08/02/2025
02:15 PM

Incapacidad manifiesta

    El actual Gobierno, desde la toma de posesión, nombró funcionarios a cargo de ministerios y direcciones tomando en cuenta para su selección criterios estrictamente partidarios, relegando a un segundo plano su idoneidad y competencia para asumir responsabilidades, poseedores de capacidad ejecutiva para planificar y poner en práctica lo deseado por la titular del Ejecutivo con eficiencia, prontitud y habilidad de resolver conflictos antes de que se desencadenen y se agraven. Al no contar los seleccionados con los perfiles idóneos se improvisa, se vegeta en el cargo, se margina y/o destituye al personal que le recuerda sus atribuciones y funciones.

    Como resultado de estas evidentes limitaciones, las crisis no solo se van acumulando, se agravan con efectos multiplicadores o, bien, se nombran juntas interventoras en entes centralizados y descentralizados, siendo el ejemplo más reciente el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), lo que evidencia la debilidad institucional.

    En la Secretaría de Salud, los reclamos salariales de médicos y profesionales de la enfermería por atrasos en hacerlos efectivos y por el pago por concepto de zonificación son cíclicos y reiterativos. Transcurren meses sin recibir sus sueldos, magros si se toman en cuenta los riesgos laborales inherentes a su profesión. En el Ministerio de Educación sucede algo similar, al punto que las dirigencias magisteriales anuncian paros a nivel nacional. Los maestros jubilados han tenido que ejercer acciones de presión, incluyendo el cierre del Inprema, para que los ajustes reclamados se concreten.

    En la Enee, el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas no logra su cometido, pese a contar con más de 1,800 empleados. El severo déficit millonario crece a diario, y los proveedores de energías alternas no reciben a tiempo la cancelación de los pagos establecidos en los respectivos contratos. Y los cobros desproporcionados a los usuarios están a la orden del día. Hondutel es otro ejemplo de inoperancia y pérdidas crecientes, mientras crece el número de personas que descartan el servicio de telefonía fija para optar por la móvil. Desde su creación, la existencia de personal supernumerario ha sido la norma, tanto bajo gerencias militares como civiles.

    También los propietarios de unidades que prestan el servicio de transporte público advierten que ordenarán el paro en cuatro ciudades del país, ante el atraso en la cancelación de los subsidios otorgados por el Estado. Y las promesas de mejora que beneficien al usuario son eso, meras promesas incumplidas. Este cúmulo de incompetencias incide directamente en la credibilidad del presente régimen electo en 2021 al quedar nítidamente evidenciada su improvisación, incapacidad, negligencia. El electorado no lo olvida y pasará factura al elegirse el año próximo el relevo de autoridades de elección popular. El desencanto y frustración colectiva producirá respuestas en el corto plazo.