El intenso debate centrado en las múltiples irregularidades ocurridas en el curso de los comicios del domingo 9 del corriente ha hecho que pase a un segundo plano el costo cada vez más elevado de los mismos, cuyo financiamiento procede del pago de nuestros impuestos, cuando debería ser asumido por los partidos políticos en contienda.
Durante las elecciones de 2021 se presupuestaron para el Consejo Nacional Electoral L1,504.45 millones, superior en 255 millones a las de 2017. Las de este 2025 ascienden a L2,053 millones, la mayor cantidad destinada hasta ahora. Tal como lo indica el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh): “Es inaceptable que mientras sectores en situación de vulnerabilidad carecen de servicios básicos, los recursos destinados a las elecciones no cumplen su propósito”.
Este centro investigativo independiente, en un comunicado emitido el 11 del corriente, nuevamente detectó “falta de previsión y gestión eficiente de los recursos”, y una “baja capacidad técnica y operativa”, por lo que propone tanto la realización de auditorías respecto al manejo de los fondos asignados, la presentación de un Plan de Acción Correctivo para las elecciones generales y la imposición de sanciones a las personas responsables de las diversas irregularidades.
La improvisación, la ausencia de planificación presupuestaria, la insuficiente comunicación expedita y eficaz respecto a cada etapa del proceso electoral y sus actividades, constantes ya presentes en torneos previos, deben quedar eliminados a partir de ahora, lo que implica un autoanálisis profundo, objetivo, capaz de eliminar yerros crónicos para evitar su futura repetición, con planes estratégicos y operativos, oportuna rendición de cuentas, transparencia en la ejecución presupuestaria, todo en pro del fortalecimiento institucional y la profundización de la mecánica electoral, elemento esencial en todo proceso verdaderamente democrático.
De allí que la financiación de las elecciones internas y primarias de los partidos políticos debería ser un tema de análisis en el futuro cercano.
No se trata de descalificar a los entes electorales, sí de mejorarlos y eficientarlos cada vez más.
Tal y como lo han planteado organismos nacionales e internacionales el llamado hoy en día es a actuar con responsabilidad, respetar la institucionalidad electoral y prepararse para unas elecciones libres y justas en noviembre próximo, en las que el pueblo pueda ir a las urnas a elegir a sus nuevas autoridades libremente y con la seguridad de que su voto será respetado.
