y la Ciencia Política y puesta en práctica por los partidos que han accedido al poder.
Nuestros distintos organismos electorales deben ser despolitizados, con total autonomía, integrados por compatriotas independientes, cuya lealtad radica en el cumplimiento estricto de la normativa electoral y no en las órdenes emanadas de políticos. Su capacitación en la compleja mecánica inherente a los tres niveles electorales debe ser integral, con la debida anticipación, a efecto de estar preparados para cualesquiera eventualidades que surjan en el curso del proceso.
Ya no más activistas partidarios en la integración del Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral y demás dependencias. Deben ser reemplazados(as) por personal absolutamente neutral, despojado de sectarismo político, exento de compromisos, favores y lealtades partidarias. La gran mayoría de la ciudadanía, independientemente de su filiación partidaria, apoya tales reformas.
Ello no puede ser ignorado por las y los parlamentarios.
La segunda vuelta, cuando ninguno de los candidatos(as) alcanza el 50 % del total de votos emitidos, y la ciudadanización de las mesas, juntas receptoras de votos, juntas especiales de verificación y recuento, deben estar incluidas en la agenda del próximo Congreso Nacional.
Se requiere de suficiente capacidad de concertación entre las diferentes bancadas para que sean aprobadas, en primera instancia, por dos terceras partes de las y los legisladores, es decir, 86 del pleno.
Las irregularidades detectadas en este más reciente torneo cívico se iniciaron con las elecciones primarias, incluidos los injustificados retardos en la entrega del material requerido para iniciarlo.
El desempeño del CNE y de las Fuerzas Armadas debe ser revisado y replanteado para que las debilidades y dolencias exhibidas en el proceso electoral del 30 de noviembre pasado no se vuelvan a repetir.
