El Estatus de Protección Temporal, tal como lo indica su nombre, no es permanente y tampoco indefinido, es transitorio, con principio y fin. Fue en 1990 cuando el Congreso de los Estados Unidos lo aprobó para beneficiar a personas viviendo en naciones afectadas por guerras civiles o desastres naturales.
Para Honduras, fue a partir de 1998 cuando el devastador huracán Mitch impactó con severidad el territorio nacional que entró en vigencia. El reciente fallo de la Corte Suprema en respaldo a la política migratoria del presidente Trump, afectando no solo a miles de personas de nacionalidad siria y haitiana, también, por extensión, a alrededor de un millón de hombres y mujeres de otras nacionalidades, de los que unos 55,000 son hondureños, que han logrado no solo salir adelante económicamente, sino también formar familias y enviar ayudas monetarias a sus parientes, cantidades que contribuyen significativamente a la captación de divisas, consumo y, en menor grado, inversión.
Uno de los tantos argumentos esgrimidos por quienes se oponen a la presencia de migrantes en territorio estadounidense sostienen que constituyen una carga onerosa tanto para el Gobierno federal como para las autoridades estatales y locales.La organización bipartidista FWD.us ha concluido, tras previas investigaciones, que tepesianos contribuyen anualmente con unos $29 billones a la economía estadounidense, pagando anualmente $7.8 billones por concepto de impuestos. Prestan sus servicios en salud, agricultura, construcción tanto en ciudades como áreas rurales.
Ahora están expuestos a ser deportados en cualquier momento, lo que impedirá que puedan vender sus haberes y planificar su retorno a la patria de manera gradual no abrupta. Nuestro embajador ante el Gobierno y pueblo estadounidense, el diplomático de carrera Roberto Flores Bermúdez, gestiona que les sea otorgado una extensión antes de ser eventualmente deportados.Sea como fuere, Honduras debe estar preparada para acogerlos en su seno con ayudas concretas, no politizadas, que les permita una transición gradual, armoniosa y plena. Tanto el sector público como el privado deben aunar esfuerzos y recursos para tal propósito de carácter humanitario y patriótico simultáneamente.
Un clima altamente incierto presente con las redadas de las autoridades migratorias se ha intensificado a partir de la sentencia del máximo ente del Poder Judicial, de mayoría republicana y que generalmente respalda las iniciativas y políticas emanadas del Poder Ejecutivo, neutralizando a instancias inferiores cuando estas emiten fallos contrarios.
Ha llegado entonces el momento del reintegro al hogar común, el cual abandonaron obligados por circunstancias y coyunturas no propicias para el desarrollo humano sostenible. Factores tales como la falta de oportunidades laborales y la violencia contribuyeron a marcharse hacia Norteamérica, que inicialmente les dio la bienvenida y ahora los conmina a marcharse, indicándoles que ya no son bienvenidos y que los sentimientos solidarios han sido descartados y quedado atrás. Tal es la realidad del hoy y así debe ser entendida.
