Con lujo de sadismo, otros dos compatriotas defensores del bosque y la fauna, han sucumbido víctimas de los depredadores de tales recursos naturales. Se trata de padre e hijo, Juan y Juan Antonio Silva, hecho ocurrido en la aldea Las Botijas, Villa de San Antonio, Comayagua, cuando tomaban fotos, como evidencia material, a los delincuentes.
El martirologio de ambientalistas se inicia con Jeannette
Kawas Fernández, cuya vida fue segada (1995) en Tela contratados por autores intelectuales usurpadores de tierras ubicadas en Punta Sal, declarado Parque Nacional en 1994.
Un año después el gobierno lo rebautizó con su nombre, en reconocimiento a su defensa y protección inclaudicable.
Carlos Escaleras Mejía, ejecutado en Tocoa (1997); defensor del río Guapinol, que sería contaminado con desechos tóxicos al instalarse planta extractora de aceite de palma.
Carlos Antonio Luna fue el tercer ambientalista masacrado (1998), en Catacamas, por denunciar a madereros que no cumplían con los planes de manejo a que estaban obligados de acuerdo a la legislación pertinente, talando bosques ejidales. Igualmente denunció al alcalde de dicha ciudad por proteger a los saqueadores.
Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, opositora del proyecto hidroeléctrico privado, galardonada internacionalmente por la protección de las fuentes hídricas comunitarias, ejecutada el 2016, en La Esperanza, Intibucá.
Juan López, defensor de los ríos del Aguán en que se arrojan desechos tóxicos de la extracción minera, asesinado el 2024.
Adicionalmente, otros casos que no han trascendido lo constituyen ambientalistas Yoro, Olancho, Montaña de La Flor, ordenada sus muertes por ganaderos y madereros.
Entre el 2022 al presente, más de 30 defensores y defensoras del entorno ecológico ambiental han sido asesinados, crímenes que permanecen en la impunidad.
Honduras, junto con Colombia y Brasil constituyen los tres países latinoamericanos con mayor incidencia de muertes violentas de ambientalistas.
La ausencia de la debida protección oficial que proteja sus vidas asegura que nuevas victimas se incorporaran a este saldo de terror e intimidación, violatorio de los derechos humanos básicos.
El crimen de Juan y Juan Antonio Silva debe ser debidamente investigado para identificar y castigar a los responsables, quienes deben ser castigados.
La impunidad nunca debe ser la bandera que cobije este tipo de hechos.
