Al contrato celebrado de forma directa entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la compañía Brassavola, de capital guatemalteco, para la generación de 240 megawatts, firmado el 29 de enero de 2024, utilizando para ello gas natural licuado, para lo cual ya se está instalando una planta abastecedora en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés, a construirse un muelle flotante en la bahía, en el sector Campo Rojo, sin haber previamente sometido tal decreto a consideración y aprobación por el Congreso Nacional, requisito obligatorio debido a que se otorga en arrendamiento por un plazo de 30 años, con posibilidad de ampliarlo por 10 adicionales.
El artículo 205 constitucional, numeral 19, consigna entre las atribuciones del Legislativo “aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno de la república”.
Desde sus orígenes, tal contrato de arrendamiento posee vicios de nulidad: el mismo debió haberse suscrito mediante licitación pública, vía Ley de Contratación del Estado. Debe agregarse a las múltiples irregularidades en la negociación entre el ente estatal y la referida empresa la inserción en el contrato de una adenda del 22 de agosto pasado, el objetivo 2.1, que compromete a la ENP a una concesión, no a un arrendamiento, de 78,500 metros cuadrados de terrenos en los predios de la Portuaria, en donde se construirá infraestructura a precios demasiado bajos, pero facultando a Brassavola para subarrendarlo a mayores precios que el recibido por la ENP, un dólar por metro cuadrado.
No se cuenta con la requerida licencia ambiental, algo que preocupa de sobremanera a los pobladores de los cinco barrios aledaños en Puerto Cortés, para lo cual externaron sus criterios en el cabildo abierto realizado el pasado 7 del corriente. También los vecinos de Villanueva, en donde se ubica la planta generadora, comparten tales legítimas inquietudes, a lo que se suma el hecho de que, diariamente, deberán circular al menos 47 camiones trasladando el gas desde Puerto Cortés a Villanueva, con riesgos de retrasos, accidentes y daños a la infraestructura vial a lo largo del trayecto, de 80 kilómetros de recorrido, lo que implica un alto riesgo latente a diario. Por si todo esto fuera poco se carece del indispensable estudio de factibilidad, ni permiso de construcción, lo que agrega incertidumbre y valederas dudas al respecto. La opacidad es otro elemento inherente en esta negociación, ventajosa para el consorcio pero desfavorable para el interés nacional tal como ha sido diseñada.
