San Pedro Sula, Honduras
Una de las decisiones por consenso del diálogo nacional que se ha llevado a cabo a través de las mesas de reforma electoral ha sido la despolitización del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Que también es una recomendación del Grupo de Expertos Electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) contratado para dicho efecto por el Congreso de la República que ha anunciado iniciar en la segunda quincena de enero del corriente año, las discusiones y eventuales reformas sugeridas para transformar, y consecuentemente modernizar nuestro sistema político electoral armonizándolo con las nuevas doctrinas y orientaciones que animan el sufragio universal.
Los cuestionamientos al actual sistema electoral se han basado fundamentalmente en la falta de independencia y autonomía del TSE en la toma de sus autos o resoluciones en la administración de los procesos electorales, su organización, seguridad y la transmisión de los resultados electorales, así como en la forma en que se integra dicho tribunal, sin la debida participación de todas las fuerzas políticas.
La Unión Europea, con ocasión de las pasadas elecciones generales en las que participó como miembro de la Misión de Observación Electoral, recomendó la despolitización de los organismos electorales y la modernización del sistema en el uso de las tarjetas de identidad, como igualmente lo hizo la OEA, quienes estuvieron de acuerdo en la adopción de una legislación electoral especial que haya de superar las falencias aludidas en el actual sistema electoral, con reglas claras y precisas que garanticen la participación universal de los hondureños en el proceso democrático para acceder al poder público mediante un sistema electoral fiable, puro, libre, imparcial y trasparente para la consolidación de nuestra democracia.
Como ha sido el pronunciamiento consensuado de las mesas de reforma electoral, el nombramiento de los magistrados del máximo organismo electoral del país debe realizarse a través de una junta de nominación cuyos miembros titulares deberán ser seleccionados entre varias organizaciones de la sociedad civil, tal como se estila actualmente en el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Todo con el ánimo de dar transparencia y credibilidad a los procesos electorales, y a la forma de otorgar financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos de elección popular, para que se aleje toda sospecha y no se produzcan las tensiones políticas del pasado.
También debe ser objeto de discusión el tema de la segunda vuelta, la conformación de las mesas receptoras, la depuración del censo electoral y lo relacionado con el Registro Nacional de las Personas (RNP), teniendo como propósito inmediato las elecciones generales del año 2021, que deberán realizarse sin las confrontaciones ni las hostilidades del pasado reciente originadas por un inadecuado marco legal electoral.
