Tales son las dos alternativas a ser debatidas, aprobadas o rechazadas en el seno del Congreso Nacional. La moción presentada por la parlamentaria Lissi Matute Cano, referida a la derogación de diversos artículos del decreto 04-2022, publicado en La Gaceta del 2 de febrero de ese año, que otorgó cartas de libertad a prominentes integrantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), acusados por delitos de corrupción, dejando sin valor ni efecto las cartas de libertad otorgadas a políticos acusados ante los tribunales, unos con sentencias firmes, otros con procesos en curso.
Distintas organizaciones de la sociedad civil respaldan tal iniciativa argumentando que de no aprobarse se consolidará la impunidad, firmemente enraizada en nuestra sociedad, por lo que de no sentar un precedente se otorga cheque en blanco a delincuentes de todo tipo, incluyendo a los de cuello blanco.
Otras voces claman por la necesidad de alcanzar la reconciliación nacional en nuestro país, crecientemente polarizado a partir del golpe de Estado de 2009. Argumentan que, de aprobarse tal iniciativa, se estará profundizando el actual divisionismo prevaleciente que ubica a nuestros compatriotas en polos opuestos, irreconciliables, algo ya advertido por la Comisión de la Verdad en su informe final.
Así, las dos alternativas son por un lado la defensa del principio jurídico de que nadie está por encima de la ley, independientemente de su rango social, posición económica, filiación política e ideológica y, por otra, el perdón y olvido, borrón y cuenta nueva, a efecto de no profundizar el divisionismo actual que pone en peligro la gobernabilidad, indispensable para la reactivación integral de la nación.
Lo cierto y valedero, lo justo y ético, es que si se atiende el reclamo urgente, -por demás valedero-, de la gran mayoría de compatriotas, incluyendo a quienes residen en el exterior, que Honduras requiere de cambios cualitativos, significativos, duraderos que pongan fin, de una vez y para siempre, al crimen sin castigo, al saqueo sistemático de fondos públicos, al abuso de poder, a la ausencia en el rendimiento de cuentas.
De otra manera, si prevalece la inacción, indiferencia, pasividad rayana en complicidad, se está dando luz verde al secuestro del Estado por parte del crimen organizado y a sus aliados insertos en la administración pública.
Los dramáticos niveles de pobreza e indigencia seguirán profundizándose aún más, lo que resulta en caldo de cultivo para que demagogos oportunistas manipulen a las masas desheredadas, marginadas y excluidas, a la lucha de clases, a la guerra fratricida, causantes de sangre, dolor y lágrimas para miles de familias a lo largo de nuestra trayectoria republicana.
Ha llegado la hora decisiva: o más de lo mismo o el despertar de una nueva patria limpia de lacras acumuladas a lo largo del tiempo. Tal es la alternativa que deben resolver los representantes del pueblo en el Poder Legislativo.
