Cuando suceden las cosas y no se sabe o no se quiere conocer a los autores hay un dicho clásico que viene como anillo al dedo en el caso del Registro Nacional de las Personas, investigado por LA PRENSA: “Entre todos la mataron y ella sola se murió”, y es que las responsabilidades en la era tecnológica desaparecen como el humo, pero con especialistas, expertos hackers, se pueden seguir las huellas y la ruta hasta hallar el lugar, la hora y la identificación del autor o autores de los hechos.
En la época del predominio del papel bastaba dejar los expedientes adulterados, con raspaduras, borrones páginas rotas o arrancadas en el suelo, y la lluvia que providencialmente se introducía en la oficina, se coludía para hacer desaparecer el trabajo de la “mano peluda”. Con la tecnología, herramienta que facilita la labor, borra las fronteras y elimina las distancias, la corrupción se cuela por cualquier agujero que son muchos, en las oficinas públicas.
Desde el lugar, con indicios de haber extendido fraudulentamente documentos de identificación niegan los hechos, señalando que fue en la capital donde se utilizó una contraseña personal de otro en el juego habitual de “yo no, tú sí”. Veremos si la intervención de las autoridades con el aseguramiento del banco de datos recrea desde el primer paso la historia de la documentación para individuos recomprobados como no originarios ni naturalizados en nuestro país.
Habrá que tirar de la punta del hilo para devanar la madeja, de manera que se conozca el procedimiento para prevenir próximas jugarretas, pero sobre todo, para deducir responsabilidades puesto que el sistema y el programa instalado en él no autoactúan, sino que se necesita el cerebro del corrupto para la trama y los dedos que mueven las teclas para ordenar al sistema que, “muy obediente”, realiza lo mandado.
¿Se llegará a ello? ¿Conoceremos con pelos y señales cómo, dónde, por qué y quién o quiénes son los progenitores de este nuevo caso de corrupción, del delito que evidencia la infinita debilidad en la seguridad de los datos personales de cada uno de los hondureños? ¿Habrá justicia rápida para más de los ocho millones de hondureños, cuya individualidad contenida en nombre y apellido, fecha y estado civil muestran total precariedad en su seguridad? Pocas líneas de investigación, inmediata judicialización y sentencia ejemplar.
De que los hay, los hay, es innegable; y contra ellos hay que dirigir iniciativas, recursos y organismos para adecentar la sociedad que exige y necesita a “grandes males, grandes remedios”.
