Se ha hecho costumbre que quienes ostentan la titularidad de los poderes del Estado, lejos de administrar de forma racional y prudente los respectivos presupuestos asignados, como debiera corresponder, particularmente, cuando viven en un país muy pobre y altamente endeudado en el que dos terceras partes de la población subsisten en condiciones de pobreza o por debajo de esa línea, derrochan nuestros impuestos recaudados a su arbitrio personal.
Así, se invita con gastos de transporte y estadía pagados por el actual régimen a figuras solidarias con la línea ideológica gubernamental, cuya presencia en Honduras no beneficia en modo alguno a la nación. Vienen y se van sin dejar ningún aporte para nuestra patria. Son turistas de primera clase.
El titular del Poder Legislativo, según investigaciones de organizaciones de sociedad civil, además de viajero trotamundos, abandona el cargo y las responsabilidades inherentes a su cargo, erogando millones de lempiras en subvenciones, desconociéndose cuánto recibe cada legislador, más millones adicionales en protocolo, reviviendo el irregular proceder de su antecesor en el Congreso Nacional, que en su momento fue justificadamente cuestionado por favorecer a correligionarios y parlamentarios de otros partidos con el llamado Fondo Departamental, hoy revivido con otro nombre.
En lo que va de transcurrido del presente Gobierno, el titular del Legislativo ha otorgado L694 millones sin saberse cómo y en qué se han liquidado, revelan las investigaciones citadas.
Entretanto, los hospitales están desabastecidos de medicamentos básicos, los profesionales de la enfermería sin recibir sus salarios, los productos de la canasta básica en creciente alza, el lempira más devaluado respecto al dólar, continúan las deportaciones de compatriotas, ignorándose si los hasta ahora beneficiados por el TPS recibirán otra prórroga por parte del presidente Trump, la inversión nacional y extranjera se ha contraído, varias empresas han cerrado operaciones, agravando el desempleo, y la violencia es una realidad cotidiana en los centros urbanos y áreas rurales.
Escenario por demás dramático, violatorio de los derechos humanos fundamentales.
El gasto público debería estar racionalizado, invirtiéndolo en esencialidades y proyectos prioritarios de desarrollo humano y económico. La realidad es totalmente opuesta a lo deseado y anhelado por todos.
