La combinación de sequías extremas y lluvias intensas que afectan a nuestro país, en el corredor seco de la región central y en Gracias a Dios y Olancho, respectivamente, pone en evidencia la creciente degradación de los recursos naturales: suelos, bosques, aguas, resultado tanto del cambio climático y el calentamiento global como de la acción depredadora humana.
Como consecuencia, tenemos dramática inseguridad alimentaria para millones de compatriotas: hambrunas colectivas, migraciones del campo a la ciudad, pérdidas de cosechas, ganados, incidiendo directamente en la salud física y mental de las y los afectados.
El Estado carece de una política ambiental nacional pese a disponer de la Ley General del Ambiente y legislación complementaria. Los esfuerzos por llevar socorros y alivios son de carácter coyuntural, enfocados en casos específicos inmediatos, de extrema urgencia y gravedad.
No solo los gobiernos -central y municipales- deben proteger el entorno ambiental y la protección y manejo sostenible de los recursos naturales. Paralela y simultáneamente, los distintos sectores poblacionales: empresa privada, organizaciones campesinas, obreras, ambientalistas, grupos étnicos organizados, sistema educativo, medios de comunicación.
El otorgamiento de licencias ambientales -desde la presentación de solicitud hasta su emisión- está contaminado por acciones corruptas, ausencia de registros sistematizados, sin el debido monitoreo del cumplimiento de las medidas de mitigación contempladas en los respectivos contratos que preceden a su entrega al solicitante.
Un ejemplo cercano a nuestro entorno es el de la montaña de El Merendón y los acuíferos que abastecen el 65% del suministro de agua a San Pedro Sula, a más de un millón de habitantes. En tanto el consumo del vital líquido aumenta, los ríos Bermejo, Piedras, Santa Ana y otras fuentes que se originan en el pulmón vegetal de El Merendón reducen su caudal progresivamente debido a las insuficientes lluvias, la tala de bosques para construir residencias y edificios más allá de la cota permitida legalmente.
La degradación ambiental provocada por la acción del hombre atenta contra los derechos humanos y la vida de las personas, siendo las más afectadas las que subsisten en condición de extrema pobreza. Y las y los ambientalistas que denuncian tales violaciones son arrestados, judicializados e incluso asesinados.
Los costos sociales, ecológicos y económicos crecen aceleradamente en tanto los recursos naturales disminuyen, tal es el caso de los recursos hídricos, al punto que se pronostican conflictos bélicos entre países en el futuro cercano.
El manejo sostenible, al igual que el acceso equitativo a los recursos naturales, contribuye positivamente a la estabilidad y paz social, al igual que al alivio de la pobreza.
El nexo existente entre emisiones de gases de efecto invernadero, incremento de las temperaturas, elevación de los niveles del mar -erosionando las costas-, creciente frecuencia e intensidad de cambios climáticos extremos, constituye un peligro inminente para la humanidad.
